Los Verdes piden a la nueva Ejecutiva del PSC que aborde ''las responsabilidades políticas por Varadero''
Los Verdes-Grupo Verde de Tenerife han pedido a la nueva Ejecutiva “surgida del XI Congreso del PSOE o del próximo Congreso insular que depure responsabilidades políticas a la vista de las últimas informaciones sobre la actuación administrativa del Gobierno y del Cabildo en el expediente del plan parcial El Varadero, en relación con la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito de tráfico de influencias y prevaricación atribuido a la gestión del anterior grupo de gobierno del PSOE en El Rosario”.
El portavoz de Los Verdes en Tenerife, Octavio Hernández, recuerda que la consejera insular Ana Lupe Mora, compañera de Santiago Pérez en el Cabildo de Tenerife, es una de las personas denunciadas por la Fiscalía en su condición de concejala de urbanismo la pasada legislatura.
Hernández considera que “los datos e informaciones publicados, contrastados con documentos oficiales, demuestran una connivencia escandalosa entre el equipo del PSOE en el ayuntamiento de El Rosario, con su alcalde Macario Benítez como cabeza visible, y el aparato burocrático y político de ATI en la administración autonómica e insular”.
El portavoz verde recuerda las palabras del Secretario de Organización del PSOE, José Blanco, el 23 de octubre de 2006: “A todos los cargos públicos sobre cuya conducta existan indicios racionales de criminalidad o sospechas fundadas de actividades irregulares relacionadas con el ejercicio de su función, les exigiremos inmediatamente que abandonen su cargo”, especialmente en los casos de irregularidades urbanísticas.
Los Verdes-Grupo Verde aplaudieron en noviembre de 2007 la iniciativa del PSOE de Tegueste de remitir a la Fiscalía el expediente administrativo del plan parcial El Codezal.
Octavio Hernández estableció públicamente en septiembre de 2007 que existen “concomitancias y coincidencias en el modus operandi y el procedimiento de aprobación por silencio administrativo positivo en la actuación de promotores, asesores y grupos de gobierno en los planes parciales de El Varadero (El Rosario), El Codezal (Tegueste) y Hacienda Santa Lucía (Puntallana) y en la evasión del control de la COTMAC para evitar su anulación”.
Hernández ha valorado muy positivamente que “todos estos casos estén hoy camino de la oportuna fiscalización para que los tribunales fallen sobre su legalidad y sobre las actuaciones de los responsables públicos”.
