El PSC pide el cese de Inés Rojas por ''desalojar'' a ancianos
La diputada socialista Francisca Luengo afirma que la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, debería “estar en la calle” por “desalojar y desatender” a los ancianos dependientes y enfermos a los que está “legalmente obligada” a atender.
Luengo realiza esta afirmación tras conocerse que una treintena de ancianos dependientes y enfermos con patologías mentales serán desalojados de la casa de acogida Hermanos de la Cruz Blanca de Las Palmas de Gran Canaria.
“La consejera, sabiendo que el centro no cumplía con los requisitos legales, en vez de realojar a los afectados en algunas de esos millones de plazas para personas dependientes de los que viene presumiendo desde hace mucho tiempo, ha preferido echarlos a la calle”, remarca Luengo, quien agrega que la medida es “de juzgado de guardia”.
La diputada sostiene que desde marzo de 2010, “cuando se detectaron irregularidades” en la casa de acogida, Rojas ha tenido tiempo de realojar a los ancianos y enfermos en otros centros de titularidad pública o darles una prestación vinculada a un servicio, a la que tienen derecho, para que pudieran estar en centros residenciales privados.
La candidata número dos al Parlamento por Gran Canaria subraya que los Hermanos de la Cruz Blanca “merecen el reconocimiento social de Canarias por una labor que llevan desarrollando desde hace 35 años” y porque han venido supliendo las obligaciones “que tendría que haber llevado a cabo el Gobierno de Canarias” con respecto a las personas dependientes.
Luengo recuerda a la consejera que a partir de 2007, con la aprobación de la Ley de Dependencia, la atención a estas personas ya no depende de la caridad de las órdenes religiosas o de las ONG, “ya que los cuidados son un derecho que deben prestarse desde los poderes públicos, cuya responsabilidad corresponde al Gobierno de Canarias”, aclara Luengo.
La parlamentaria socialista señala que Inés Rojas demuestra cada día “que no le importan” las personas en situación de dependencia, a las que tiene “obligación de atender, tal y como establece la ley estatal que tanto boicotea”.
Francisca Luengo aclara a los familiares de las personas afectadas por el desalojo que sufren por esta situación “que no se consideren indefensos”, pues tienen derecho a recibir una prestación vinculada al servicio “y a que sean realojados en un centro privado si no existe oferta pública”, destaca.
Por ello, sostiene, “que quien debería estar en la calle y fuera del Gobierno de Canarias desde hace mucho tiempo es la consejera de Bienestar Social, Inés Rojas”.
