El Gobierno de Canaria lanza un nuevo plan de medidas para ahorrar 16,3 millones en gastos de funcionamiento
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 (EUROPA PRESS)
El consejo de gobierno, del Ejecutivo de Canarias, a propuesta del consejero de Economía, Hacienda y Seguridad, Javier González Ortiz, ha aprobado este jueves un nuevo paquete de nuevas medidas para continuar con la reducción de los gastos de funcionamiento, que se prevé un ahorro de 16,3 millones de euros.
Además, con dicho plan se persigue el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, y según las previsiones, el Gobierno canario prevé un aumento de los ingresos de 61 millones de euros.
Respecto a los 16,3 millones de euros que está previsto ahorrar en costes de funcionamiento, sería una cantidad que se sumaría a los 2.257,9 millones de euros ahorrados “hasta el momento como resultado de anteriores ajustes”, según informó el Gobierno autonómico en un comunicado.
De esta forma, el Ejecutivo canario “continúa en la senda de la racionalización” de las cuentas públicas a fin de “evitar recortes dramáticos como los que se están produciendo en otras comunidades autónomas”, así como para garantir los servicios esenciales y el empleo público “sin subir los impuestos”.
Este plan se impulsa “ante la persistencia de la debilidad del consumo y su consecuente impacto” en la actividad de las empresas y en el desempleo. De esta forma, matizan, “no perjudiquen” a los empresarios y autónomos de Canarias.
“Estas decisiones no significarán reducción alguna de las compras de bienes y servicios que, de forma necesaria, la Administración canaria mantiene con sus proveedores. Las medidas reducirán los costes de desplazamiento entre islas de los altos cargos del Ejecutivo; afectarán al control de los horarios de los empleados públicos; mejorarán la gestión de la concesión y reintegro de subvenciones; agilizarán las certificaciones de los fondos europeos; y evitarán las obras menores en locales propios y alquilados limitando también la adquisición de mobiliario que no sea estrictamente necesario”, explica.
LÍMITE EN EL USO DE VEHÍCULOS OFICIALES
El plan también recoge una medida centrada en el uso de vehículos oficiales y a los desplazamientos de los empleados públicos --incluidos los directores generales--, para lo que se establecerá un servicio de traslado con vehículos compartidos desde los aeropuertos a los principales centros de trabajo de la Comunidad Autónoma, principalmente en las islas de Gran Canaria y Tenerife.
El servicio se realizará para los primeros vuelos de la mañana y para unificar los traslados se concentrarán los horarios de los vuelos de salida entre las 07.30 y las 09.00 horas.
Además, a fin de conseguir un mayor ahorro de costes en viajes, se utilizará “aún más la videoconferencia como medio de comunicación con el objeto de reducir al mínimo” el uso del transporte aéreo.
Por otra lado, también se ha establecido que la realización de cualquier tipo de obras en los edificios administrativos, así como la adquisición de mobiliario, requerirá informe previo vinculante de la Dirección General de Patrimonio y Contratación, que deberá ser favorable.
Al respecto, se puntualiza que dicha medida “no será de aplicación” a las obras que se realicen en los centros educativos ni en los centros sanitarios.
Estas acciones, relacionadas con las sedes de los departamentos, se unen a las que se tomaron hace unos meses para reducir el gasto de los edificios en “más de 6 millones de euros, con acciones como la reducción en el número y cuantía de los alquileres”.
EMPLEADOS PÚBLICOS
En cuanto a los empleados públicos, se pide a todos los departamentos que velen por el cumplimiento de la jornada y el horario de trabajo de todo el personal al servicio de la administración pública, aplicando las deducciones que resulten procedentes en caso de incumplimiento.
Por otra parte, a fin de mejorar los plazos de ciertos ingresos, cada departamento deberá remitir a la Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad antes del 15 de octubre la documentación de los proyectos cofinanciados con fondos europeos para certificarlos cuanto antes y agilizar el cobro del dinero comunitario.
El plan también recoge acciones relacionadas con las subvenciones concedidas por la Comunidad Autónoma de Canarias, así se establece que las consejerías deberán priorizar y agilizar los expedientes, mientras que la ejecución de resoluciones que supongan la devolución de subvenciones a las arcas públicas por parte de los beneficiarios a los que se les haya determinado ese reintegro.
Asimismo, en dicha materia, insta a que se limiten la concesión de prórrogas para realizar o justificar las subvenciones concedidas, salvo en aquellos casos plenamente acreditados.
El Gobierno de Canarias establecerá un canal específico de comunicación para que los empleados públicos puedan realizar sugerencias y plantear iniciativas que supongan nuevas medidas de ahorro y mejoren las ya adoptadas.
En este sentido, el Ejecutivo autonómico ha recordado que Canarias es la segunda comunidad autónoma con “menos” consejerías (ocho), “ha reducido el número de altos cargos y ha rebajado sus retribuciones”, planificación que ha contribuido a que Canarias sea en estos momentos una de las comunidades autónomas con sus arcas “más saneadas, siendo la que menos deuda per cápita tiene y de las pocas” que ha cumplido con el objetivo de déficit fijado por el Estado para el primer semestre del año, según datos del Banco de España.
También recuerda que el archipiélago es la que “más ha reducido” el gasto corriente según el Ministerio de Economía y Hacienda, con una previsión del 36,4 por ciento hasta final de año.
En cuanto al recorte del sector público empresarial también “ha sido importante”, ya que actualmente Canarias cuenta con 24 empresas públicas y un total de 96 entidades donde se incluyen universidades, consorcios, empresas, agencias y fundaciones, número que está “muy por debajo” de la media nacional, que se sitúa en 137.
En 2011 se redujo la aportación en un 20 por ciento (45 millones de euros), a lo que se suma la puesta en marcha de un plan de austeridad que permitirá ahorrar unos 25 millones de euros cada año hasta 2014 y alcanzar una reducción del coste de un 45 por ciento más.
