Los empresarios del transporte sanitario denuncian irregularidades de la Consejería de Sanidad
La Asociación Regional del Transporte Sanitario y Actividades Médico-Sanitarias (Artea) denunció el pasado 22 de diciembre ante la Fiscalía Anticorrupción del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la adjudicación, por la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno autónomo, del servicio de traslados de ambulancias por considerar la comisión de diversas irregularidades.
En el escrito, en concreto, se hace alusión a que “desde antes de salir publicadas las bases, ya se había anunciado que los mismos serían adjudicados en su mayoría a la empresa Transportes Aéreos Sanitarios Isleños, SA [Tasisa], ahora adjudicataria provisional de buena parte de los servicios de transporte sanitario terrestre”.
Además, los denunciantes aportan una relación de varios hechos más que, a su juicio, sustentan una posible investigación por parte de la Fiscalía. Esta misma semana trascendió, asimismo, la denuncia por la vía administrativa de la empresa Servicios Sociosanitarios Generales, SL.
La patronal empresarial pide que sean llamados declarar ante la Justicia por este asunto la consejera de Sanidad y Consumo, Mercedes Roldós; el presidente del Servicio Canario de Salud, Guillermo Martinón, así como el presidente y la secretaria de la Mesa de Contratación que adjudicó el concurso.
Artea señala, en segundo lugar, que también se hizo público “a qué empresa no le sería adjudicado ninguno de los contratos, siendo ésta Manuel Guerra Castellano, SL”; y que entre las empresas admitidas en el procedimiento, “la Mesa de Contratación acordó incluir a Ambulancias García Tacoronte, SL, entidad esta que no había presentado gran cantidad de documentación absolutamente relevante y definitiva para concursar”.
Supuestas manipulaciones
Igualmente, Artea relaciona en su escrito a la Fiscalía, entre sus denuncias más graves, que durante el proceso de adjudicación hubo personas que “presuntamente pudieron tener acceso a manipular la documentación de las empresas licitadoras e incluso derecho a voz y, con ello, a manipular a su antojo y con intereses ocultos también la voluntad decisoria de los miembros de la Mesa”.
Según Artea, en los actos públicos de licitación se vetó el acceso de este colectivo a los mismos, lo que supondría una irregularidad. Igualmente, los denunciantes se quejan de supuestas desapariciones de documentos de determinados concursantes, así como de presuntas irregularidades en el ámbito administrativo.
