CC dejó de justificar 2 millones en 2007

El Tribunal de Cuentas ha certificado que durante el año 2007 Coalición Canaria (CC) recibió casi un millón de euros en subvenciones para el funcionamiento del grupo parlamentario en la Cámara autonómica y otro más para los municipales cuyo destino sin embargo no figura registrado en los documentos presentados ante el Tribunal.

“No se han incluido los estados financieros de las Cortes Generales y en el Parlamento de Canarias pese a su relevancia, ni la actividad económica-financiera de los grupos políticos en los ayuntamientos ni cabildos por lo que no pudieron ser analizadas” se indica en la auditoría publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Según este informe la práctica totalidad de los ingresos registrados durante el año 2007 por CC llegaron de subvenciones públicas, con un saldo total de 1.859.271,26 euros, frente al resto de los ingresos procedentes de la financiación privada, que suman 206.584,24. De esta cantidad 26.384 euros procedieron de las cuotas de afiliados casi todos de Gran Canaria y 180.000 de donativos de tres personas jurídicas “debidamente identificadas” y apenas 200 de otros ingresos financieros.

El resto de las cuotas son gestionadas de forma descentralizada por el partido político integrante de la federación en cada ámbito territorial cuya contabilidad no está consolidada. El saldo de las subvenciones públicas está formado por 601.306,47 euros que vinieron del Estado y otros 31.000 del Gobierno central para sufragar gastos de seguridad. En este capítulo se acumuló una deuda de 80.300 euros que se quedó sin justificar, “y que será objeto de verificación en futuras actuaciones de fiscalización”, advierte el Tribunal.

Coalición Canaria también recibió una subvención para concurrir a las elecciones del Parlamento autónomo de cerca de 760.00 euros y de 467.000 por participar en las locales. El Tribunal indica que aunque CC presentó en tiempo y forma los estados financieros de la cuenta de pérdidas y ganancias, sin embargo no hizo lo mismo con cada una de las formaciones políticas que la integran como son la Agrupación Herreña Independiente (AHÍ), las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC), Iniciativa Canaria (ICAN) y Asamblea Majorera (AM), lo que según el Tribunal contradice lo establecido en los reglamentos. El argumento de los nacionalistas es que a raíz de su constitución como partido político en 2008 se ha articulado un control interno que prevé la emisión anual de un informe. Un extremo sobre el que el Tribunal advierte que estará pendiente de verificar en las próximas fiscalizaciones.

CC concurrió el 27 de mayo de aquel ejercicio a las elecciones locales y al Parlamento de Canarias en coalición con el Partido Nacionalista Canario (PNC) y presentó una contabilidad única. Durante ese año CC contaba con un saldo de casi 358.000 euros, unas deudas con entidades de crédito de 755.000 euros y 595.000 pendientes de recibir en concepto de subvenciones por la participación en las elecciones. La mayor parte de las deudas se atribuye a gastos electorales cubiertos a raíz de la petición de créditos.

El Tribunal lamenta que la memoria presentada por la formación política contenga información genérica sobre las partidas del balance y la cuenta de resultados por lo que se consideran insuficientes los datos aportados. Por otro lado, ésta no incluye la información específica que se contempla en la legislación sobre las subvenciones públicas, donaciones privadas y endeudamiento con entidades de crédito.

PIL

El Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), es el segundo de Canarias que ha sido objeto de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. La formación política presentó la contabilidad correspondiente a la sede central y no la de las locales pese a que el Tribunal considera que también deberían haber sido puestas en su conocimiento. Los estados financieros incluyeron las cifras de los grupos políticos en el Ayuntamiento de Arrecife y en el Cabildo pero no en el Parlamento canario. En ese año el partido conejero estaba a la espera de recibir 22.000 euros por las subvenciones pendientes de cobro de los que 18.000 corresponden a otras administraciones y 3.000 a los ayuntamientos de Tías y San Bartolomé.

El saldo ascendía a 4.300 euros y en este caso la mayor parte de los ingresos se corresponden a fondos públicos hasta sumar 107.000 euros que llegaron del Cabildo y Ayuntamiento de Arrecife. El resto sumaban 44.000 euros de los que 42.000 vinieron a través de donativos anónimos que no fueron ingresados en la cuenta específica de esta formación política por lo que se incumple con la legislación.

En general el Tribunal considera que la información aportada por el PIL es “insuficiente” para explicar las partidas del balance y la cuenta de resultado. Tampoco se recogen datos sobre las subvenciones públicas ni las donaciones. Este partido recibió del Parlamento canario 55.000 euros para el funcionamiento del grupo mixto que no se han incluido en la contabilidad. Con respecto a los grupos municipales se percibieron del Cabildo 31.000 euros y de Arrecife casi 11.000.

El Tribunal también tomó en cuenta la Fundación Canarias 7 Islas creada por Coalición Canaria en 2002 pero que en aquel momento se encontraba sin desarrollar ningún tipo de actividad. Durante 2007 el Parlamento canario otorgó 1,3 millones de euros a los grupos que la integraban. En cuanto a ayuntamientos el que destinó más fondos a las agrupaciones políticas fue el de Las Palmas de Gran Canaria con un total de 106.000 euros seguido de Puerto del Rosario con 77.000 euros. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la capital tinerfeña entregó 226.000 euros seguido de La Orotava con 121.000 euros. El Cabildo tinerfeño por su parte dedicó 462.000 euros y el de Gran Canaria 101.366, menos que el de Lanzarote con 171.000.