Un error administrativo impide tener su vivienda a 80 vecinos de Santa Cruz de Tenerife
Un error administrativo y la lentitud de los trámites burocráticos impide a 80 vecinos de Santa Cruz de Tenerife disponer de sus viviendas, sobre las que recae una deuda que tienen que afrontar los propietarios.
Carmen Rosa Navarro es propietaria de uno de los inmuebles situados en la zona de las Piscinas Municipales de Santa Cruz, que ha visto cómo un error administrativo y la falta de consenso entre varios organismos institucionales dificulta la venta de sus viviendas y la posibilidad de realizar otras gestiones como solicitar una hipoteca.
Este fue el problema con el que se encontró Carmen cuando el pasado mes de febrero y agobiada por los pagos acudió a un banco para solicitar una ampliación de 21.000 euros de la hipoteca de su vivienda.
Para su sorpresa, la entidad bancaria rechazó su petición porque, según los documentos sobre la situación de su vivienda emitidos por el Registro de la Propiedad, el solar sobre el que está construido el inmueble en el que se encuentra su domicilio tenía una carga hipotecaria de 230.990,24 euros desde 1964.
“En su momento fueron viviendas de protección oficial pero en 1992 y 2001 los vecinos las adquirimos libres de cargas”, explica Carmen Rosa a la Agencia EFE.
Años después de la compra algunos vecinos vendieron los inmuebles y en ningún documentó figuraba esta deuda añade Carmen Rosa.
En el Registro de la Propiedad le confirman la existencia de esa deuda, que, según le explican, no constaba en documentos de años anteriores emitidos por este organismo debido a un error del mismo.
“En el Registro de la Propiedad me comunican que esto lo tienen que solucionar con el Instituto de la Vivienda y que la deuda la había absorbido el Instituto de Crédito Oficial (ICO)” afirma Carmen Rosa.
Inicia entonces un viaje incansable de visitas y llamadas telefónicas por diversas instituciones para exponer su problema y que terminan en promesas incumplidas que no ponen fin a la situación.
A finales de mayo Carmen recibe un correo electrónico del ICO en respuesta a una solicitud enviada por la afectada una semana antes, y en el que responsabiliza de esta situación al Instituto Canario de Vivienda, en condición de deudor al ICO y al Registro de la Propiedad, “que no hizo las verificaciones correctas en su día y canceló del oficio una carga cuando no debería haberlo hecho”.
Sin embargo, la Consejería de Vivienda envió a la Agencia Efe un documento emitido por el Departamento de Estadística del Servicio de Estudios del Banco de España que certifica que “no consta endeudamiento alguno de la Comunidad Autónoma de Canarias con el ICO”.
“Puede que se haya producido un error en los documentos registrales, de todas formas seguiremos estudiando el caso”, indican desde la Consejería de Vivienda.
Mientras espera una respuesta, Carmen Rosa ha tenido que recurrir a la ayuda de familiares para hacer frente a los gastos y continua su particular vía crucis de mostrador en mostrador.
“Siento una enorme impotencia, si quisiera vender mi vivienda no podría porque nadie querría comprarla con esa deuda y tampoco nos amplían la hipoteca porque ya figura esta deuda que desconocíamos sobre el solar”, explica Carmen Rosa, mientras lee indignada una información en la que se anuncia que el Ministerio de Vivienda invertirá 26,1 millones de euros en la compra de suelo en la isla para construir 1.700 viviendas.
“Si es verdad que existe esa deuda por qué no la pagan antes de invertir dinero para construir nuevas casas”, pregunta Carmen Rosa.
