Condena de un millón por la gestión del parque
La Audiencia Provincial ha condenado a los antiguos administradores de la entidad Santa Cruz Park Tenerife SL, Luis Gil, Álvaro Gil y Carlos Francisco Díaz, al abono de alrededor de un millón de euros por el impago del canon de explotación de este recinto público desde marzo de 2008 hasta enero de 2010, momento en el que se llevó a cabo el desahucio.
En primera instancia el Juzgado de lo Mercantil número 1 se había puesto del lado de los administradores y falló en contra de la entidad Parque Marítimo SA, integrada en aquel entonces por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria, y poco después tan sólo por la Corporación local. De la deuda que deberán abonar de forma solidaria estos socios, 670.179,45 euros fueron reconocidos por el Juzgado de Primera Instancia número 5 el 31 de julio de 2009 y el resto alcanza hasta enero de 2010 que fue cuando se ordenó el desalojo de las instalaciones. A todo ello habría que sumar los intereses acumulados desde entonces.
Los empresarios asumieron la gestión del Parque Marítimo en el año 2006 pese a ser conscientes de que se encontraba en una situación de insolvencia que se plasmaba en unas pérdidas anuales de 224.000 euros y que en aquel momento sumaban ya 1,2 millones de euros. El déficit siguió aumentando hasta alcanzar en 2008 otros 300.000 euros más, por lo que entonces se acordó disolver la sociedad en septiembre tras conocer las cuentas del ejercicio anterior. La Sala da por probado que previamente ya se debía tenía constancia de estos datos, pese a lo cual se contabilizó un saldo positivo, lo que el perito designado atribuye a “un ajuste incorrecto de las cuentas”. Sin embargo, la sociedad no fue disuelta formalmente hasta la semana santa de 2009 y el recinto quedó cerrado en uno de los períodos en los que se registra una mayor afluencia de bañistas.
Por su parte, el Ayuntamiento y Puertos confiaron en que los empresarios iban a cumplir su palabra especialmente en lo referido a la recapitalización de la entidad y la ejecución del plan de viabilidad. Para ello los arrendatarios se comprometieron a la ejecución de una serie de inversiones por valor de un millón de euros que nunca se llegó a concretar y a conseguir determinadas licencias de actividades complementarias a la explotación de las piscinas. En referencia a la controvertida celebración de fiestas que luego se demostró que no estaban amparadas en el Plan Especial. “Todo ello demuestra que los adjudicatarios no consideraban en ese momento que la situación fuera irreversible, sino todo lo contrario, que era posible, bajo determinados presupuestos o circunstancias, una explotación que, al menos, no diera pérdidas”.
Fiestas
En contradicción con lo expuesto en la primera de las sentencias, la Audiencia ahora sostiene que si este plan de viabilidad no funcionó no fue por culpa de los organismos públicos. Así, en cuanto a la celebración de fiestas, el Cabildo, tras subrogarse las competencias, indicó que era preciso pedir una autorización concreta para cada una de ellas y no una general, un punto en el que también coincidió la Gerencia de Urbanismo.
Sin embargo, lo cierto es que los nuevos administradores no solicitaron este permiso hasta finales de 2008, momento en el que ya arreciaban las denuncias del abogado Felipe Campos por las molestias que ocasionaban estas actividades y por considerarlas ilegales. Todo ello implica que ni el Ayuntamiento ni Puertos habían puesto ninguna objeción a las celebraciones y que, por lo tanto, no eran responsables de la quiebra de la nueva sociedad, tal y como alegaron los empresarios.Por lo tanto, se descarta que los organismos públicos actuaran de mala fe o impidieran estas fiestas, sino que simplemente se exigió a los administradores que presentaran un aval previo dada su situación deficitaria.
Otra prueba de colaboración con los empresarios es que Ayuntamiento y Puertos se comprometieron a costear los 2,6 millones para adecuar este recinto a la nueva legislación sanitaria europea. La sentencia es recurrible ante el Supremo y se obliga a los antiguos gestores a pagar todas las costas judiciales. En la actualidad Luis Gil se encuentra en Brasil realizando inversiones inmobiliarias y ya ha dejado claro que no quiere saber nada de Santa Cruz, de donde se está desprendiendo de sus últimas propiedades y ha cerrado el bufete de abogados que tenía en la calle Méndez Núñez.
En el año 2009 los problemas de la sociedad aumentaron con la huelga indefinida de los trabajadores del recinto, que exigían el pago de los salarios que se les adeudaban. Finalmente, los administradores presentaron en marzo de ese año una solicitud de concurso voluntario, que se inició en junio. En enero de 2010 por fin se llevó a cabo el desahucio de las instalaciones que habían quedado destrozadas por los numerosos actos vandálicos que tuvieron lugar durante el tiempo en el que permanecieron cerradas y sin vigilancia. Finalmente el Parque Marítimo abrió sus puertas el 3 de junio de 2010 después de haber sufrido varias reformas y se volvió a cerrar a continuación para adaptar el recinto a la legislación europea. En la actualidad sigue funcionando y es gestionado de forma directa por parte del Ayuntamiento que está estudiando una modificación del Plan Especial para realizar actividades complementarias pero no fiestas.
