El portavoz del PP en el Parlamento cobró comisiones de Grupo Europa
El pago de los honorarios de Jorge Rodríguez Pérez, por parte del administrador único de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, se hacía con dinero negro traído de Madrid por el empresario detenido el pasado miércoles dentro de la Operación Faycan. Antón Marín sacaba ese dinero de una promoción inmobiliaria de la capital de España, CP Soto del Duque. Eran grandes cantidades de dinero que, según obra en la investigación realizada por CANARIAS AHORA durante los últimos meses y judicializada por el magistrado García-Sotoca con las detenciones del miércoles, se destinaba “para pagar los favores políticos”.
El dinero en efectivo que tenía como principal destinatario en Canarias a Jorge Rodríguez fluyó de la Península a las Islas hasta finales de 2005, cuando Antón Marín dejó de traer grandes cantidades de Madrid y GC Europa SAU extraía directamente de su cuenta corriente en una sucursal de Caja Madrid en Las Palmas de Gran Canaria. Entre finales de 2005 y principios de 2006, esas cantidades de dinero extraídas de Caja Madrid “eran justificadas como pago de la nómina de Antón, que estaba sobre los 6.000 euros, y que realmente destinaba al pago de los servicios prestados por Jorge Rodríguez”, figura en la investigación del caso.
El propio Antón Marín comentaba en esa época en Las Palmas de Gran Canaria, ya que se jactaba de ello, que “Jorge Rodríguez estaba en su nómina”. Curiosamente, hasta que Antón Marín se vio en la necesidad de extraer dinero de su cuenta corriente para los pagos “de los favores políticos”, nunca antes había tenido una nómina como administrador de la filial canaria Gestión de Cooperativas Europa, SAU. Fue al cesar el flujo de dinero negro desde Madrid cuando se asignó una nómina de 6.000 euros.
El arquitecto Fernando Pons los puso en contacto
El primer contacto entre Jorge Rodríguez y el administrador único de Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, se produjo ya avanzado 2002 por medio de un arquitecto contratado por Antón Marín, Fernando Pons Bordes, hijo de la ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Brígida Rosa Bordes, una destacada militante del PP de Gran Canaria. Todo se debió a problemas burocráticos en la parcela 50 de Ciudad del Campo, que Rodríguez ayudó a desbloquear ante el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en el final del segundo mandato municipal de José Manuel Soria, actual presidente del Cabildo de Gran Canaria y candidato a la Presidencia del Gobierno de Canarias.
Desde entonces, según ha constatado CANARIAS AHORA, Jorge Rodríguez se convierte en el mejor relaciones públicas de la filial canaria creada por Antón Marín, Gestión de Cooperativas Europa SAU, que controla desde agosto de 2001 a la Cooperativa Canaria de Funcionarios a través de su promoción inmobiliaria en Ciudad del Campo, Residencial Laurislva.
La Cooperativa Canaria de Funcionarios y su gestora, GC Europa SAU, venden una política ficiticia de viviendas sociales en la capital grancanaria, con la presencia de concejales del nuevo grupo de gobierno de la actual alcaldesa Pepa Luzardo, como Carmen Guerra y Alejandra Fabre, en la promoción publicitaria de las seis fases de Residencial Laurisilva, de gran repercusión mediática en su día.
La llave para abrir puertas en los ayuntamientosEl negocio previsto por Grupo Europa en Canarias se centraba en las promociones de viviendas de protección oficial (VPO). Sin embargo, el nuevo equipo gobernante en Las Palmas de Gran Canaria en el área de Urbanismo, a través de la empresa municipal Geursa, con Felipe Afonso El Jaber al frente, nunca accedió a ampliar la colaboración que pretendía la inmobiliaria relacionada con Jorge Rodríguez, que a partir de 2003 y 2004, siendo ya diputado autonómico, encamina los pasos de Antón Marín hacia otros ayuntamientos populares de la isla.
El motivo principal del portazo del ayuntamiento capitalino a GC Europa SAU fue el talante de Antón Marín. Literalmente, colaboradores de su mercantil que intentaron un segundo acercamiento al Consistorio de Luzardo tras el primer intento fallido de Rodríguez Pérez, supieron que el empresario madrileño era visto “como un godo que se cree que aquí todavía estamos en taparrabos”. Alabar tanto al equipo técnico con que supuestamente contaba GC Europa para la asistencia a Geursa molestó muchísimo a políticos y funcionarios de Las Palmas de Gran Canaria.
Así, el diputado popular Rodríguez Pérez se convierte en la llave que abre las puertas de esos otros ayuntamientos grancanarios, al gestionar citas con alcaldes, concejales de Urbanismo, presidentes, consejeros delegados y gerentes de empresas de suelo y vivienda municipales, para dar a conocer las excelencias de la oferta de Grupo Europa, que pretende cerrar acuerdos de asistencia técnica para la promoción de VPO con las administraciones públicas a las que toca el alto dirigente del partido conservador presidido en Canarias por José Manuel Soria.
La lista de ayuntamientos a los que se dirige Antón Marín con la tarjeta de presentación de Jorge Rodríguez es amplia: después del intento fallido en Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Telde, Santa Brígida, San Bartolomé de Tirajana, Mogán, Tejeda, conocen la oferta de GC Europa SAU, incluso en Fuerteventura acceden a Pájara, gracias al pacto del PP con PSOE e IF que descabalga a Asamblea Majorera-CC del poder en 2003.
Una empresa de confianza para el partido
Jorge Rodríguez repite casi siempre el mismo guión: se limita a acudir al primer contacto de presentación con el administrador único de Grupo Europa, describe las grandes líneas de actuación en política de viviendas, la necesidad de cubrir esas demandas de la población, el rédito político que significa cara a la siguiente cita electoral, y oferta la mejor solución a sus interlocutores municipales: Gestión de Cooperativas Europa SAU, una empresa de confianza para el diputado y para el partido.
Después de ese primer contacto, Rodríguez Pérez desaparece de la escena cotidiana, en la que ya Antón Marín negocia directamente con los responsables municipales, tanto políticos como técnicos, los acuerdos de colaboración a suscribir en un futuro, como sucedió en Telde fundamentalmente con María Antonia Torres y en Mogán con Francisco González y Onalia Bueno.
Los contactos abiertos por Jorge Rodríguez Pérez a José Manuel Antón Marín sólo dieron sus frutos mediante acuerdos firmados en dos ayuntamientos de Gran Canaria: Telde y Mogán, escenarios posteriores de las operaciones policiales bajo mandato judicial Faycan y Góndola, por presuntos delitos de corrupción de sus grupos de gobierno respectivos: PP en Mogán y PP-AFV/Ciuca en Telde, si bien en otros ayuntamientos de Gran Canaria estuvieron a punto de cuajar, y si llegaron a cometer ciertas actuaciones ilícitas, pero estalló el caso Faycan el 1 de marzo de 2006 y no se firmó ningún contrato de asistencia técnica más.
