La consejera canaria de Hacienda enfría los planes de Clavijo para limitar la compra de vivienda a extranjeros

La consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián (PP), ha advertido este lunes que la “limitación absoluta” a la compra de viviendas a extranjeros “no está autorizada” en el derecho europeo, enfriando así los anuncios hechos desde el propio Ejecutivo regional, presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria).

“La limitación absoluta, sin justificación, no está autorizada en el derecho europeo y el Gobierno de Canarias está estudiando todo”, indicó durante su intervención en la comisión parlamentaria de Asuntos Europeos y Acción Exterior.

De esta forma, contestaba tras ser preguntada por el Grupo Socialista Canario sobre si cree que tendrá encaje en las políticas de la Comisión Europea y el Parlamento Europeo la ofensiva anunciada por el presidente canario, Fernando Clavijo, el 11 de marzo para limitar la compra de viviendas a extranjeros.

Asián subrayó que la adquisición de viviendas secundarias “es un movimiento de capitales”, regulado en el Tratado Fundacional de la Unión Europea, que recoge que las medidas restrictivas a esta libre circulación de capitales “tienen que estar justificadas en alguna excepción contenida en los tratados”.

De todos modos, puntualizó que se mantuvieron “ciertas restricciones” si las limitaciones estaba a fecha de 31 de diciembre de 1993 o a 31 de diciembre de 1999 en los casos de Bulgaria, Estonia y Hungría. Además en la adhesión a la Unión Europea había disposiciones territoriales que se habían negociado para zonas “muy concretas” como son Dinamarca, Finlandia y Malta.

Reconoce que posteriormente también se han negociado “múltiples excepciones”, así como disposiciones transitorias.

En cuanto a las restricciones, indicó que la posibilidad de establecer una limitación a la adquisición o a la libre circulación de capitales, en este caso concreto la adquisición de un bien inmueble, tienen que “estar amparadas por exigencias imperiosas” de interés general y articularse en base a dos principios como son “la no discriminación y la proporcionalidad”.

“Estas excepciones por razones de interés general tienen que estar perfectamente justificadas”, apuntilló para agregar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido una “sólida doctrina” en la que se establece que “se puede limitar la adquisición de residencias secundarias en una determinada zona geográfica siempre que sirva para determinados fines” y a modo de ejemplo citó que sería asentar una población a un territorio y conseguir una actividad económica diferenciada del turismo.

Por ello, matizó, que pueden existir restricciones zonales a la adquisición de vivienda secundaria pero “siempre dentro de estos principios de razones de interés general basadas en la no discriminación y en la proporcionalidad del fin que se pretende lograr”.

Además en lo que se refiere a que el tribunal europeo ha determinado que considera excesivo el régimen de autorizaciones, indicó que se pueden poner multas “si no se declara esta finalidad” en los países que la tengan establecida, pero la petición de una autorización previa “no está autorizada” por el Tribunal de la Unión Europea.

Asián consideró que este es el contexto en el que se debe mover Canarias porque “restricciones puede haber a la libre circulación de capital, a la adquisición de una propiedad inmobiliaria” --por parte de extranjeros--, pero “siempre basada en razones imperiosas” de interés general y en los principios de no discriminación y proporcionalidad.

Sin embargo, señaló que conscientes de esta preocupación, el Gobierno canario abordó en la Conferencia de Presidentes con los cabildos, estudiar estas posibilidades y recibir las aportaciones de otras administraciones públicas e incluso de la sociedad civil, a lo que agregó que también se ha establecido un grupo de trabajo que está analizando posibilidades como “salidas fiscales disuasorias” aunque subrayó que es un “poco prematuro” establecer las conclusiones del grupo de trabajo de reto demográfico.