La fiscal pide desestimar la demanda contra Soria
El presidente del Partido Popular de Canarias, José Manuel Soria, “no habría vulnerado” el derecho al honor e intimidad del colectivo de funcionarios tras unas declaraciones en la prensa en las que aseguró, según recogió el periódico La Provincia, que éstos aprovechaban las bajas “para ir a la playa”.
El Ministerio Fiscal ha concluido este martes durante en el juicio, al igual que la defensa del ex vicepresidente del Ejecutivo regional, que se trata de “un derecho personalísimo e individual”, del que los colectivos sociales, como los funcionarios públicos, no pueden beneficiarse.
Esta doctrina emana de al menos dos sentencias del Tribunal Supremo que “sienta las bases” a este respecto. Durante el juicio celebrado este martes ha declarado José Manuel Soria, que negó haber realizado tales manifestaciones.
El presidente regional del PP reconoció haber mantenido una conversación telefónica con la periodista responsable de la información “pero no concedí una entrevista”, precisó, en la que negó que el principal tema tratado fuera precisamente el absentismo entre el funcionariado público canario.
“No sé si son las palabras exactas”, reconoció por su parte la redactora de la información -publicada el pasado 18 de noviembre de 2009- acerca de las declaraciones de Soria.
“Sé lo que dijo y en el contexto en que lo dijo”, aclaró . En este sentido, la informadora afirmó a preguntas de uno de los letrados que el ex vicepresidente “estaba irritado” con los índices que absentismo que había en la comunidad canaria y que en ningún caso dudante la entrevista le comunicó que fuera off the record es decir, no publicable.
El portavoz de STEC-IC, Fernando Pellicer, aseguró tras el proceso que se encuentran “sumamente satisfechos” con el desarrollo del juicio ya que “al margen de la sentencia”, dijo, “moralmente es evidente que el señor Soria debería hacer una rectificación pública”, tras escuchar de la fiscal la existencia de la jurisprudencia acerca del reconocimiento del artículo 18.1 de la Constitución española.
“Es evidente que los hechos han quedado acreditados”, recordó, después de que la informadora afirmase durante su declaración que escuchó las palabras “baja, depresión y playa” en su conversación con el ex vicepresidente del Ejecutivo, tras lo que dijo “cambió de tema” porque ya disponía de un titular para su información.
Pellicer aclaró, en cualquier caso, que está “seguro” de que “decenas” de funcionarios que en el momento de los hechos ?noviembre de 2009- estaban de baja “estarán encantados” de presentar demandas contra José Manuel Soria, ya que en tal caso, sí estarían protegidos por el citado derecho al honor e intimidad por tratarse de individuos “determinados” y no del colectivo funcionarial.
El sindicato había solicitado una indemnización de un céntimo por cada uno de los 25.000 funcionarios canarios, es decir, 2.500 euros, por daños morales. Esa cantidad, explicó Pellicer durante su declaración, sería “reintegrada” a centros educativos “que sufren carencias”.
