El Gobierno canario da una “última oportunidad” a los sindicatos para llegar a un consenso en el 'decretazo'
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 (EUROPA PRESS)
El portavoz del Gobierno de Canarias, Martín Marrero, señaló que con la reunión de la mesa general de la función pública celebrada hoy se da una “última oportunidad al diálogo” con los sindicatos para llegar a un consenso en lo que respecta al decreto, conocido como 'decretazo', en el que se regulan las listas de sustitutos e interinos en educación y en el Servicio Canario de Salud.
“Hoy se reúne la mesa general de la función pública con la intención, por parte del Gobierno, de dar una última oportunidad al diálogo”, apuntilló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Añadió que este decreto de configuración de las listas de personal interino, que “afecta fundamentalmente” a los docentes no universitarios y al personal estatuario del Servicio Canario de Salud, “ya fue aprobado en Consejo de Gobierno y remitido al Consejo Consultivo”, al que se ha pedido que de momento no se pronuncie, lo que “no significa que se haya retirado” el decreto.
En cuanto al tiempo que se prevé que duren las negociaciones en este sentido, Marrero afirmó que será “corto porque hay convocatorias de plazas tanto en educación como en sanidad que son apremiantes” en lo que respecta a la “necesidad que hay de cubrir esas plazas”.
REFORMA DE LA LEY DE FUNCIÓN PÚBLICA
Por otro lado, en relación con la reforma de la Ley de Función Pública, en la que se prevén introducir modificaciones para acentuar, entre otros, los mecanismos de control, Marrero explicó que dicha norma está “aún en fase de borrador, por lo tanto, los contenidos concretos no se pueden considerar ni mucho menos definitivo, como todo borrador está sujeto a un procedimiento de mejora del texto”.
De todos modos, puntualizó que lo que pretende inspirar el texto final es que la regulación de la actividad de la función pública “se ajuste también a los criterios generales del mercado de trabajo” porque “en general, más aún en una situación de crisis, se hace imprescindible acentuar esos controles”, además de servir a una “mejor prestación de los servicios públicos”.
Agregó que esta cuestión está sometida al diálogo y se “intentará el máximo consenso posible pero como en otras iniciativas que ha tenido el Gobierno y que tendrá, finalmente ese proceso no puede eternizarse. Es decir, será el razonable y si no es posible un consenso absoluto, pues con el que haya el Gobierno tomado las decisiones”. “Se trata simplemente la exigencia a cambio del salario público que están cobrando”, sentenció.
