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Intersindical Canaria achaca a la mala gestión y a la falta de financiación las listas de espera

El sindicato pide al consejero, Jesús Morera, que ponga en marcha un "auténtico plan de choque" que ayude a reducir las listas de espera

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Satse culpa a la Junta del incremento de las listas de espera por los "recortes" aplicados en sanidad

Intersindical Canaria achaca a la mala gestión y a la falta de financiación las listas de espera

El sindicato Intersindical Canaria (IC) ha achacado este lunes a la mala gestión y a la falta de financiación el aumento de las listas de espera en Canarias y ha pedido al consejero regional de Sanidad, Jesús Morera, que ponga en marcha un "auténtico plan de choque" que ayude a reducirlas.

IC ha aludido así a la decisión del Gobierno de Canarias de incluir a sus listas de espera quirúrgica los 5.831 pacientes que aguardaban para una operación en los centros de atención especializada (CAE), lo que ha provocado que la cifra total se dispare un 20 % respecto a diciembre, hasta las 30.584 personas.

De acuerdo con los datos a 30 de junio que publica el Servicio Canario de la Salud (SCS), los pacientes de las Islas tienen que esperar un promedio de 164 días (cinco meses y medio) para ser operados en un centro público, un número que se eleva hasta los siete meses (210 días) en el Hospital Insular de Gran Canaria y los seis meses y medio en el Hospital Doctor Negrín (196 días), los que más retraso acumulan.

Para IC, "ni las sucesivas operaciones de maquillaje pueden ya ocultar el escándalo" que, según subraya, se ha denunciado con insistencia ante las sucesivas consejerías regionales de Sanidad.

El sindicato ha requerido a Morera que "cambie sus declaraciones de buenas intenciones, siempre condicionadas a disponibilidad presupuestaria, por un auténtico plan de choque" contra las listas de espera y demuestre así su "absoluta lealtad hacia la sanidad pública y los canarios".

IC destaca que las cifras reales "doblan" la lista de espera quirúrgica estructural, es decir, la que engrosan los pacientes que, en un momento dado, se encuentran en situación de ser intervenidos quirúrgicamente y cuya espera es atribuible a la organización y recursos disponibles (programables sin incidencia, programados, rechazados por centros concertados).

El sindicato argumenta que en la lista de espera quirúrgica oficial, cifrada en 30.584 personas a 30 de junio de 2015, "no se han tenido en cuenta los cierres de agenda, es decir, aquellas personas que, siendo susceptibles de algún tipo de intervención quirúrgica, se encuentran aun esperando la consulta de un especialista, o una prueba diagnóstica, y que día a día, observan un deterioro en la calidad de vida con la cronificación de su dolencia".

Estas situaciones se traducen en un incremento del gasto sanitario, farmacéutico y social por las prolongadas bajas laborales y la pérdida del empleo, agrega la organización.

Sobre las listas de espera por especialidades y pruebas diagnósticas, que aumentan un 20 %, según los datos oficiales, IC estima que se trata de "una situación de difícil justificación".

"Aunque la Consejería lo justifique con la suma de los datos de los Centros de Atención Especializada, está claro que el problema que subyace es de mala gestión, por un lado, y de falta de financiación, por otro", afirma.

IC considera "especialmente escandalosos" los datos del Hospital Universitario de Canarias, donde en la actualidad, y "según los maquillados datos oficiales", 1.717 personas estarían esperando por un TAC, 1.308 por una mamografía, 13.623 por una ecografía (simple), 1.701 por una ecocardio y 1.472 por una RMN.

A juicio del sindicato, estas cifras, que "están muy por encima de lo que sucede en otros centros, ponen de manifiesto la discriminación histórica que respecto al resto de hospitales del Servicio Canario de Salud sufre en materia de personal y de medios materiales" este centro hospitalario.

Por todo ello, IC considera que "los 2.600 millones de euros, equivalentes a un ejercicio presupuestario de la sanidad pública canaria, que adeuda el Estado a los ciudadanos, deben ser exigidos de inmediato por tratarse esta de una situación de auténtica emergencia sanitaria".

La organización sindical cree que "por mucha voluntad política que exista, con un incremento del 2% en el presupuesto destinado a la sanidad canaria, frente al 20% de recorte desde 2009, no es posible ejecutar plan de choque alguno que haga funcionar al máximo rendimiento los recursos con la adecuada dotación de medios humanos y materiales".

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