El proyecto de Ley de Participación Ciudadana, más cerca
El consejero de Presidencia y Justicia del Gobierno canario, José Miguel Ruano, anunció este lunes que el Ejecutivo espera presentar en la Cámara regional el proyecto de ley de Participación Ciudadana en el primer cuatrimestre de 2009, una vez concluya el proceso de debate abierto con las instituciones, colectivos sociales y económicos del Archipiélago.
Ruano, que compareció en la comisión parlamentaria de Gobernación, Justicia y Desarrollo, afirmó que se ha encontrado mucha receptividad en los diferentes encuentros desarrollados desde marzo para debatir el documento abierto que será la base del proyecto de ley que se presentará ante la Cámara para su trámite parlamentario.
El consejero estimó que a finales del mes de diciembre se puedan tener las bases de la redacción del proyecto de ley y que se pueda iniciar su trámite parlamentario en el próximo periodo de sesiones de enero a marzo.
Indicó que con esta norma se pretende dar respuesta en los tres niveles de la administración canaria (ayuntamientos, cabildos y Gobierno autónomo) a una democracia participativa directa, en el marco de la representativa que ostentan las instituciones.
“Hay condiciones para el acuerdo”
Frente a las críticas del PSC sobre la poca “confiabilidad” del Gobierno para impulsar esta ley a la vista de su “obsesión” por controlar la información, Ruano recordó que la participación ciudadana era uno de los cuatro grandes asuntos en los que Paulino Rivero invitó, en su discurso de investidura como presidente del Ejecutivo, al acuerdo de todas las fuerzas políticas. Una invitación sobre la que recordó todavía no se ha producido una respuesta del PSC.
Al respecto, estimó que actualmente, una vez superado los periodos electorales, “hay condiciones objetivas que pueden facilitar acuerdos, pero para eso hace falta que los gestos sean claros y la confianza entre los grupos políticos sea suficiente”, añadió.
En esta línea, y frente a la petición del diputado socialista Santiago Pérez de que el Estatuto de Autonomía regule que los medios públicos “no sean el instrumento de propaganda del Gobierno”, Ruano recordó que la actual ley fue desarrollada en 1984 ?bajo mandato del PSC- y consideró “posible y deseable” un cambio de los modelos de regulación, pero “para mejorar y no para que el discurso del PSC sea el que impere”, advirtió.
El consejero coincidió con Pérez (PSC) en que, aunque los procesos de participación ciudadana pueden ralentizar la toma de decisiones, generan “un mayor grado de adhesión posible” en torno a decisiones públicas que pueden tener una repercusión más allá de un mandato político.
“Hay grandes debates que en muchas ocasiones en esta comunidad, como las de grandes infraestructuras, que requieren un acuerdo colectivo colegiado lo más amplio posible y para ello se está procurando esta ley”, indicó Ruano.
Por ello, explicó que con esta ley se pretende adoptar foros y vías adecuadas para dar respuesta a las demandas de los ciudadanos, “y que éstos puedan tener opinión en las grandes decisiones”.
Destacó que Canarias es una de las primeras comunidades, junto a Cataluña, País Vasco y Madrid, que ha dado el paso para establecer procesos para la participación ciudadana, desde el debate “abierto y transparente”.
Así, recordó que para el desarrollo de la propuesta se han realizado varios encuentros para técnicos y representantes de las administraciones públicas, así como agentes sociales, económicos y ciudadanos, a los que se les ha presentado el documento abierto sobre las propuestas a recoger en la norma.
Gobierno “poco confiable”
El diputado del PSC, Santiago Pérez, defendió que si la participación ciudadana se desarrolla “con autenticidad”, se gana en el “respaldo y la cohesión” social en la toma de decisiones. Por ello, reclamó que las decisiones sobre el territorio y las infraestructuras se adopten en un “clima de máximo respaldo social”.
Sin embargo, se refirió a la falta de vías en los cabildos para la participación ciudadana ante decisiones comunes, que trascienden del ámbito municipal.
Mientras, indicó que en la comunidad autónoma hay algunos instrumentos importantes, como las iniciativas legislativas populares, pero que en muchas ocasiones son “desnaturalizadas” en la Cámara regional, donde son tomadas en consideración “son modificadas a fondo y salen totalmente diferentes de como entraron”, dijo.
Mejorar la relación con los ciudadanos
El diputado del PP, Miguel Cabrera, la base filosófica y jurídica de esta norma no ofrece dudas, pero defendió estos mecanismos de participación ciudadan siempre que sean un complemento de la democracia representativa que ostentan las administraciones.
La diputada de CC, Flora Marrero, destacó que esta será la primera “ley interactiva” elaborada por el Gobierno canario, dados los canales de participación abiertos por el Ejecutivo para la elaboración del documento.
Marrero dijo que la norma será pionera y esperó que motive a la ciudadanía a implicarse, al tiempo que recordó en las elecciones ha habido un bajo índice de participación “porque a lo mejor no hemos sabido transmitir esa ilusión desde los partidos políticos”.
Así, estimó que con esta nueva ley podrá haber un cambio en la relación entre la ciudadanía y los políticos,“y superar ese divorcio que, muchas veces se dice, existe entre ciudadanía y las instituciones”.
