Canarias inicia los trámites para restablecer la sanidad universal

El consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera (i), junto al director del Servicio Canario de Salud, Roberto Moreno, durante la toma de posesión de Carlos González Segura, como director general de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, y de Inmaculada Randado García, como directora del área de Salud de El Hierro. EFE/Cristóbal García

Efe

Las Palmas de Gran Canaria —

La Consejería de Sanidad de la Comunidad canaria iniciará las acciones destinadas a que los inmigrantes irregulares vuelvan a poder beneficiarse de los servicios públicos de salud a partir de este jueves, al acordarlo el Consejo de Gobierno regional, según ha anunciado su titular, Jesús Morera.

“El Consejo de Gobierno me ha encomendado hoy la elaboración de las normas adecuadas para restablecer el derecho a la asistencia sanitaria a los colectivos que quedaron excluidos con el real decreto 16/2012”, ha declarado Morera al término de una reunión celebrada por el Ejecutivo.

Y ha añadido: “Por tanto, a partir de hoy iniciamos todos los trámites formales que se requieran para que esa orden tenga efecto”.

El propósito del Gobierno de Canarias de impulsar la universalización de la asistencia sanitaria, volviendo a atender a inmigrantes irregulares y otros colectivos excluidos de ella años atrás, había sido dado a conocer ya por el propio consejero del área el pasado lunes.

El responsable de Sanidad matizó, en todo caso, que esa devolución del referido derecho no será efectiva de inmediato, ya que, según explicó, “todas estas cosas llevan sus plazos”, porque primero habrá que analizar cuestiones como a qué cantidad de personas beneficiará la medida y qué coste tendrá para las arcas públicas.

Puesto que, según recordó el director general de Salud Pública autonómico, Ricardo Redondas, hay factores que dificultan esa tarea, como el que el decreto del Gobierno de España por el que se retiró la tarjeta sanitaria a miles de personas “excluye a mucha población, no solo a los inmigrantes”, y que, a la hora de determinar cuántos son los afectados, “la cuantificación es muy difícil”.

En especial en el caso del colectivo de los inmigrantes irregulares, ya que, “por definición, es una población que no consta en una base de datos, en un registro, como para poder cuantificarlo”, argumentó.

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