Solo 23 taxistas acceden a ceder su licencia a SCTF
El Ayuntamiento ya ha elegido el nombre de los 23 taxistas que se han acogido a la propuesta de recibir 40.000 euros a cambio de que cedan su licencia, lo que supone un tercio de los 60 que en principio se pretendían retirar de las calles.
Esta era de las medidas consensuadas con el sector con el fin de reducir las 1.087 licencias que están en vigor y que suponen el doble de lo que está permitido según las normas existentes que fijan el número de coches por mil habitantes. A la vez desde el Ayuntamiento se están probando otras alternativas como obligar a que cada conductor descanse un día entero o lo haga doce horas. En el primer caso se conseguiría retirar en cada jornada 36 coches, lo que junto con los que han vendido sus licencias sumarían 60 menos. La segunda altenativa de obligar a descansar doce horas supondrá retirar 73 por jornada más las 23, lo que implicaría que 100 taxis menos transitaran por las calles. Unas cifras que incluso en el escenario más favorable resultan aún muy lejanas para poder cumplir los ratios que establece la legislación.
Pese a que desde hace años el sector viene demandando que se les pagara por retirar las licencias, lo cierto es que la mayoría de ellos prefieren mantenerse en activo ya que en principio se les ofrecieron 60.000 por su autorización. Además, muchos ni siquiera se fían de los plazos que desde las administraciones se les han dado para abonarles las cantidades comprometidas. En este primer grupo se incluyen los conductores jubilados, los que padecen enfermedades crónicas y las viudas.
Sin embargo, el objetivo del Ayuntamiento era bastante más ambicioso y esperaba que en el plazo de tres años se pudieran eliminar al menos 60 licencias. Si la situación de este sector ya era de por si desesperada, una vez que entró en funcionamiento el tranvía se ha vuelto insostenible y ello a pesar, -o tal precisamente-, por ofrecer las tarifas más bajas de toda España. El origen de esta sobresaturación se sitúa a principio de la década de los años ochenta cuando el Ayuntamiento gobernado por Manuel Hermoso decidió conceder las autorizaciones sin tener en cuenta las limitaciones del sector del transporte en el municipio.
Las normas para aprobar esta retirada de coches de las calles quedaron aprobadas en una Junta de Gobierno celebrada el pasado mes de marzo. Cada una de esta autorizaciones tiene un coste de 40.000 euros que serán abonadas a sus titulares a razón de 13.333 euros por ejercicio. A partir de ahora se abre el camino para la adaptación del número de licencias en el municipio capitalino a las ratio de 2,5 taxis por cada millar de habitantes que establece la normativa, una cifra que ahora mismo se dobla. El proceso estaba previsto que supusiera un desembolso entre 2012 y 2014 que sumaría un total de 2,4 millones. De esta cantidad, el Consistorio iba a poner 1,5 millones y el Cabildo los 900.000 euros restantes. Aunque ahora las cifras variarán al ser menor el número de taxistas que se acogen a la inicaitiva.
La entrega de la ayuda para abandonar la actividad profesional del sector del taxi estará condicionada al cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que destacan tener 58 o más años, ser titular de la licencia municipal de autotaxi de forma ininterrumpida durante los últimos diez años, estar dado de alta como autónomos y comprometerse a abandonar la actividad en nombre propio y sin tener la posibilidad de adquirir en el futuro una nueva licencia. Requisitos que según apareció publicado el pasado lunes cumplen este primer grupo de conductores.
Los criterios de selección para la retirada de estos 60 vehículos de las calles de la capital, por su parte, primaban de manera prioritaria la declaración de incapacidad permanente absoluta o total para el desempeño de la profesión habitual. Del mismo modo, valoran el reconocimiento de la situación de jubilación por edad, la mayor edad de los taxistas que soliciten acogerse a estas ayuda y el estado civil de viudedad por cónyuge de licencia municipal de autotaxi. A parte de esta medida también se está probado el sistema de obligar a los conductores a librar. Así en principio se ha probado por un lado a establecer turnos de doce horas y por otro a fijar un día de descanso. Cuando acabe la experiencia que durará dos meses para cada una de estas alternativas el Ayuntamiento junto con los representantes del sector decidirán cuál es la más conveniente para mantenerla en el futuro.
