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Una sola terapeuta y hasta a 100 kilómetros para tratar a menores con discapacidad en Fuerteventura

Dos madres recogen más de 3.500 firmas para reclamar un servicio de Terapia Ocupacional en la zona sur de la isla

Denuncian que algunas familias han tenido que renunciar a las terapias porque solo se pueden realizar en horario de tarde los lunes e implican largos desplazamientos desde sus lugares de residencia

Una de las premisas del Compromiso por la Sanidad Pública en Canarias es “movernos en lugar de moverlos”, es decir,  “acercar la atención, los tratamientos, las pruebas e intervenciones a donde se encuentren los pacientes”

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Hospital Vírgen de la Peña de Puerto del Rosario, donde se encuentra ingresada la menor.

Hospital Vírgen de la Peña de Puerto del Rosario.

La hija de Jacqueline Alonso tiene 5 años y una discapacidad psíquica del 68%. Padece el denominado síndrome de Pitt Hopkins, un trastorno severo del desarrollo catalogado como enfermedad rara. La menor requiere terapia para aprender actividades cotidianas como manejar cubiertos o hacer sus necesidades en el servicio. “O avanza ahora o se queda estancada”, explica Jacqueline, quien junto a Davinia Rodríguez, madre de una niña de 4 años con una discapacidad física provocada por una lesión medular, ha promovido una campaña que ha recogido más de 3.500 firmas para reclamar un servicio de Terapia Ocupacional en la zona sur de Fuerteventura.

La alargada isla solo cuenta con una terapeuta ocupacional en el sector público para tratar a dependientes y personas con diversidad funcional (hay otro profesional de reciente incorporación, pero está especializado en Salud Mental). La trabajadora ejerce en el Hospital de Fuerteventura, ubicado en la capital, Puerto del Rosario, situada a cerca de 100 kilómetros de la vivienda de Jacqueline en Morro Jable, en el municipio sureño de Pájara. Una distancia que implica trayectos en coche de dos horas, entre ida y vuelta, para que la menor pueda recibir una terapia de apenas media hora a la semana.

El médico rehabilitador le ha pautado dos sesiones a la semana, pero solo puede ir a una. El hospital público dispone de servicio de Terapia Ocupacional exclusivamente los lunes por la tarde y la niña no puede acudir por las mañanas porque está escolarizada y su madre trabaja. Hace un año fue derivada durante una época a un centro concertado, la Clínica Parque, para recibir terapia. Sin embargo, esta vía tampoco solventó el problema de la familia, ya que implicaba de igual forma un largo desplazamiento hasta Puerto del Rosario y la imposibilidad de ser atendida por la tarde.

La menor necesita además fisioterapia, servicio que recibe en el Centro de Salud de Morro Jable, y logopedia. “Antes iba a un concertado, pero a raíz de una baja por maternidad que no han podido sustituir, no se le ha podido asistir y desde hace año y medio va a un logopeda privado”, explica Jacqueline, que gasta cerca de 300 euros al mes, sin incluir desplazamientos, en este servicio y en el especialista particular en Terapia Ocupacional al que también ha tenido que recurrir ante la falta de medios en el sector público.

La falta de respuestas de la administración regional ante una demanda que viene de lejos (el Colegio de Terapia Ocupacional de Canarias lleva advirtiendo de estas carencias al menos desde 2014) ha llevado a Davinia Rodríguez a difundir un vídeo a través de las redes sociales para denunciar la sangrante realidad de la rehabilitación en la isla no capitalina. En el caso de su hija, de cuatro años, la Terapia Ocupacional le ayuda a valerse en una silla de ruedas. “Los días en que tiene sesión puedo hacerme más de 150 kilómetros entre ida y vuelta. Cuando sale del colegio la llevo a Puerto del Rosario a la terapia. De ahí, bajo a Gran Tarajal (en la zona centro de la isla) para rehabilitación (fisioterapia) en el centro de salud y después, a casa (situada en el municipio de Tuineje). Salimos a las 07.30 al colegio y a lo mejor vuelve a las 19.00 horas”, relata Davinia, que añade que, en el caso de los adultos que residen en el sur, en Morro Jable, una ambulancia los recoge a las 07.00 para tener sesiones de media hora y que no pueden regresar hasta cerca de las 15.00 horas de Puerto del Rosario.

“Hay gente que incluso ha renunciado a la media hora de terapia porque pierde el tiempo en la carretera. Además los niños se cansan, llegan cansados y no trabajan”, añade Jacqueline.

Estas dos madres se reunieron antes de Semana Santa con el director del Área de Salud de Fuerteventura para trasladarle sus reivindicaciones y esas 3.500 firmas recogidas. Davinia y Jacqueline explican que en esa reunión se planteó la posibilidad de contratar a un terapeuta ocupacional en Puerto del Rosario que se pudiera desplazar dos o tres veces por semana al sur de la isla, ya que se había detectado que el 30% de los pacientes que se trataba en el servicio de Terapia Ocupacional del Hospital de Fuerteventura procedía de esa zona. Sin embargo, casi dos meses después de aquel compromiso verbal, las afectadas siguen sin respuesta ni solución. “Se están pasando la pelota entre el Servicio Canario de Salud  (SCS) y la dirección de área”, sostiene Davinia.

“Movernos en lugar de moverlos”

La situación de la Terapia Ocupacional en la isla de Fuerteventura choca con la premisa de “Movernos en lugar de moverlos”, recogida en el denominado Compromiso por la Sanidad Pública en Canarias, el documento que marca la hoja de ruta de la Consejería para los próximos años y que ha sido respaldado por multitud de agentes sociales (sindicatos, organizaciones profesionales, asociaciones de pacientes…)     Este objetivo, en el que también ha insistido en numerosas comparecencias parlamentarias el consejero José Manuel Baltar, consiste en “acercar la atención, los tratamientos, las pruebas e intervenciones a donde se encuentren los pacientes, con especial relevancia a las islas de Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro”.

La carencia de recursos en las islas no capitalinas ilustra el complicado panorama de la rehabilitación en Canarias, comunidad que destina nueve millones de euros al año a los centros concertados mientras deja pacientes sin atender en los hospitales públicos por falta de especialistas.

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