El Gobierno canario blinda el expediente de la sede de la Policía

El Gobierno de Canarias no ejecuta la transparencia de la que hace gala. El abogado tinerfeño Felipe Campos se ha visto forzado a presentar este viernes un recurso de alzada ante la Viceconsejería de Hacienda y Planificación para tener acceso al expediente de adquisición de la sede de la Policía Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, un inmueble propiedad del empresario Modesto Campos Castro ubicado en la Urbanización Lomo Blanco Industrial [Polígono de Las Torres], de cuya doble tramitación informó este diario en noviembre de 2009.

Desde hace semanas la Dirección General de Patrimonio y Contratación del Ejecutivo autónomo viene denegando al abogado tinerfeño el acceso a la información que solicita,“con argumentos tran peregrinos como la protección de datos” de los intervenientes en la operación de compraventa, de un lado la Comunidad Autónoma, y de otro el empresario y candidato a presidir la Cámara de Comercio provincial, Campos Castro.

“Cualquier ciudadano tiene derecho a consultar un expediente ya cerrado, según estipula la Ley, con todas las garantías de acceso, examen y petición de copia”, explicó este viernes a CANARIAS AHORA Felipe Campos, que ha recibido negativas por respuesta desde la Dirección General de Patrimonio y Contratación, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda, alegando de nuevo que la entrega del expediente afecta “a la intimidad de las personas, y que la petición de documentos debe ser individualizada”.

El abogado tinerfeño indicó que “tengo constancia de que es un expediente extraño, que se inicia en Las Palmas de Gran Canaria y que se termina en Santa Cruz de Tenerife, con informes contrarios”. Sobre esa primera pista pretendía arrojar luz el también letrado vinculado a la acusación particular del caso Arona y contra la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana santacrucero. Sin embargo, tanta negativa “desde la propia Jefa de Servicio, que con el expediente encima de la mesa, me dijo que tenía que consultarlo con sus superiores, me han encendido todas las alarmas”, avanzó Felipe Campos.

“¿Que miedo tiene a que lo vea? ¿Es que hay algo raro?”, se cuestionó Felipe Campos ante el rechazo del departamento dependiente del vicepresidente regional, José Manuel Soria (PP). “Veré el expediente y si hay algo irregular acudiré a la Fiscalía”, volvió a advertir el abogado al Ejecutivo presidido por Paulino Rivero (CC). “Es muy raro tanta defensiva a que pueda consultar un expediente, por eso: blanco y en botella, voy a ver el expediente”, sentenció el letrado, que no de no prosperar el recurso de alzada ante el viceconsejero acudirá al contencioso-administrativo de la justicia ordinaria.

Un traje a la medida diseñado desde el verano de 2008traje a la medida

La adquisición del inmueble de Modesto Campos Castro por parte del Gobierno tiene toda la pinta de ser un traje a la medida diseñado desde el verano de 2008, pero que no se pudo ejecutar hasta diciembre de 2009, como informó este diario el otoño pasado.

La decisión de la Consejería responsable de la Policía Canaria de adquirir un inmueble para “Dependencias del Sistema Canario de Seguridad y Emergencias” en la capital grancanaria sólo se hizo pública, mediante un anuncio oficial en prensa, el 11 de octubre de 2008, tres meses después de haber recibido ya Presidencia una oferta de 7,2 millones de euros por el edificio industrial de la parcela número 19 del Sector Norte del Plan Parcial de la Ampliación del Lomo Blanco Industrial, y otros 1,2 millones de euros por la parcela 20.

Las dos propiedades de Coansa en Las Torres Altas son una foto fija de las características solicitadas por Presidencia el 11 de octubre de 2008 en el anuncio insertado en prensa: inmueble de entre 3.000 y 3.500 metros cuadrados construidos, preferiblemente con parcela de aproximadamente 1.000 metros cuadrados en Las Palmas de Gran Canaria. Además, Presidencia requirió ya desde agosto de 2008 a Patrimonio valoraciones sobre el alquiler o compra de estas instalaciones, e incluso en septiembre remitió al departamento de Economía y Hacienda una propuesta de adquisición sin documentación complementaria.

El inmueble deseado por Presidencia, Justicia y Seguridad y tasado finalmente por el Gobierno canario en 5,9 millones de euros ha tardado en hacerse realidad debido a los reparos objetados desde la Dirección General de Patrimonio en Las Palmas de Gran Canaria a la adquisición directa, sin que mediara concurso público, publicada en un primer momento en el Boletín Oficial de Canarias el 24 de diciembre de 2008.

Días después, el 2 de enero de este año, desde el departamento de Patrimonio se informó negativamente el expediente en curso, por proponer Presidencia la compra del inmueble a 12 de diciembre de 2008, con el cierre del ejercicio en puertas, por la vía de urgencia y sin aportar la documentación que avalara la idoneidad del inmueble elegido, las necesidades a satisfacer ni la publicidad y libre concurrencia reales para otras posibles ofertas. El expediente fue devuelto a la Consejería de José Miguel Ruano y definitivamente cerrado.

Sin embargo, a lo largo de 2009 un nuevo expediente se puso en marcha, esta vez fiscalizado desde Patrimonio en Santa Cruz de Tenerife, dando por buena la idoneidad, especificidad y la limitación del mercado para justificar la extrema urgencia de adquirir el inmueble sin acudir a la libre concurrencia pública. Es este proceso el que concluye con la segunda publicación en el BOC, el 17 septiembre pasado, modificada y ya definitiva para formalizar la compra de la propiedad de Coansa que se ejecutará en breve fechas.

Según ha podido saber CANARIAS AHORA, tanto en el primer expediente de 2008 como en este de 2009 concurrieron a la solicitud del Gobierno de Canarias otras empresas dispuestas a ofrecer sus inmuebles, pero siempre después del anuncio público hecho por la Consejería, con quince días hábiles de plazo, tanto en octubre de 2008 como este año. Sólo Coansa remitió su oferta meses antes de que el mercado inmobiliario tuviera conocimiento de las necesidades a cubrir para el “Sistema Canario de Seguridad y Emergencias”.