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El sistema electoral canario: todos quieren cambiar la llave del Parlamento

Papeletas electorales.

Fernando Del Rosal

Las Palmas de Gran Canaria —

Todas las formaciones quieren cambiarlo, pero el sistema electoral canario permanece tal y como lo dejaron el gobierno autonómico de Coalición Canaria (CC) y el Gobierno del Partido Popular (PP) y José María Aznar en 1996. La cuestión de su modificación siempre ha estado presente, y claro, un sistema electoral es la llave del poder, en este caso la del gobierno de la autonomía canaria. Cabe citar aquí que el Estatuto de Autonomía de Canarias proclama que el Parlamento es el órgano que representa al pueblo canario, titular del derecho a autogobernarse, y que por ello en él se toman las decisiones políticas más importantes: la elección del presidente del Gobierno y la aprobación de las Leyes, entre las que destaca la Ley del Presupuesto de cada año.

El sistema canario para entrar en el Parlamento autonómico se configura así: la Cámara regional está compuesta por 60 diputados. La circunscripción electoral es la isla. A su vez, cada circunscripción tiene su propia asignación de diputados. De acuerdo con esto, corresponden 15 a Gran Canaria, 15 a Tenerife, ocho a La Palma, ocho a Lanzarote, siete a Fuerteventura, cuatro a La Gomera y tres a El Hierro. Así mismo, en el Estatuto de Autonomía, aprobado en 1982, se establecía un doble tope electoral, tanto insular como autonómico, para acceder al Parlamento. Debería superarse el 20% de los votos insulares y el 3% de los autonómicos. Existen dos vías para cambiar las reglas. Una es la reforma estatutaria, la otra es aprobar una ley en el Parlamento Canario con una mayoría de dos tercios (40 votos de entre 60 totales).

En 1996, se operó un cambio en el Estatuto en el Congreso de los Diputados, con la oposición de gran parte del espectro político, por el que estas barreras ascendían a un mínimo del 30% de votos a nivel insular y del 6% a nivel regional. CC se forjó en base a los primigenios partidos independientes y pequeños que surgieron en las distintas islas del Archipiélago, cuya representatividad no alcanzaba a otorgarles puestos de poder por los escollos que suponen las barreras electorales, sobre todo insulares y más allá de la barrera regional del 3%, al principio, y del 6% tras la modificación, que superaron con holgura al agregar los apoyos antes dispersos sobre la línea de una agrupación autonómica.

“La doble C” se erige desde 1993 e ininterrumpidamente en partido gobernante de la Comunidad Autónoma Canaria tras acceder a él moción de censura mediante al gobierno de Jerónimo Saavedra, al frente del Partido Socialista (PCOE), que duró un año. Como el propio Saavedra declaró en 2013 para el programa periodístico independiente Awante! “se plantea el cambio del estatuto canario en el 96, pero no se varió el número de diputados del parlamento canario”. El actual Diputado del Común recordaba también el recurso de inconstitucionalidad del PSOE contra la medida bilateral CC-PP a nivel nacional, y que “el Tribunal Constitucional se lavó las manos y dijo que le correspondía al Parlamento” decidir. Saavedra desentrañaba en el citado programa los motivos radicales del problema de la “desproporción entre el número de diputados que se eligen y la población”, un problema que “viene del Estatuto del 82 y del 'Pacto de Medinaceli', el fomento de la batalla interinsular” y entre capitales “que produjo desconfianza entre grandes y pequeñas y que forzó la ley”, una ley “producto del franquismo y el centralismo tanto estatal como regional y el mal estado de las islas menores”. El socialista recuerda así mismo la alteración del Estatuto en el 96 y cómo “en el avión de camino a Madrid se consensuó un aumento de las barreras que se aprobarían en el Congreso del 20% al 30%” en un pacto entre José Carlos Mauricio, portavoz de Coalición Canaria, que apoyaba junto a otros grupos nacionalistas al Gabinete Aznar en el Gobierno de la nación, y Mariano Rajoy, por entonces ministro de Administraciones Públicas“.

Una vez aclarado el contexto histórico y el establecimiento del sistema electoral a nivel institucional, es de recibo mencionar las reacciones ciudadanas contrarias, que primordialmente se materializan en la plataforma Demócratas para el Cambio. Tal y como lo describen en su página web, la plataforma surge cuando “ciudadanos y organizaciones de todos los ámbitos de la sociedad canaria nos reunimos en los salones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria el 5 de mayo de 2011, para manifestar nuestro rechazo al actual sistema electoral canario y exigir su reforma inmediata. Este rechazo y demanda de Reforma Electoral ha tenido que hacerse por medio de un Manifiesto, porque los partidos políticos de todos los colores que han tenido representación en nuestro Parlamento, han postergado durante 29 años - siete legislaturas -, esta muy necesaria reforma con todo tipo de excusas y dilaciones”. Esta plataforma denuncia también la Ley de Iniciativa Legislativa Popular, que prohíbe a los canarios en su artículo segundo llevar a la Cámara una proposición de ley de reforma del régimen electoral. “Desde luego, no parece esta la manera de promover la democracia en Canarias. Y tampoco parece que sea una señal de alto carácter democrático exigir dos tercios del Parlamento para acometer este tipo de reformas”. Por ello reclaman que “no puede exigirse superar el 30% de los votos para que se tenga derecho a acceder a un escaño, ni que por supuesto se pueda tolerar que a una minoría poblacional del 17% se le asigne la mitad de una Cámara”, y sentencian:“Estos dos hechos son singulares de Canarias, no se conocen precedentes ni casos similares en democracia alguna”.

“No me extraña la respuesta de Coalición, sorprende la del PSOE”

“La nuestra es una propuesta de ley a la que luego se la puede enmendar, estamos abiertos a las enmiendas. Nosotros hemos puesto el 5% porque es la barrera de Cabildos y Ayuntamientos y es fácil de explicar, pero no tendríamos ningún inconveniente en que el mínimo sea del 3%”. Román Rodríguez, presidente de Nueva Canarias (NC) y parlamentario autonómico critica directamente a Coalición Canaria y su llamada a la consulta política sobre el tema del petróleo, en contraposición al rechazo de la propuesta de NC, lo que, según el político licenciado en medicina, “pone en evidencia una contradicción absoluta, nunca se creyeron la democracia representativa, se van a creer la democracia más participativa”. “No me extraña la respuesta de Coalición, sorprende la del PSOE”, dice Rodríguez, y añade que “ahí manda Coalición Canaria y el Partido Socialista se ha doblegado claramente a los intereses de Coalición”

El líder de la formación de raigambre palmense sabe que “modificar la distribución de los diputados es difícil” y afirma que están dispuestos “a hablar de lo que ellos denominan circunscripción regional o canaria, nosotros pretendíamos un gesto”. Subraya en que con la bajada de las barreras electorales en cada isla “no le quitas nada a nadie, sólo incentivas la participación y puedes permitir que partidos que estén fuera entren” y aduce que este sería el pilar básico para un acuerdo de mínimos entre las formaciones políticas. “Nosotros hablamos de poner más diputados a Gran Canaria y Tenerife y eso rompe la triple paridad, podría ser más discutible, lo que es indiscutible es bajar los topes, ¿a quién perjudica bajar los topes? Dicen que no cambian las cosas, pues bájelos. También dicen que si bajáramos los topes al 5% como en ayuntamientos y cabildos, habría más o menos la misma representación”, declara el parlamentario autonómico parafraseando los argumentos que dice recibir de parte del Gobierno canario. “Coalición no va a cambiar nunca el sistema electoral porque gracias a él hegemonizan la política canaria y mantienen la unidad interna. Con la rebaja de los topes, los majoreros y los palmeros no necesitarían a ATI (Agrupación Tinerfeña de Independientes) para presentarse a las elecciones”, comenta Rodríguez, que recupera la crítica a la preponderancia de los chicharreros entre los cuadros de CC que él mismo criticó cuando militaba en las filas que ahora lidera Paulino Rivero, presidente de Canarias. El político también avisa: “Todas las encuestas plantean nuestro avance, por eso la propuesta no nos beneficia, a nosotros nos beneficiaría una distribución más proporcional, porque cada escaño que sacábamos en el 2011 representaba 27.000 votos, los que sacó el PP representó 12.000 votos, del PSOE, en torno a 11.000 votos, y de Coalición 10.000 votos. Para tener un escaño hemos tenido que triplicar el número de apoyo. Con la bajada de los topes no mejoramos nuestra representatividad, lo haríamos con la otra reforma, la de la proporcionalidad”.

Yo ya lo dije...

“En el 2000 se creó un grupo a propuesta mía, fui yo quien propuso crear un grupo de trabajo de todas las fuerzas políticas y por allí pasaron Izquierda Unida Canaria, Los Verdes, el Partido Nacionalista Canario para debatir en el parlamento. Las leyes se hacen en los parlamentos (se refiere al canario) y se necesitan 40 votos para aprobarla, y fracasó”. Román Rodríguez, autor de estas palabras, hace memoria: “Ha habido tres intentos de modificación y los tres fracasados, pero al menos los tres se debatieron ente las fuerzas políticas y entre los expertos, en el año 2001-2002, tuvimos una comisión de debate de este tema muy interesante, muy controvertida, en 2009 los socialistas lo intentaron con una propuesta igual que la nuestra que se admitió a trámite y luego decayó cuando el PSOE cambió la dirección del grupo parlamentario con la salida de Juan Fernando López Aguilar y Santiago Pérez”. “Nosotros hemos vuelto a reabrir el tema en el momento que creemos más necesario, porque ahora, el sistema político, el sistema de representación en el ámbito institucional, este modelo de representación está muy en crisis, por la corrupción, por la crisis económica”. La propuesta de NC parte “sobre la base sólo de bajar los topes (barreras electorales), porque no pudimos conciliar un acuerdo antes. Esto lo llevamos en el programa electoral, lo planteamos en el debate de investidura, todos respondieron que estaban dispuestos a hablarlo. Enviamos dos cartas al resto de los grupos para hablar sin condiciones de este tema, no respondieron entre 2012 y 2013, y al final hemos presentado la iniciativa en solitario. Ni siquiera han permitido su tramitación, cosa que sí se hizo en el 2001 y se hizo en el 2009”, denuncia Rodríguez que rememora cómo entonces “no fue posible porque no había mayorías políticas”.

El líder de NC justifica que él ejerciera como presidente del Gobierno de Canarias con un sistema que ahora critica: “Los socialistas han gobernado 20 años en España con Felipe González y Zapatero, habría que pensar que como no lo resolvieron todo no deben volver a gobernar nunca. Todos hemos sido elegidos por este sistema, por lo que ninguno podríamos criticarlo, es un argumento mediocre y propio de los que no están dispuestos a cambiar nada, no porque no lo piensen sino porque no les dejan”.

Lo que dice cada partido

En la tesitura de cambiar o no cambiar las reglas del juego para entrar en el Parlamento de Canarias, las formaciones isleñas se decantan por el cambio, cada uno con sus particularidades; y sin embargo este no se ha operado desde la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias pactada en 1993 entre Coalición Canaria y el Partido Popular, cuando José María Aznar era el presidente del Gobierno. Es este partido, a cuya cabeza en Canarias se encuentra el actual ministro de Industria, Energía y Turismo, el grancanario José Manuel Soria, el único que no se ha prestado a ofrecer su versión al respecto del sistema electoral canario.

“Hacer una circunscripción regional y otra por islas”

El parlamentario regional del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Emilio Mayoral explica cómo su partido defiende la creación de una circunscripción regional, para lo que se debe reformar el Estatuto de Canarias, que sólo contempla una circunscripción de tipo local, por isla. Con la reforma, los socialistas aspiran a que se pueda elegir diputados a nivel regional en una sola lista, además de por islas en las listas insulares que ya existen, según dicen desde el partido, “con el propósito de fortalecer la idea y la sensación de que los canarios somos un único pueblo, y no la mera suma de siete pueblos distintos”. Esta lista regional sería votada por todos los canarios y a partir de ella se dilucidaría el candidato ganador a la presidencia de la comunidad autónoma.

El parlamento según el PSOE, tendría 70 diputados: 10 se elegirían en la circunscripción regional con una persona un voto, y 60 en la circunscripción insular, donde la proporcionalidad estaría sujeta a la territorialidad y la población de cada isla, como hasta ahora. “Es una forma de que exista una representación territorial por Isla y otra por población”, aclara Mayoral, que dice conjugar así el tema de la territorialidad con el del desfase poblacional entre islas mayores y menores. En cuanto a los diputados por isla, se adjudicarían de la siguiente forma: 15 diputados por Gran Canaria y 15 por Tenerife, ocho por Lanzarote y ocho por La Palma, siete por Fuerteventura, cuatro por la Gomera y tres por El Hierro. Un ciudadano grancanario votaría, pues, a los diputados que se presenten por su isla (15 en el caso de Gran Canaria) y luego elegiría entre las diferentes listas a los 10 aspirantes que se presentaran en la lista regional.

“Esta propuesta, que defendemos desde hace 15 años, no la han negado los demás partidos. En un debate reciente en el Parlamento un portavoz popular dijo que podría ser que se ajustase la reforma del estatuto e esta línea, que se pudiera crear la circunscripción regional”, recuerda el parlamentario Mayoral, quien sostiene negociar sólo la rebaja de las barreras electorales no es suficiente, que habría que reformarlo de pleno e incluir la modificación de la proporcionalidad en la representación por islas y materializar la susodicha circunscripción regional con 10 diputados. En cuanto a las barreras, “proponemos bajar del 30% al 15% a nivel insular y del 6% al 3% a nivel regional, una rebaja del 50% de las barreras electorales”, finaliza el parlamentario.

Sobre la reforma del 96, dicen los socialistas que “Coalición Canaria y el Partido Popular modificaron el sistema para empeorarlo definitivamente. Lo hicieron con plena conciencia y a su entera conveniencia”.

“Erradiquemos la barrera autonómica”

Para el coordinador general de Izquierda Unida Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, Echedey Morales, se debe plantear una “reforma mínima” en los siguientes términos: Una bajada de la barrera insular al 3% y la eliminación de la barrera autonómica, sin paliativos. Además, incrementar los escaños en el Parlamento de 60 a 69. Esos nueve diputados de más se repartirían con tres para Gran Canaria, tres para Tenerife, dos para Lanzarote y uno para Fuerteventura. “De esa forma habría más proporción en relación a la población”, dice Morales, que recuerda que con el sistema actual La Palma tiene ocho diputados y 15.000 habitantes menos que Fuerteventura, con siete diputados.

También abogan por un cambio de la fórmula de asignación de escaños (estatal), pasando del sistema D'Hondt a otro “más proporcional” como el Sainte-Laguë, un sistema que se aplica, por ejemplo, en Alemania, y que favorece a los partidos menos votados. Con él, a toda lista se le aplica un cociente mayor cada vez que gana un escaño, cociente que se recalcula a partir del nuevo número de escaños obtenidos en un proceso que se repite hasta completar la distribución de escaños. Proponen listas electorales cerradas y desbloqueadas, es decir, que la organización elija a sus candidatos y los electores, una vez escogida la opción que prefieren, eligen el orden de personas que quieren que estén en el parlamento. “De este modo se lograría una mayor capacidad de decisión de los electores y forzaría a todos los candidatos a buscar conexiones con sus entornos cercanos”, aclara Morales. La coalición propone, además, la introducción de un sistema revocatorio en el Parlamento, por el que con las firmas del 10% de los votantes se convocaría un referéndum para decidir si se disuelve la cámara y se convocan nuevas elecciones; el fortalecimiento de las Iniciativas de Legislación Popular (ILP) eliminando la obligación de debatir aquellas que ya cuentan con las firmas necesarias, para lo que “no se podrán hacer modificaciones sin la aceptación de la comisión promotora” y que en caso de aprobar el Parlamento una revisión que la comisión no aceptara, someterla a referéndum “para que la población escoja entre una u otra opción”. Durante el debate de la ILP “la comisión promotora debe poder participar”, añade Morales. Por último, proponen el sufragio para los ciudadanos extranjeros con cinco años de residencia y en situación regular, “bajo la premisa de aquí vivo aquí participo creemos que se debe incluir a los ciudadanos extranjeros que lleven aquí un tiempo razonable y que a todos los efectos deben soportar el sistema como uno más”.

“Hay que reducir diputados”

Desde el Consejo Territorial de Canarias de Unión Progreso y Democracia, delegación cuyo coordinador general es José Luis García Morera, creen que “la reforma a fondo de la ley electoral nacional exige una reforma constitucional previa que permita sustituir a la provincia por otra circunscripción de mayor escala que evite la deformación demográfico-territorial”. Aseguran que “nuestras propuestas, tanto a nivel nacional como autonómico, van en la línea de ajustarse al principio constitucional de que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a que su voto valga igual al de cualquiera y en cualquier parte, y a que la candidatura en que deposita su confianza tenga las mismas posibilidades que cualquier otra de acceder a la representación y cargos públicos”. Hablan también de listas desbloqueadas “de modo que los electores puedan

cambiar el orden de preferencia de los candidatos a votar, como paso previo a la instauración de las listas abiertas cuando el desarrollo tecnológico lo haga posible y práctico, garantizando el secreto del voto“, una modificación que se operaría a nivel del Estado.

En lo básico, en UPyD abogan por: “Reducir las barreras de manera que exista sólo una de un 3% regional ó 3% insular”; eliminar la triple paridad; reducir a 59 el número de diputados; mejorar la proporcionalidad incluyendo dos diputados por cada isla, “asegurando de esta forma la representatividad equilibrada de todas las islas, lo que supondría un total de 14 diputados”, a los que se sumarían los 45 restantes elegidos en una lista regional similar a la propuesta por el PSOE.

“Bajar las barreras es lo mínimo”

La propuesta de Nueva Canarias (NC), según Román Rodríguez es que sólo se tendrán en cuenta para la distribución de escaños en el Parlamento de Canarias aquellas candidaturas electorales que en la respectiva circunscripción insular hayan obtenido al menos el cinco por ciento de los votos válidos emitidos. “Estaríamos abiertos a fórmulas de mejora de la proporcionalidad”, dice Rodríguez, si bien “es muy difícil de discutir; nosotros estamos dispuestos a discutir la circunscripción canaria, a poner una cantidad por Isla y el resto en esa circunscripción canaria, a aumentar los diputados en las islas más pobladas, a redistribuir los que hay. Porque aprendimos la lección de 2000-2001, donde había muchas propuestas y ningún acuerdo, partimos ahora de lo básico, que es bajar las barreras”.

Tal y como lo argumenta el diputado en el Parlamento por NC, en la formación nacionalista abogan por cambiar el sistema electoral canario porque “hay un cuestionamiento del sistema electoral español y hay un gran debate sobre el propio sistema electoral español, y el nuestro es el que más dificultades tiene”. Rodríguez esgrime dos razones: “Es el menos proporcional y tiene unas barreras que no tiene nadie. Aunque pudiera haber una justificación histórica en la transición política en un intento de darle más peso a los territorios que a las personas, el secular abandono de las islas menores, en ese momento las barreras estaban pensadas para evitar la distorsión de la representación, pero han pasado más de 30 años, y aquello ha pasado de ser una disposición transitoria a una permanente”. El que fuera presidente de Canarias de 1999 a 2003, recuerda que “a nosotros no nos afecta, estamos dentro con una holgura muy importante, sacamos más de un 50% más de votos de lo que exige el tope llamado ”canario“, y lo hacemos porque creemos que hay fuerzas políticas que pudieran tener votos en el 2015 y se van a quedar fuera”. Con la ley que propone NC “queremos cumplir el compromiso electoral y lo que todos dijimos en el debate de investidura, y abrir el debate a todo el mundo, sólo faltaba que, porque las cosas están, no pudieran ser modificadas”, zanja Rodríguez.

“Rebajar al 3% en el Archipiélago y al 15% en cada isla”

El parlamentario de Coalición Canaria (CC) José Miguel Ruano entiende, tal y como lo expresó en su intervención parlamentaria sobre la última propuesta de Ley Electoral, que “es necesaria una reforma electoral que se adapte a la realidad demográfica actual y siga respetando el valor que la isla representa en un conjunto único”, que es “el Archipiélago Canario”. Para la reforma, abogan por cambiar el Estatuto y reducir al 3% la barrera en el Archipiélago y al 15% en el ámbito insular. La distribución por escaños entre islas se dejaría a la decisión legal posterior aprobada por mayoría de tres quintos en el Parlamento, así como la determinación de las circunscripciones, según el parlamentario de CC.

“Creemos, no obstante, que es mejor el modelo de barreras de 1982 que el establecido en 1996 y nosotros hemos incluido en nuestra propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía uno menos rígido incluso que aquel”, afirmaba Ruano en su intervención sobre las rebajas del 3% y el 15% anteriormente mencionadas. Y es que para CC, “cambiar, sin más, el sistema electoral sin profundizar en el modelo organizativo territorial sería desequilibrar Canarias en beneficio de las Islas más pobladas y en detrimento de las llamadas Islas periféricas que no se sentirían suficientemente representadas en el Parlamento Canario”.

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