El presupuesto para Presidencia y Justicia crece un 14%

La Consejería de Presidencia y Justicia gestionará 380.002.234 euros en 2007, un 14% más que este año, y que destinará, entre otros asuntos, a reforzar la atención jurídica para inmigrantes indocumentados, mientras que el PP objetó que el presupuesto es “plano, incongruente y poco creíble”.

El titular de este departamento, José Miguel Ruano, dijo este miércoles en la Comisión parlamentaria de Presupuestos y Hacienda que las partidas presupuestarias para 2007 cumplen con los objetivos de modernizar la administración pública, mejorar la justicia y fortalecer los dispositivos de seguridad y emergencias.

Por el contrario, la diputada del grupo Popular Carmen Nirva Macías opinó que los presupuestos carecen de ideas, son inverosímiles y no ilusionan ni al consejero, que ha sido incapaz de establecer un programa nuevo y que en 2006 no llegará ni al 50% de ejecución.

José Miguel Ruano preguntó si la diputada popular conoce “a fondo” su psicología, replicó que tiene datos desfasados sobre la ejecución presupuestaria, que situó en un 95% y a final de año se ejecutará “casi en su totalidad”, y destacó el esfuerzo inversor en justicia y seguridad, con 180.598.975 euros.

Para la modernización de la administración pública se incluye una partida de 500.000 euros con el objetivo de desarrollar las oficinas de atención al ciudadano; 120.000 euros para el plan de informatización en los centros directivos; 2.286.257 euros para el programa de gestión del personal público y 728.000 para culminar la informatización de los juzgados canarios.

También se refirió Ruano a la partida destinada al Fondo Canario de Financiación Municipal, que asciende a 175.506.958 euros y que tiene como objetivo que los ayuntamientos puedan hacer frente a su saneamiento económico, inversiones y gastos de libre disposición.

El consejero destacó la partida de 2.419.073 euros consignada para el proceso electoral de 2007, y que podrá ser ampliada, y 1.385.926 euros en subvenciones para los partidos políticos.

12.500.000 euros para abogados

En cuanto al área de Justicia, habrá 12.500.000 euros para abogados y 1.250.000 para procuradores con el objetivo de reforzar los turnos de oficio ante la llegada masiva de inmigrantes indocumentados, al tiempo que se establecen 840.000 euros para un servicio de traducción e intérpretes para los detenidos que no hablen español.

Asimismo se ha creado una partida de 100.000 euros para equipamientos provisionales establecidos por Cruz Roja para atender a los inmigrantes.

También se han asignado 9.932.701 euros para el acuerdo con los sindicatos de la Administración de Justicia; 200.000 euros para los puntos de encuentro familiar, que se ampliarán a Fuerteventura y La Palma; y 120.202 euros al plan integral contra la violencia de género.

Además se destinarán 1.415.000 euros para el equipamiento forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria y 360.354 para crear un nuevo centro de asistencia a las víctimas del delito.

El consejero subrayó la partida de 20.575.000 euros prevista para el Palacio de Justicia de Gran Canaria, cuya construcción se podría iniciar en noviembre y se prolongará hasta 2010 con un coste de 96 millones, y que a juicio de Ruano es la obra más importante que se hará en Canarias en los próximos 50 años.

Asimismo se han asignado 2.100.000 euros para crear diez nuevas unidades judiciales; 1.063.853 para remodelar el edificio de Granadera, donde se ubicarán la mayoría de los juzgados dispersos en la capital grancanaria; un millón para el inicio de los juzgados de Vecindario y 7.386.286 euros para el Palacio de Justicia de La Laguna.

Se destinarán 675.000 euros para redactar el proyecto de la nueva sede del Tribunal Superior de Justicia en Santa Cruz de Tenerife.

En cuando a seguridad y emergencias, se destinan 8.692.490 euros para la actualización tecnológica del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 y la instalación de enlaces en La Gomera, La Palma, Fuerteventura y Lanzarote.

Otra partida de 383.000 euros se adjudica a la contratación de helicópteros de emergencias y además el Gobierno estudia nueva ubicación en las salas operativas del 112 en edificios inteligentes “a modo de búnker”, para lo que estudia dos opciones, una en Lomo Blanco en la capital grancanaria y otra en El Sobradillo en Santa Cruz de Tenerife.

Para el equipamiento de las policías locales se asigna 1.285.153 euros; otros 417.900 para las sedes de la Academia Canaria de Seguridad y una partida nueva de 480.000 euros se destinará a convenios con los ayuntamientos de las dos capitales canarias para que los agentes municipales ejerzan funciones de policía autonómica o análogos.

Esta iniciativa fue criticada por la diputada popular Carmen Nirva Macías, que calificó de “totalmente ilegal” el convenio propuesto en este ámbito, y aseguró que por este motivo no ha sido ratificado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, como ha hecho el de Santa Cruz, y exigió que pese a ello se asignen a la capital grancanaria los 240.000 euros correspondientes.

El consejero José Miguel Ruano pidió a la diputada “que se informe mejor”, negó que haya ilegalidad en este asunto y explicó que ha solicitado a la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Luzardo, que haga una contrapropuesta, por lo que se mostró convencido de que habrá acuerdo.

El portavoz del grupo Socialista, Francisco Hernández Spínola, afirmó que le preocupa el hecho de que en su opinión la Consejería “cada vez pesa menos” en el total del presupuesto autonómico, pues ha pasado de representar el 5,92 al 5,76%.

Hernández Spínola criticó además el que sigan aumentando los gastos de personal en las empresas públicas a pesar del discurso de racionalización y contención que defiende el consejero de Economía y Hacienda, José Carlos Mauricio, y objetó que las partidas en este ámbito no se corresponden “con las promesas y prédicas” del Gobierno regional.

El diputado del grupo Mixto Celso Betancor consideró que el presupuesto es “acertado”, fundamentalmente porque se ha hecho “hincapié” en incrementar la dotación en materia de emergencias a las islas no capitalinas