El ansiado informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que la prensa ultra viene anunciando desde hace meses no parece haber aportado nada decisivo al magistrado instructor del caso Mascarillas en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Este lunes ha dado por cerrada la instrucción sin incluir en el listado de personas imputadas al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por la compra de material sanitario durante la pandemia por COVID durante su desempeño como presidente del Gobierno de Canarias.
En su auto de cierre de la investigación del caso, el juez Puente propone juzgar al ex ministro José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo García y al empresario y comisionista Víctor de Aldama por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Queda pendiente en manos del mismo magistrado la pieza en la que se investiga también a Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que está en prisión provisional por estos hechos desde junio.
La bautizada como operación Delorme, que dio origen a la instrucción en el Supremo, comenzó investigando si Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, cobró comisiones de contratos millonarios de venta de mascarillas a cambio de conectar a empresas de la trama con administraciones públicas. Los avances de la investigación permitieron descubrir que el propio Ábalos recibió contraprestaciones por las adjudicaciones a las empresas implicadas.
Una de las empresas investigadas en la causa es Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa, que entre 2020 y 2021 obtuvo un total de 12 adjudicaciones públicas que rozan los 53 millones de euros por la adquisición de material sanitario para hacer frente a la pandemia: mascarillas pero también agujas hipodérmicas y servicios de gestión para facilitar la entrada de todo en España. Algunos de estos contratos fueron pagados en parte con fondos europeos, lo que llevó a Anticorrupción a dar traslado a sus colegas de la Fiscalía Europea el verano pasado.
Prácticamente toda la prensa española ultra y de derechas lleva meses anunciando un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en la que supuestamente los agentes señalarían a Ángel Víctor Torres como agente decisivo de esa organización al menos en la venta de material sanitario a Canarias, además de otros acontecimientos sospechosos tales como el presunto proyecto de montar una refinería venezolana de hidrocarburos en Tenerife con la ayuda del entonces presidente de la Comunidad Autónoma. Hasta ahora, lo único conocido es que Torres intercedió para que el Servicio Canario de la Salud agilizara el pago de las facturas a Soluciones de Gestión por petición de Koldo García. Torres habló con subordinados suyos para que se produjeran esos pagos que se habían retrasadado.
Estos extremos no parecen haber despertado en el magistrado Puente especial atención porque no solo lo ha remitirlo a la Audiencia Nacional para otras investigaciones paralelas, sino que no ha incluido al actual ministro de Política Territorial y Memoria Histórica en ningún listado de sospechosos.