El Gobierno no instruyó multas a empresas por falta de personal
“La carencia de personal que pueda desarrollar las funciones propias de la sección de sanciones ha motivado una acumulación de actas calificadas como positivas sin que se hayan iniciado los correspondientes expedientes sancionadores”. De este modo, la ex directora general de Consumo del Gobierno de Canarias Concepción González Pérez (PP) justificó, en 2004, el archivo de todas las actas calificadas como positivas para proceder a instruir sanciones a empresas de las Islas entre junio y diciembre de 2003.
Fue en el estreno de Luis Soria (PP) al frente de la Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías. Una especie de indulto general a empresas de toda índole que durante el primer semestre de su mandato habían infringido la Ley. Según los datos a los que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, sólo en la provincia de Las Palmas se levantaron en ese segundo semestre de 2003 hasta 835 actas. Y las multas a empresas de sectores como la alimentación o la automoción debían oscilar en los correspondientes expedientes sancionadores no ejecutados entre los 600 y los 3.000 euros.
Los procedimientos sancionadores que quedaron archivados mediante esta primera resolución de 2004 perseguían infracciones en materia de defensa de consumidores y usuarios. Desde publicidad engañosa a irregularidades en el etiquetado de los productos o falta de visibilidad en el marcado de precios. Y entre el buen número de empresas sancionadas, desde grandes firmas hasta pequeños y medianos negocios.
La amnistía del Gobierno de Canarias fue fundamentada por la directora general de Consumo en el hecho de que “el Servicio de Ordenación y Consumo de Las Palmas se ha visto imposibilitado para acometer las funciones que tiene encomendadas”, debido a que un puesto específico -NRP 141203016- se encontraba vacante desde su creación.
Además, el Jefe de Sección de Sanciones estaba de baja médica desde el 27 de octubre de 2003, la empleada laboral que desempeñaba las funciones de instrucción gozaba de baja por maternidad desde el 27 de diciembre y el laboral adscrito al Servicio de Procedimiento y Arbitraje había dejado sus funciones por haber sido nombrado presidente de la Junta Arbitral de Consumo de Canarias el 18 de noviembre.
La resolución de la ex directora general de Consumo de 29 de marzo de 2004 es sólo una muestra de la documentación oficial obrante en el Gobierno de Canarias negada en el Parlamento al grupo socialista, que a través de su portavoz, Santiago Pérez, denunciaba hace semanas la caducidad de expedientes sancionadores a lo largo de años y la opacidad del Gobierno a la hora de informar en el Parlamento a preguntas de la oposición.
Los documentos recabados por este periódico no sólo corroboran ese indulto general de 2004, sino que entre junio de 2003 y diciembre de 2005 se levantaron un total de 3.705 actas positivas, con propuestas de sanciones de diversa cuantía, la mayoría entre 600 y 3.000 euros.
La actual directora general de Consumo, replicó hace unos días al portavoz socialista, negando las sospechas de Santiago Pérez e instándole a denunciar el caso ante la Fiscalía.
