Santana Cazorla señala a Manuel Fernández como representante de Lyng
El empresario Santiago Santana Cazorla, propietario del 50% del grupo Anfi, confirmó este viernes en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias que siempre supo que Manuel Fernández, secretario general del PP, es diputado por esta formación y que, como miembro del consejo de administración de la empresa, representaba los intereses de “los noruegos”, en referencia al ya fallecido Björn Lyng.
Esta y otras afirmaciones han llevado al abogado de la acusación popular, José Manuel Rivero, a declarar que el empresario ha confirmado los cargos que pesan contra Manuel Fernández y José Manuel Soria en el caso salmón.
Santana Cazorla, que compareció en calidad de testigo en la causa por la que se investiga la participación de José Manuel Soria, presidente del PP y vicepresidente del Gobierno, y de Manuel Fernández en relación con la declaración de interés general de la urbanización Anfi Tauro, declaró que este último dirigente popular participaba y votaba en los consejos de administración de Anfi del Mar, incluso en los asuntos que tenían que ver con esas gestiones que se seguían ante el Cabildo de Gran Canaria (en los tiempos en que Soria era presidente) y ante el Gobierno de Canarias y el Parlamento regional, institución en la que Fernández sigue teniendo acta de diputado.
El empresario conocía los vínculos de Manuel Fernández con el grupo empresarial del que posee el 50%, pero ante la magistrada Margarita Varona dijo que esa vinculación en calidad de representante del empresario noruego Björn Lyng, cuya familia sigue siendo propietaria de la otra mitad de la compañía.
Fue Björn Lyng quien invitó al presidente del PP canario y vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria, y a su esposa, la procuradora de los tribunales María del Carmen Benítez, al viaje de placer realizado en agosto de 2005 a Salzburgo y a Noruega en el momento en que el Cabildo de Gran Canaria, que por entonces presidía Soria, tramitaba la declaración de interés general de la urbanización Anfi Tauro, trámite preceptivo para que se autorizaran nuevas camas turísticas y que tuvo su culminación en la primavera de 2007 en el Parlamento de Canarias, donde Fernández era diputado.
Manuel Fernández era uno de los representantes del PP en la Comisión de Ordenación del Territorio del Parlamento de Canarias, donde se aprobó por el procedimiento de urgencia el dictamen referente a la autorización de nuevas camas turísticas para Anfi Tauro dentro de las excepcionalidades previstas en la Ley de Moratoria. Curiosamente, el diputado entró a formar parte de esa comisión en 2005 en sustitución de Domingo González Arroyo, el mismo año en que empezaron a tramitarse las declaraciones de interés general de esa urbanización tanto en el Cabildo como en el Gobierno de Canarias.
Santiago Santana Cazorla dijo este viernes ante la juez y el fiscal anticorrupción que en todo momento supo que Manuel Fernández tenía la doble condición de representante de la familia Lyng y de parlamentario regional del PP, pero alegó que no conoce el contrato que unía al político con Anfi del Mar, contrato por el que Fernández recibía unos emolumentos a cambio de gestionar diversos trámites urbanísticos ante las administraciones públicas canarias y estatales.
A preguntas de la acusación particular, representada por la asociación Justicia y Sociedad, Santana Cazorla dijo no recordar si era Manuel Fernández el “Manuel” que él cita en las conversaciones intervenidas por la Policía en el marco de la Operación Góndola cuando se refiere a reuniones celebradas por él mismo y otros representantes de Anfi del Mar ante altos funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente para acelerar los trámites favorables a la autorización de camas en Anfi Tauro.
Sobre las ventajas obtenidas por José Manuel Soria en sus vacaciones en los complejos hoteleros de Anfi del Mar, el empresario se mostró esquivo en todo momento, pero pronunció dos nombres de políticos que también han elegido esos establecimientos para su descanso. En concreto, citó a José Segura (PSOE) y a Román Rodríguez (Nueva Canarias), sin asegurar que tuvieran trato de favor o no pagaran sus estancias.
