El Gobierno central analiza la posibilidad de topar los precios de los billetes de avión entre Canarias y la Península

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha confirmado este miércoles que el Gobierno está trabajando en un proyecto piloto para analizar si se puede establecer alguna obligación de servicio público en alguna de las rutas entre Canarias y la Península, y, de este modo, establecer una tarifa máxima en los billetes ante la subida de los precios.

Así se lo ha comunicado a la diputada de Coalición Canaria María Fernández durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso, donde la ministra ha explicado que el Gobierno está analizando esta posibilidad por el incremento de los precios.

En cualquier caso, ha advertido de que el establecimiento de una tarifa máxima solo se puede hacer articulando una obligación de servicio público y que “puede tener efectos indeseados que provoquen un decrecimiento de la oferta de viajes”.

Por ello, ha apelado a la cautela a la hora de valorar y analizar bien la posibilidad de establecer esta tarifa máxima a través del servicio público, aunque la ministra ha insistido en que se tomarán “medidas concretas”.

La diputada canaria ha explicado a la cámara que los precios de esos vuelos “han subido de media un 18%, llegando en algunas rutas al 45%” y ha señalado que eso significa, cuando se está bonificando el 75% del precio del billete, que “el dinero público se está tirando a la basura o, peor, está yendo a la cuenta de resultados de grandes aerolíneas”.

Tras opinar que “esta desmesurada subida de precios no la explica ni la guerra de Putin ni el gas de Putin, que es una excusa universal”, Fernández ha dicho a la ministra que es una “obligación” del Gobierno “fiscalizar el dinero público para saber si va destinado al fin que se prevé”, algo que “está en peligro cuando no dejan de subir los precios” y quienes “lo soportan” son los canarios, que cada vez están “más alejados de la Península”.

En su respuesta, la titular de Transportes ha garantizado que “este ministerio y este gobierno hacen un control exhaustivo del destino de los recursos públicos” y también “un seguimiento de ese incremento del precio de los billetes aéreos que lo cierto -ha subrayado- es que sí, es que la guerra de Ucrania ha tenido efecto en los precios”.

Además de comprometerse a “adoptar aquellas medidas que sean precisas”, Sánchez ha recordado que su departamento está trabajando en un proyecto piloto para analizar si en alguna de las rutas se puede establecer una obligación de servicio público, lo que podría dar como resultado fijar una tarifa máxima.

Al respecto ha apuntado que el establecimiento de una tarifa máxima “solo se puede hacer articulando una obligación de servicio público que solo está justificada cuando se da un funcionamiento anómalo y que, en caso de no estar previamente justificado, puede tener efectos indeseados y que provoquen un decrecimiento de la oferta de viajes”.

Asimismo, Sánchez ha recordado que “fue este gobierno el que en 2018 aumentó del 50 al 75% la subvención para residentes en el precio de los billetes”.