Zerolo no tiene fecha para instar en la vía civil la devolución de los 52,4 millones de euros
Miguel Zerolo y su grupo de Gobierno en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no tienen fecha para presentar ante la jurisdicción civil la devolución por la compraventa del frente de playa de Las Teresitas, anulada por el Tribunal Supremo en una sentencia dada a conocer este lunes, que ratifica a su vez la nulidad de esa operación urbanística, ya dictada hace dos años.
Fuentes jurídicas señalaron a CANARIAS AHORA que tras el último fallo del Supremo, los servicios jurídicos del Ayuntamiento deberían “instar ya mismo” la acción civil para que los propietarios de Inversiones Las Teresitas (ILT), Ignacio González y Antonio Plasencia, devuelvan los 52,4 millones de euros por lo que el Ayuntamiento les compró los terrenos sin que se respetase el procedimiento para la adjudicación de su precio.
El abogado Felipe Campos, que representa a una parte de los vecinos afectados por la venta de sus propiedades en Valle Las Huertas, señala que esta sentencia del Supremo no incide en ese “segundo pelotazo urbanístico”, pese a ser una de las patas del gran proyecto de urbanización de Las Teresitas, anulado en sesión plenaria por el Ayuntamiento de Santa Cruz, resolución que a su vez Miguel Zerolo intenta impugnar en los tribunales.
Según Campos, si los servicios jurídicos del Consistorio no instan “antes de dos meses” en la jurisdicción civil los 52,4 millones de euros por los que el frente de playa fue comprado por ILT “podríamos estar ante un nuevo caso de prevaricación por parte del alcalde”.
Asimismo, la ratificación del Supremo guarda relación “pero solo indirecta” sobre la polémica que se cierne en torno al macroedificio levantado al pie de la playa, bautizado como mamotreto, mientras el juzgado de Instrucción 3 de Santa Cruz no resuelva si es o no pieza de convicción, asunto que ya llevaba seis meses en el aire y que ahora se dilatará más, hasta que se resuelva el recurso Contencioso-Administrativo interpuesto por Zerolo y su equipo de Gobierno para anular el acuerdo con el que se aprobó echar por tierra el edificio y todo el proyecto Perrault para la urbanización de la playa.
