LPGC revisará el valor del Canódromo tasado en la etapa del PP
La investigación del denominado caso Canódromo en el seno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no está cerrada. La Comisión Especial (CEIC) creada en febrero de 2009 para indagar el gran pelotazo de la etapa del PP en la Alcaldía acordó este viernes elevar al próximo pleno municipal unas conclusiones exclusivamente de naturaleza política.
Queda pendiente, como adelantó en septiembre CANARIAS AHORA, el encargo a un experto del Centro de Políticas del Suelo y Valoraciones de la Universidad Politécnica de Cataluña para realizar una nueva tasación del suelo, con el fin de comparar la tasación realizada durante el mandato del PP, que a lo largo de la investigación municipal han arrojado una valoración excesiva del suelo, y por tanto un beneficio sustancial a la empresa que realizó la operación de compra-venta en detrimento de las arcas públicas.
Así lo ha anunciado este viernes el presidente de la CEIC, el concejal del grupo socialista Fernando Navarro, de acuerdo con la otra parte de la comisión en la que no ha querido participar el PP, la portavoz de Compromiso, Nardy Barrios.
El encargo al experto durará tres meses y costará 52.000 al Ayuntamiento y ha sido el “punto de conflicto” entre PSC-PSOE y Compromiso, por proponer a personas diferentes. Al final ha prevalecido la propuesta socialista con el objetivo de encargar el informe a una persona “lo más alejada posible, no tan contaminada”, indicó Fernando Navarro.
En cuanto a las conclusiones “definitivas” de carácter político que se darán a conocer, en detalle, en el próximo pleno, indican que durante los mandatos de José Manuel Soria (PP) y Pepa Luzardo (PP) “se tomaron decisiones políticas que nunca debieron tomarse, y otras decisiones políticas que debieron tomarse en sentido contrario”, adelantó Fernando Navarro al término de la reunión en una rueda de prensa realizada en las Oficinas Municipales.
Ahora, se entra en una nueva etapa final de la investigación municipal, centrada en las presuntas responsabilidades de los técnicos municipales, que ya figuraban señaladas en conclusiones provisionales publicadas por este diario en agosto. Las negociaciones entre PSC-PSOE y Compromiso derivarán, previsiblemente, a no detallar con nombres y apellidos a los funcionarios implicados, y sí centrarse en la resposabilidad política de José Manuel Soria.
Las conclusiones provisionales y las investigaciones realizadas por el PSC y por Compromiso en el seno del Ayuntamiento, tras la negativa del PP a participar en la comisión, ya apuntaban al ex consejero de Economía del Gobierno regional, José Manuel Soria, al entonces concejal de Urbanismo, Juan José Cardona, y a cuatro funcionarios (José Setién, Juan Cerpa, Sergio Monche y Miguel Hernández) como las piezas claves del plan.
La Comisión Especial de Investigación del Canódromo (CEIC) se puso en marcha en febrero de 2009 para desentrañar una operación que revirtió a la empresa Urbacan 9 millones de euros de beneficio poco tiempo después de la firma de un convenio urbanístico, en abril de 2002, para la cesión de los terrenos al Ayuntamiento a cambio de parcelas para edificar, donde finalmente se levantaron las famosas dos Torres del Mar.
El origen de la presunta desviación de poder y prevaricación del grupo de gobierno del PP se hallaría en la tasación excesiva del suelo realizada por Sergio Monche, jefe de servicio de Gestión Urbanística del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Así, las conclusiones provisionales señalaban que la posibilidad de afrontar indemnizaciones millonarias por la ejecución de una operación “lesiva para el interés general” era fruto de la práctica de un “urbanismo fallido aplicado por parte del Partido Popular”.
Este caso de presunta corrupción del PP en LPGC se encuentra judicializado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria, cuyo titular, el magistrado Tomás Martín, está desde la primavera pasada a la espera de recabar más documentación del Consistorio antes de citar a declarar, en calidad de imputados, a la ex alcaldesa Pepa Luzardo y el ex concejal de Urbanismo Felipe Afonso El Jaber.
La asociación de vecinos denunciante, Avecalta, ha pedido también al juez la imputación del concejal de Urbanismo durante la Alcaldía de José Manuel Soria, Juan José Cardona, y el empresario beneficiado por la operación, Eduardo Fernández.
