LPGC podría devolver competencias al Gobierno
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha convocado un Pleno extraordinario para el próximo jueves 11 de noviembre con el único objeto de debatir las acciones a emprender ante el anuncio hecho por el Gobierno de Canarias de que recortará 56 millones de euros en políticas sociales en el Archipiélago.
El portavoz del grupo de gobierno, Sebastián Franquis, ha advertido este jueves que “no asumirá más competencias” del Gobierno autonómico y que “podría devolver” las que ya presta porque “este Ayuntamiento decidió hace dos años mantener a toda costa su inversión en materia social, y si otras administraciones no quieren asumir ese esfuerzo nosotros tampoco asumiremos sus competencias”.
El alcalde, Jerónimo Saavedra, ha encomendado a las concejalas de Igualdad y Servicios Sociales durante la Junta de Gobierno celebrada este jueves que detallen los servicios que podrían verse afectados y cuántas personas dejarían de recibir asistencia tal y como se presta hoy, explicó Franquis.
“Ante la indefinición del anuncio del Gobierno canario debemos estudiar los posibles efectos sobre áreas como personas sin recursos, mayores, menores, víctimas de violencia de género, inmigración, educación”, apuntó Franquis. “Parece que no son conscientes de que este tipo de decisiones -y más en momentos de crisis como el actual- afecta a personas concretas, a los sectores sociales más desfavorecidos”.
En el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, medio centenar de trabajadores y trabajadoras desempeña sus funciones a través de convenios entre administraciones. La reducción del presupuesto de políticas sociales del Gobierno de Canarias podría poner en peligro estos empleos y, en su caso, destruirlos.
“Este Ayuntamiento ha sido muy comprensivo con el Gobierno canario en temas como el coste de la capitalidad, pero en materia de política social no vamos a dar ni un paso atrás”, insistió el portavoz municipal.
En este sentido, las concejalas responsables de las áreas afectadas mantendrán reuniones con los grupos parlamentarios para presentar enmiendas a las cuentas autonómicas. “Aquí se nota dónde prioriza un gobierno de un color político y otro de un signo distinto”.
