CCOO afirma que el Gobierno utiliza a los trabajadores para desmantelar ITC

Pedro Moreno en una rueda de prensa CCOO Gran Canaria

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO ha acusado este miércoles al Gobierno regional de “usar a los trabajadores” del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) como “tapadera” para “desmantelar” este organismo.

El secretario general de FSC-CCOO, Pedro Moreno, ha rechazado la acusación de “inflexibilidad para la negociación” que este miércoles ha lanzado en el Parlamento de Canarias el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno regional, Pedro Ortega.

En el pleno parlamentario, Ortega ha advertido al comité de empresa del ITC de que, si no flexibiliza sus posiciones, “la empresa será inviable y el Ejecutivo actuará en consecuencia”.

Según la FSC-CCOO, en esta afirmación del consejero “se condensa una estrategia que viene de lejos y que no es otra que reducir el ITC a la mínima expresión, además de acusar a los trabajadores de que son ellos los culpables”.

El sindicato afirma que es “falso” que el comité de empresa impida cualquier acuerdo por que en cada reunión “queda demostrado que los trabajadores han estado dispuestos a negociar sus condiciones laborales”, siempre que “el Gobierno presente un plan que garantice la viabilidad del ITC”.

El pasado mes de abril el Parlamento canario instó a las partes a alcanzar un acuerdo para intentar salvar el ITC, como recordó en la sesión el diputado de Nueva Canarias (NC) Luis Campos.

El sindicato coincide con NC en que no existe un problema laboral, sino un problema político y que se deriva de “la decisión del Gobierno canario de recortar el 80 por ciento de los fondos del ITC”.

Moreno considera “lamentable” que el consejero diga que el ITC es “inviable” como si fuera ajeno a que este organismo “es el eje central” de cualquier proyecto de investigación y desarrollo en Canarias.

“Si la empresa se enfrenta a un escenario de riesgo de viabilidad se debe a la falta de financiación diseñada en la Ley de Presupuestos, para obligar a la plantilla a reducir unos salarios que nunca han estado a la altura de un centro de I+D+i, ya que son inferiores al promedio del sector público empresarial”, agrega el sindicalista.

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