Los socialistas aprueban el PGOU en solitario
El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aprobó este miércoles de manera inicial la adaptación del Plan General de Ordenación (PGO) de la ciudad, con 15 votos a favor (PSC) y 11 en contra, nueve de los ediles del Partido Popular (PP) y dos de Compromiso, que con su postura ilustró la ruptura del pacto que sostenía con el PSOE desde 2007 y de cuyas responsabilidades ambos ediles dimitieron este martes.
El concejal de Desarrollo Urbanístico, Néstor Hernández, anunció que el documento volverá a exposición pública para que los interesados puedan comprobar las modificaciones del Plan aprobadas este miércoles.
Cuatro cuestiones centraron, sobre todo, las diferencias entre el Partido Socialista, Partido Popular y Compromiso: la primera, y más intensa, las Torres del Canódromo, el segundo, el plan parcial Tamaraceite Sur, la tercera el centro de Convenciones que irá emplazado en el Parque de la Música (El Rincón) y, por último, la estación transformadora de La Cícer (Guanarteme).
El documento que ha sido aprobado deja pendiente la situación del Canódromo a la resolución del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento, que en 2008 recibió el varapalo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulando la licencia que le fue concedida a una promotora para construir dos torres en Ciudad Alta.
El concejal de Ordenación del Territorio, Néstor Hernández, insistió una vez más, que se trata de un “problema” consecuencia del “urbanismo fallido” del Partido Popular y recordó que en caso de perder ante la máxima instancia judicial el proceso, José Manuel Soria “tendrá que salir en auxilio de la ciudad” para afrontar el pago de las indemnizaciones, que se estiman en 40 millones de euros.
Asimismo explicó que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente (Cotmac) “no es la primera vez” que “deja en suspenso” distintos ámbitos de un Plan General, a la espera, como este caso, de que los tribunales determinen la legalidad de la licencia concedida. El responsable de Urbanismo indicó que desde el consistorio se tomará “toda decisión” que “impida o aminore” el pago de “un solo euro” a los ciudadanos de la capital.
Esta posición es respaldada en parte por el PP, a pesar de que su portavoz en materia urbanística, Felipe Afonso, reconoció que no incorporar el solar al planeamiento de la ciudad con este Plan General genera una “indeterminación” que no es positiva, y apostó por ordenar ese área y motivar dicha decisión “desde el punto de vista del interés público”.
Los populares confían en que el Tribunal Supremo de la razón al Ayuntamiento y no a los vecinos, después de respaldar la “impecable” actuación del ex alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, José Manuel Soria. La portavoz popular, Pepa Luzardo, recordó la trayectoria del solar donde ahora se levantan las dos torres -a medio terminar- que hasta 1995 “era un vertedero” en el que Juan Rodríguez Doreste, dijo, “quiso edificar 600 viviendas”.
Por su parte, Nardy Barrios recordó que Escaleritas y Schamann son barrios “con pocas dotaciones públicas” y lamentó de que a pesar de que los tribunales hayan anulado la sentencia de las dos torres del Canódromo, el actual PGO siga manteniendo la posibilidad de incluirlas en ordenación si el Tribunal Supremo da la razón al Ayuntamiento.
“La sentencia no dice que sea un problema formal”, enfatizó la ex concejal de Fomento, “dice que rompe el modelo de ciudad” y supone “un aprovechamiento lucrativo” además de ser “desproporcionadas” para su entorno. Estos argumentos le valieron para justificar su votación contraria del PGO y a lanzar un claro mensaje: “Existen [según la sentencia] indicios de desviación de poder y de que no se ha obtenido la mejor ordenación posible”, motivo por el que ya ha anunciado que su partido acudirá a los tribunales.
Otros debates
Junto a las Torres del Canódromo, la estación transformadora de La Cícer provocó algunos de los debates más acalorados, sobre todo entre los antiguos socios de gobierno (PSC y Compromiso). “¿Quiere que cortemos la luz a una de las áreas más importantes de la ciudad?”, le espetó Néstor Hernández a Nardy Barrios, en referencia a Guanarteme y ante la posibilidad de que el consistorio precinte dicha infraestructura por estar fuera de ordenación.
Hernández recordó que “han cumplido con el compromiso” de proponer una situación alternativa a la actual, pero se trata de una infraestructura compleja de desplazar, entre otros motivos, por las restricciones, según explicó, que impone la Ley del sector Eléctrico. En este sentido, remitió a Barrios a que sea un tribunal la que determine si está fuera de ordenación o no dicha instalación, cuyo traslado implica un coste aproximado de 20 millones de euros.
