Zerolo y Guillermo Núñez, al banquillo por el García Cabrera
El ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, afronta ya la recta final del que será el primero de los juicios por corrupción de cuantos le están aguardando. El Tribunal Supremo ya ha dado por concluida la fase de instrucción del caso García Cabrera, el viejo instituto de Ofra reconvertido en oficinas municipales gracias a unas obras que no se sometieron a la legalidad vigente, según la denuncia de la Fiscalía que ha prosperado hasta estar en la antesala de juicio oral.
Junto a Miguel Zerolo habrá de sentarse en el banquillo el que fuera entre 2003 y 2006 su primer teniente de alcalde, Guillermo Núñez, que ha resultado imputado de modo imprevisto después de que la defensa del ex alcalde y hoy senador por la Comunidad Autónoma pidiera su comparecencia como testigo. Dice el auto del Supremo, conocido este viernes, que a la vista del escrito de la defensa de Zerolo, el ex viceconsejero de Bienestar Social debía declarar como imputado, y como tal ha llegado hasta el final de la instrucción.
El tercer imputado es el ex director general de Coordinación del Ayuntamiento de Santa Cruz, Joaquín Castro.
A todos ellos se les atribuye formalmente la comisión del delito de malversación por las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz a partir de 2005 en el antiguo instituto García Cabrera, en Ofra, para destinarlo a nueva sede de las dependencias del Ayuntamiento dado el mal estado en el que se encontraban las ubicadas en General Antequera, junto a la sede central. Lo que comenzó como una obra menor y por lo tanto sin tener que someterse a los estrictos controles que implicaban entre otros, la convocatoria de un concurso público, se convirtió al final en una actuación en toda regla en la que para sortear los requisitos legales se fue procediendo a sucesivas adjudicaciones por importes pequeños.
Las primeras partidas no superaban los 300.000 euros, pero finalmente sumaron casi 6 millones a través de empresa beneficiaría fue Imes que desde hacía años se encargaba del mantenimiento de los edificios municipales y sobre todo de la electricidad, lo que levantó aún más las sospechas de los denunciantes.
Pese a que el alcalde se escudaba en que siempre hizo caso a las recomendaciones de los técnicos lo cierto es que poco tiempo después de iniciarse las obras comenzaron a emitirse sucesivos informes por parte de Intervención poniendo todo tipo de reparos al sistema que se estaba empleando. El exalcalde de forma invariable hacía caso omiso las advertencias legales y optaba por continuar con las obras. Según los denunciantes, Zerolo avaló facturas que oscilaban entre los 120.000 y los 270.000 euros con el fin de sortear los controles legales.
En su auto de apertura de juicio oral, el magistrado instructor, Luciano Varela, resalta que Guillermo Núñez “declaró que despachó con el alcalde aforado sobre los problemas del edificio administrativo de la sede central del Ayuntamiento, que supuso para el declarante ”una enorme responsabilidad por tener que solucionarlo“. Y optó por la remodelación del edificio educativo desafectado en que, al fin se iniciaron las obras. Afirma que sobre la solución despacharon el declarante y el alcalde aforado. Fue el declarante quien hace la encomienda a la empresa que tenía contratado con el Ayuntamiento trabajos de ”mantenimiento“, aunque protesta no recordar quien da la orden a la empresa, sin excluir fuera él. Admite realizar visitas varias a la obra durante su ejecución. Hasta su cese den julio de 2006”.
Dice el magistrado que Núñez ha admitido que “para esas obras no existía proyecto alguno. Y que, pese al primer reparo de Intervención, una vez levantado éste ”la forma de trabajar y facturar siguió siendo la misma“. Además, dice, ”admitió que firmó el Decreto propuesta sobre el pago del gasto que se le exhibió“. De ahí su imputación en la causa.
En el caso de Joaquín Castro, el auto del Supremo dice que reconoció en su declaración “que solicitó el informe de Asesoría, y que lo hace por indicación de D. Guillermo [Núñez]. Y que, ya en julio del año 2006, él emite un informe en el que advierte que el cargo de las facturas de la obra no pueden imputarse al capítulo de mantenimiento”. Además, Castro “reconoce la autoría, o, al menos, supervisión y visto bueno de los informes por los que se levantó el reparo que ponía la Intervención de Fondos. Era a la sazón director general de Coordinación, Participación Ciudadana y Servicios Desconcentrados, cargo para el que fue propuesto por el Concejal de Gobierno en noviembre de 2005”.
Ahora se abre el periodo para que las partes hagan sus escritos de acusación y las defensas opten por sus derechos para, acto seguido, fijar la fecha de celebración del juicio en el Supremo.
