CC y PP apoyan la comisión sobre el 'caso Tebeto'
Los grupos del Partido Popular y de Coalición Canaria anunciaron este miércoles que apoyarán la comisión de investigación sobre la concesión minera de montaña Tebeto, siempre y cuando se amplíe su contenido a las decisiones adoptadas por la Consejería de Industria y Consumo en 1993, cuando gobernaba el PSC.
Así lo manifestaron en rueda de prensa los portavoces parlamentarios de CC, José Miguel Barragán, y del PP, María Australia Navarro, quienes expresaron su convencimiento “total y absoluto” de que el PSC es el “culpable” de unas decisiones que han originado el auto judicial por el que se obliga a la Comunidad Autónoma a pagar 92 millones de euros a la empresa Canteras Cabo Verde.
Según manifestó José Miguel Barragán, cuando el grupo Socialista, que este miércoles registró en el Parlamento regional una solicitud para crear una comisión de investigación sobre este asunto, ve que las concesiones en Tebeto están relacionadas con su actuación política en 1993 “hace de su mejor defensa un ataque”.
A su juicio, el PSC intenta “huir hacia adelante” y presentó la solicitud de una comisión de investigación “porque pensaba que la íbamos a rechazar”.
Por el contrario, CC y PP están “completamente de acuerdo” en crear la comisión siempre y cuando se investigue también el procedimiento administrativo y los recursos presentados al permiso de investigación minera, las concesiones derivadas de la explotación a Canteras Cabo Verde y las concedidas a Canteras de Arucas.
Barragán consideró que si la investigación va ir “al grano del asunto” tiene que tener en cuenta que los hechos se originan cuando el PSC gobernaba Canarias en 1993, pues todas las actuaciones de ese año y las posteriores originaron la caducidad del expediente de concesión minera de la montaña de Tebeto.
Si el PSC está dispuesto a aceptar esta cuestión y no solamente lo que pide en su escrito debe quedar “claro” que CC y PP están completamente de acuerdo en que se abra la comisión, pues tienen el convencimiento “total y absoluto de que todo se origina cuando los socialistas gobernaban la Consejería de Industria y Consumo”, añadió.
Todos los recursos y sentencias son consecuencia de las decisiones y órdenes dictadas por la Consejería en aquella época, señaló Barragán, quien dijo que no se trata de condicionar la creación de la comisión sino de redactar “claramente” lo que se quiere investigar.
“CC y PP no le van a quitar absolutamente ni una coma a lo que pide el PSC, y lo que queremos es que se deje claro el alcance y el objetivo de la comisión de investigación”, precisó.
La portavoz popular, María Australia Navarro, apuntó que también debe quedar claro “el origen” de los hechos y manifestó que “probablemente” coincide con el PSC en que se trata del caso “de mayor alcance” en toda la historia de la democracia en Canarias.
En cuanto a si se trata de corrupción, José Miguel Barragán opinó que habrá que ver en qué grado está implicado el PSC “porque entendemos que los culpables son ellos” y se preguntó si cuando avance la investigación los socialistas “mantienen lo de la corrupción”.
Expresó su convencimiento de que el PSC admitirá la propuesta de CC y PP y si no lo hace, nacionalistas y populares presentarán otra petición de comisión “con lo que pide el PSC y con lo nuestro”.
También se refirió al hecho de que hay “motivos suficientes” para que el grupo Socialista se plantee el que no intervenga en este asunto la diputada Francisca Luengo, secretaria general técnica de la Consejería de Industria durante el Gobierno socialista.
Para José Miguel Barragán, Luengo “está implicada y es parte interesada” y seguramente también es “una de las culpables principales de los informes jurídicos que dieron lugar a las concesiones y luego las sentencias que las anularon. Luengo ha tenido muchísimo que ver”.
María Australia Navarro apuntó que Francisca Luengo “es la responsable directa de que todos los canarios tengamos que pagar una indemnización tan importante” y comentó que de la comisión se deducirán las responsabilidades políticas “o de otra índole” que pueda tener el PSC, y según las conclusiones se estudiará “cualquier acción que corresponda”.
