NC espera que el fallo del TS siente precedente
Nueva Canarias espera que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que da la razón al Gobierno autonómico respecto a la demanda de un empresario turístico contra la ley de la moratoria siente un precedente ante el intento de algunos empresarios de enriquecerse a costa del erario público.
Así lo manifestó este sábado en un comunicado la formación política que preside Román Rodríguez que calificó el fallo del Supremo como “una noticia muy positiva para los intereses del Archipiélago”.
Para la organización nacionalista, “el TS ha reconocido que no se lesionan los intereses particulares del promotor y, por tanto, éste no tiene derecho a ser indemnizado por parte de la administración pública y, en consecuencia, gana la sociedad canaria”.
NC afirma que esta sentencia contribuye a generar jurisprudencia respecto a las denuncias presentadas por parte de particulares contra la moratoria, ya que el Supremo “reconoce que debe prevalecer el interés general sobre las reclamaciones particulares”.
Una resolución que Nueva Canarias “espera que se repita en el caso de los procedimientos judiciales pendientes sobre este asunto”.
A su juicio, “la justicia da un portazo a la pretensión de algunos empresarios turísticos que han pretendido enriquecerse a costa de pleitear con la administración pública canaria sin que éstos hayan arriesgado, invertido y generado riqueza o empleo en las Islas, es decir, a cambio de nada”.
NC advierte, no obstante, de que “estas demandas fueron generadas a raíz del incumplimiento del Gobierno autonómico de Adán Martín y Paulino Rivero de la Ley de Directrices, que condenaron al olvido en un cajón y mantuvieron sin desarrollar, con lo que aplazaron sine die los derechos de los propietarios del suelo, tal como recogen numerosas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en contra del Ejecutivo autonómico”.
En este sentido, la formación política reitera que las sentencias del TSJC no condenan a la moratoria, sino el incumplimiento de ésta por parte del Gobierno de Canarias que estaba obligado a revisar la ley trienal que acabó en abril de 2006.
Por ello, considera que “de haber cumplido con su deber de revisar la Ley de Directrices, los servicios jurídicos del Ejecutivo autonómico no tendrían que emplearse a fondo en la defensa del interés general frente al de determinados empresarios turísticos”.
