Repsol inicia las obras en la central térmica de Escucha (Teruel) pese a que sigue abierta la batalla por su protección

Repsol ha comenzado los trabajos para el desmantelamiento de la antigua central térmica de Escucha (Teruel), propiedad de la compañía, según ha confirmado la propia empresa. Tomás Guitarte, líder de Teruel Existe, confirma el inicio de las actuaciones y sostiene que han arrancado cuando la vía administrativa sobre la protección del complejo todavía no está cerrada. La formación prepara un recurso contra la decisión del Gobierno de Aragón de no declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) ni incluirlo en otro régimen de protección.

Las obras, según Repsol, son los primeros trabajos y se van a llevar a cabo de forma “progresiva con todas las medidas de seguridad”.

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural rechazó proteger la central en una resolución fechada el 9 de septiembre y notificada el 11. Ninguna administración local —ni el Ayuntamiento de Escucha, ni la comarca, ni la Diputación de Teruel— había pedido la declaración y las solicitudes recibidas no iban acompañadas de un proyecto de viabilidad coordinado por una administración. La resolución considera que declarar el bien sin ese proyecto podría contribuir a su deterioro y advierte de que el edificio necesita actuaciones urgentes para retirar elementos contaminantes.

La resolución reconoce el “valor, trascendencia histórica e importancia social” del complejo, aunque considera “menos evidentes” sus valores arquitectónicos. Propone que el Ayuntamiento, de acuerdo con la propiedad, salvaguarde los elementos de mayor interés para incorporarlos a su patrimonio minero y que se realice un gemelo digital de la central.

Repsol solicitó el 8 de septiembre de 2025 al Ayuntamiento de Escucha una licencia de obra mayor para el desmantelamiento integral. El consistorio la concedió el 4 de junio de 2026. Tras la petición de protección de Teruel Existe, presentada el 20 de junio, el Ayuntamiento informó a Patrimonio de que el PGOU contemplaba el derribo completo de la central. El 6 de julio Patrimonio suspendió cautelarmente las obras mientras decidía sobre la protección y Repsol recurrió esa suspensión el 30 de julio.

Una “temeridad”

Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, asegura que los trabajos son por ahora preliminares. La formación confirmó hace unos días, explica, que la empresa que ejecutaría los trabajos reservaba alojamientos en la zona. Empezar cuando el asunto no está jurídicamente cerrado es, a su juicio, una “temeridad”, y refleja “mucha prisa o mucha convicción” de que la decisión no cambiará.

Teruel Existe intentó alargar los plazos, según Guitarte, y presentará el recurso de alzada antes del 11 de octubre. El portavoz considera que la resolución de Patrimonio es “una mera opinión” y asegura que el recurso tiene “muchos argumentos”.

Guitarte critica que el Gobierno reconozca el valor del patrimonio industrial de la central y, al mismo tiempo, “permita su derribo”. Lo califica de “error mayúsculo” y cuestiona la posición de un Ejecutivo en el que participa Vox, formación que se pronunció contra el derribo de la central térmica de Andorra.

Teruel Existe defiende que existe un proyecto, denominado “Power Experience”, basado en el patrimonio minero y minero-eléctrico, y sostiene que falta voluntad política para impulsarlo. La central térmica de Escucha comenzó a funcionar en 1970 y mantuvo su actividad durante cuatro décadas, hasta su cierre definitivo en 2012. Desde entonces permanece fuera de servicio. Repsol, propietaria de la instalación, y el Ayuntamiento de Escucha habían acordado trasladar parte de la tecnología de la central al Museo de la Minería de la localidad, con el objetivo de incorporarla a la exposición y mostrar de forma integral el proceso de generación de energía.

Nivel de protección

Apudepa señala que la central figura en el catálogo del PGOU de Escucha con nivel de protección “estructural”. Según el catálogo general del PGOU, explica la asociación, ese nivel alcanza a la estructura portante, la ordenación interior y las fachadas. La ficha remite, para la demolición total o parcial, a “condiciones convenio o compromiso de compraventa”. Apudepa reclama saber si ese convenio existe, qué contiene y qué actuaciones permite.

La asociación ha pedido al Ayuntamiento el expediente completo de la licencia y ha solicitado a Patrimonio que aclare qué régimen protector corresponde al inmueble y si el derribo requería autorización previa. También sostiene que el PGOU otorga a los bienes de su catálogo la consideración de bienes inventariados. Denuncia que ni el Ayuntamiento ni la Dirección General responden a sus peticiones.

Apudepa afirma que, “con los datos oficiales” de los que dispone, “puede haber un delito urbanístico”, aunque precisa que “es lo que tenemos que comprobar”. La asociación pide que, mientras se aclara la situación, se eviten actuaciones irreversibles.

El alcalde, Héctor García, reclama al Gobierno de Aragón “una determinación ya”. En una nota de prensa difundida por el PSOE de Aragón, advierte de que el edificio está “muy deteriorado” y que la empresa propietaria “obviamente no va a restaurarlo”, además del peligro que suponen las chapas sueltas y los desprendimientos. García explica que actualmente hay cinco personas de seguridad para evitar intrusiones en el complejo y que el Ayuntamiento “ni siquiera” podría asumir ese coste. Ofrece “la colaboración que haga falta”, pero pide “iniciativas reales”, ya sea mediante el FITE o con fondos de la DGA.