Contra la crisis, represión

Mientras los aventureros nos marchamos al país de los mini jobs, los que se quedan en España han de soportar la sangría de recortes, paro y pobreza, cortesía de un Gobierno de iluminados que apela a Santa Teresa para salir de la crisis, mientras endurece los mecanismos represivos del Estado hasta extremos dictatoriales. Ellos son los auténticos aventureros, y no las que nos marchamos.

Desde fuera es triste observar cómo el país del que emigras, ese esperpento paradójicamente autodenominado “Marca España”, se parece cada vez más a la España de charanga y pandereta de los tiempos de la picaresca más rancia.

Aunque parece que cada vez son menos los que jalean a gobiernos y monarcas corruptos al grito de “vivan las cadenas”.

Cada noticia es una vergüenza para el que está fuera y un nuevo latigazo para el que sigue dentro. Penalización del aborto, privatización de la justicia, de la educación, de la sanidad, vallas y asesinato de inmigrantes, represión de la protesta, ley de aberración ciudadana, desahucios diarios de familias, corrupción y pobreza, corrupción y represión.

Y el absurdo que ni Berlanga podría plasmar, y que nos tragamos diariamente. El Fabra, que gana siete veces la lotería. El aeropuerto de Castellón, del que no ha despegado un avión pero sí ha sido utilizado para entrenamientos de Fórmula 1. La hija del Rey y el del balonmano, robando desde una ONG. “Soy la Infanta Cristina, licenciada en Económicas, directora de un banco, y no sé nada”. Y luego el cafecito with milch in the Plaza Mayor.

Y después está la triste realidad. Las consecuencias de tener un Gobierno que se encomienda a toda la ristra de santos para salir de una crisis que han provocado todos ellos. Con la ayuda del PSOE antes y desde que en 2011 modificaran la Constitución por vía de urgencia, para incluir una regla de gasto dando vía libre al banquete de los bancos sobre los ciudadanos. El artículo 135 de la Constitución introduce formalmente la servidumbre del Estado ante la banca, priorizando el pago de deuda e intereses al bienestar social, es decir: anulando los derechos y libertades de la Constitución.

La realidad

Mientras en las altas esferas parece que se sigue rodando la cuarta parte de La escopeta nacional, la mayoría de la población aguanta una deplorable situación económica y social que políticos y periodistas describen continuamente en los nuevos reality show de la política, que se han multiplicado geométricamente desde que estallara la crisis hace siete años.

Acabamos de conmemorar otro Primero de Mayo, que más que una celebración del Día Internacional de los Trabajadores en recuerdo a los Mártires de Chicago, fue una celebración del regreso al pasado. Las exigencias que en 1886 llevaran a los huelguistas a la calle se repiten un siglo más tarde. La misma solución del Gobierno parece repetirse también: la represión.

El Gobierno ha redescubierto el elemento que permite la cuadratura del círculo: la criminalización de la disensión y la protesta.

Desde los platós de televisión puede protestarse lo que se quiera, e incluso cobrar por ello. Pero practicar la protesta silenciosa y silenciada, es algo cada vez más arriesgado.

En Granada, tendrá lugar el día 13 de Mayo el juicio que decidirá si una monitora social en paro de 55 años y un recién licenciado en Medicina, entran tres años en la cárcel por participar en un piquete informativo pacífico el día 29 de marzo de 2011.

Ese día fue la huelga general contra la reforma del mercado laboral en toda España. En este caso no hubo altercados ni se produjeron daños materiales ni físicos, Carmen y Carlos entraron con otros participantes en un local de Granada que permanecía abierto, “generándose una situación de nerviosismo” que hizo que la dueña del local llamara a la Policía, la cual identificó arbitrariamente a Carlos y Carmen porque fueron los últimos en salir. Pero hay que dar ejemplo de vez en cuando, como se atreviera a afirmar el fiscal, y esta vez les tocó a ellos.

A costa de ver el absurdo todos los días, una se acaba acostumbrando. Como se han tenido que acostumbrar Carmen y Carlos, y sus familiares y amigos, a que de un día para otro sean condenados a tres años de cárcel por participar en una huelga general. Y durante once meses se han acostumbrado, igual que nos habituamos todos a ver a los corruptos en sus puestos.

En Barcelona, en la misma situación se encuentran los veinte jóvenes encausados y condenados a penas de cárcel de entre tres y ocho años por participar el 15 de junio de 2011 en el Aturem el Parlament. En Logroño, tres acusados por participar en la huelga general del 14 de junio de 2011 se enfrentan a penas de hasta 21 años de cárcel, así como a ocho multas de al menos 2.800 euros cada una.

Esto es solo la punta del iceberg. Lo que por su desmesura llama la atención de los medios de comunicación o de la masa. El que la Policía dejara ciego a Iñaki, joven de 19 años que participaba en la manifestación legal del 22M. O Gabriel, que perdió un testículo el mismo día mientras participaba, admite, en los enfrentamientos contra la Policía. O Encarna, vallisoletana de 56 años que acabó en el hospital con un ictus cerebral por participar en una manifestación contra los desahucios. Cuando la protesta se criminaliza, todos somos terroristas en potencia y cualquier ataque está justificado.

El grueso del iceberg lo constituye la otra violencia, o como denomina Carlos, “la violencia invisible”. La que consiste en intimidar al que protesta con multas desproporcionadas, sin llegar a utilizar la represión física. Como afirmara Cristina Cifuentes, delegada del Gobierno en Madrid, tantas manifestaciones como se están produciendo son una molestia para los ciudadanos de Madriz, por lo que hay que “desincentivar” la participación, y la represión económica es uno de los mecanismos más eficaces.

Como cuenta el joven estudiante de Medicina, “durante estos casi tres años de trabajo, el grupo Stop Represión del 15M de Granada acumula una deuda en multas de más de 50.000 euros (más de 150 multas), que son las contabilizadas de los que han acudido al grupo para recibir apoyo económico, jurídico y moral. Todas ellas derivadas de acciones de protesta en la calle: manifestaciones, desahucios, concentraciones, piquetes de huelga, etcétera.”

Esta es una pauta que se repite en todo el Estado. Todas aquellas personas que participan en una manifestación, piquete, sentada, encierro, o corte de tráfico saben que están en el punto de mira. No es casualidad que María Dolores de Cospedal comparara los escraches con el nazismo, o que Esperanza Aguirre denominara al 15M camorristas y pendencieros, allá en 2011. El enemigo categorizado de terrorista ya no es la kale borroka, sino todo el que proteste.

Y es que como afirmara el 'Chicago Tribune en 1886, “el plomo es el mejor alimento para los huelguistas. La prisión y los trabajos forzados son la única solución posible a la cuestión social. Es de esperar que su uso se extienda”.

Miedo, multas y listas negras

Por último es cuanto menos curiosa una flagrante ilegalidad que parece repetirse en numerosos puntos del país. Es el hecho de las multas por “identificación visual”. Lo que muchas llaman “listas negras”, que permiten a la Policía reconocer a los activistas sociales. De aquí se han derivado varias absurdeces, al ser identificadas “visualmente” en Granada activistas que ese día se encontraban en León y Madrid, respectivamente.

Carlos afirma que en Granada se están ganando los juicios contra esas multas, gracias a la ayuda prestada por “nuestros abogados solidarios”, que guían y asesoran en el arduo proceso de los recursos y alegaciones a quienes acuden en su ayuda. “Lo que ocurre es que la mayoría de las personas no lo saben y pagan, para quitarse el marrón de encima y ya”, como cuenta a este periódico otra joven activista, muchas veces son tus padres quienes te llevan a pagar la multa por miedo a que la situación se agrave.

Las listas negras son utilizadas para asediar y perseguir a quien ose involucrarse en política, en movimientos sociales, en manifestaciones.

Mientras miles de manifestaciones en todo el mundo recuerdan la jornada del Primero de Mayo de 1886, es decir, el día en que cientos de trabajadores fueron perseguidos, ahorcados, detenidos, por reclamar “8 horas para trabajar, 8 horas para descansar”. En mi país este día debería llamarse más bien el día del parado, de la jornada laboral interminable, de la pérdida de seguridad laboral, de la precariedad.

Durante este histórico día cabe preguntarse cuánto han cambiado realmente las cosas. Mientras Carlos, Carmen y cientos de personas anónimas en toda España esperan el veredicto que les llevará o no a entrar en prisión, a recibir una nueva multa, o un nuevo porrazo, por atreverse a exigir democracia a esta supuesta democracia.

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