Los cabildos de Tenerife y Gran Canaria han aprobado en sendos plenos celebrados este viernes la aplicación, a partir del próximo año, del llamado céntimo forestal, un nuevo impuesto que grava con un céntimo el repostaje de combustible a los conductores de ambas islas (exceptuando a los profesionales) y cuya recaudación, en teoría, se destinará a políticas de conservación mediambiental.
En Tenerife, ha salido adelante con los votos de CC y el PP, y el rechazo de PSOE y Vox; mientras, en Gran Canaria, el PP ha votado en contra y el PSOE, a favor.
El vicepresidente del Cabildo tinerfeño, Lope Afonso (PP), ha dicho no entender las críticas de los socialistas cuando en esta legislatura se ha subido hasta en 97 ocasiones los impuestos por parte del Gobierno central y han “planteado reventar literalmente a los autónomos”, e incluso a nivel regional e insular han intentado impulsar una ecotasa que pagarían los residentes. No ha explicado, sin embargo, por qué el PP y CC se oponen a aprobar una tasa turística que grave las pernoctaciones en alojamientos turísticos pero sí están a favor de gravar con un nuevo impuesto a los conductores. De hecho, ambos partidos se presentaron a las elecciones de 2023 prometiendo bajadas de impuestos, especialmente una bajada del IGIC del 7 al 5%, cosa que, bajo diferentes pretextos, han evitado hacer hasta ahora. Es más, el partido de Afonso, el PP, ha llegado a señalar que rechazaba la tasa turística porque no quería “saquear” a los canarios, mientras ahora aprueba este nuevo impuesto.
Afonso ha resaltado que en Gran Canaria el PSOE está a favor de la medida, obviando que su propio partido, en la isla vecina, está en contra, como también lo está el Ayuntamiento de Santiago del Teide, en Tenerife, gobernando por el PP, que planteó alegaciones. Sin embargo, ante esto ha señalado que “no estamos ante regímenes castrenses, sino ante partidos políticos que admiten la discrepancia”, excusando esí una incongruencia que él mismo ha reprochado al PSOE.
El portavoz del Grupo Socialista, Aarón Afonso, ha comentado que se trata de un impuesto “injusto e innecesario” que cuenta con el rechazo de varios ayuntamientos y ciudadanos y no entiende que los tinerfeños aporten “casi cinco millones de euros anuales” cuando se han dejado de ejecutar en los presupuestos del Cabildo más de 365 millones de euros, más de 28, concretamente, en estos dos últimos años para proteger el medio ambiente. Es decir, que hay dinero que no ha llegado a utilizarse en las arcas públicas del Cabildo.
“No hay una necesidad presupuestaria y por otro lado consideramos que es injusto porque han decidido que los tinerfeños y tinerfeñas sean los que paguen la cuenta que son al final los que se ven obligados mayoritariamente a desplazarse en la isla y utilizar su vehículo privado porque no tienen una alternativa”, ha agregado.
El PP en Gran Canaria, en contra
En la isla vecina, sin embargo, el PP ha argumentado su negativa al llamado céntimo verde en que es “un engaño”, ya que el grupo de gobierno lo que persigue es incrementar los ingresos porque “se han gastado el dinero a diestro y siniestro” y están obligados por el Plan Económico y Financiero aprobado este año sin el apoyo del grupo popular y que ha calificado de “disparate”.
El consejero de Hacienda y Emergencias del Cabildo, Pedro Justo, ha defendido este incremento en los combustibles, que ha recordado que fue autorizado por el Gobierno de Canarias del que forman parte el PP y CC, por lo que ha señalado al portavoz popular, Miguel Jorge Blanco, que su posición es contraria a la de su partido, que dio su apoyo a esta tasa ambiental.
Además, ha recalcado que “no tiene nada que ver con el desequilibrio financiero”.