Los orientadores extremeños llevan su protesta a las puertas de Educación: “Las ruedas las estamos poniendo nosotros”
Las puertas del edificio Múltiples de Cáceres han sido esta mañana el escenario de la protesta de los orientadores educativos extremeños. Profesionales de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) se han concentrado para reclamar a la Consejería de Educación una solución a los desplazamientos que realizan habitualmente para atender a los centros de toda la región. Esta protesta se ha extendido por numerosos pueblos de la región.
La movilización llega un día después de que elDiario.es publicara la respuesta de la Consejería a las reivindicaciones del colectivo. Una contestación que ha aumentado el malestar entre unos profesionales que llevan años reclamando que la Administración deje de depender de sus vehículos particulares para garantizar que la orientación educativa llegue a los centros.
Con carteles y pancartas, los orientadores han trasladado a las puertas de sus propios despachos una reivindicación que resumen en una frase: “La orientación no tiene ruedas”. Y debajo, otra que explica el origen del conflicto: “Las ruedas las estamos poniendo nosotros”.
Más del 90% de los profesionales de los EOEP de Extremadura han respaldado el escrito presentado ante la Administración para reclamar una solución. Son 273 de los 303 profesionales del colectivo, según los datos facilitados por los propios orientadores y recogidos por este periódico.
Sus coches, imprescindibles para hacer su trabajo
Los orientadores tienen sus sedes vinculadas a una localidad concreta, pero su trabajo les obliga a desplazarse continuamente. Realizan evaluaciones y seguimientos, asesoran a equipos docentes y familias, participan en coordinaciones e intervienen ante las necesidades educativas del alumnado en distintos municipios.
En una comunidad como Extremadura, con una gran extensión territorial y numerosos núcleos de población dispersos, esos desplazamientos son esenciales para que el servicio llegue también a los centros más alejados.
El problema, denuncian, es que ese servicio público se ha sostenido durante años sobre un recurso privado: sus propios coches. Son ellos quienes asumen la compra de los vehículos, el seguro, el mantenimiento, el desgaste y los riesgos asociados a los desplazamientos laborales. Una situación que, sostienen, no puede convertirse en una condición estructural para poder desempeñar su trabajo.
La reivindicación no se limita además al pago por kilometraje. El colectivo reclama una solución estable que permita realizar los desplazamientos sin que la Administración dé por hecho que los vehículos particulares de los trabajadores forman parte de los recursos necesarios para prestar el servicio.
El nuevo sistema de indemnizaciones por razón de servicio ha añadido tensión al conflicto. El importe por kilómetro ha pasado de 0,22 a 0,26 euros, pero la modificación de las condiciones para cobrar la media dieta implica que, para tener derecho a ella, el profesional debe regresar a su centro de trabajo después de las 16.00 horas. Para los orientadores, este cambio reduce de manera importante la compensación que percibían por sus jornadas itinerantes.
“¿Con qué vehículo pretende la Administración que lleguemos?”
La pregunta que plantean hoy frente al edificio Múltiples es directa: “¿Con qué vehículo pretende la Administración que los profesionales de los equipos lleguemos hasta los centros educativos?”
No están reclamando dejar de desplazarse ni dejar de atender a los centros. Reclaman que exista un medio para hacerlo que no dependa de que cada trabajador aporte su propio vehículo. Y advierten de que la situación puede llegar a un punto de ruptura. Si no existe una solución, a partir de octubre dejarán de poner sus coches particulares al servicio de la Administración.
La protesta tiene además detrás una reivindicación que viene de lejos. En julio de 2025 representantes de los equipos de Cáceres y Badajoz mantuvieron una reunión con responsables de Educación en la que, según explicaron los profesionales, se planteó buscar una fórmula para compensar los desplazamientos y reconocer a los EOEP como centros educativos. Aquellos compromisos sostienen, no llegaron a materializarse.
Después de solicitar nuevas reuniones y ante la falta de avances, han optado ahora por hacer visible su protesta, pero la respuesta de Educación no convence al colectivo.
Las numerosas concentraciones se producen además después de que ayer este periódico publicara la respuesta de la Consejería de Educación a sus reclamaciones. El departamento que dirige Sandra Valencia sostiene que la documentación disponible de la reunión celebrada el 28 de julio de 2025 no recoge ningún acuerdo ni compromiso formalizado por escrito sobre la equiparación de los EOEP a centros educativos ni sobre la creación de un complemento específico. La Consejería admite que esas cuestiones pudieron abordarse o plantearse verbalmente, pero señala que no puede considerarlas un compromiso administrativo sin constancia documental.
Educación asegura que las reivindicaciones están “en análisis” y apunta a la posibilidad de estudiar nuevas medidas, entre ellas un complemento adicional o fórmulas alternativas de transporte. También defiende que los desplazamientos ya cuentan con una compensación económica por kilometraje.
La respuesta ha caído especialmente mal entre las y los orientadores porque, a su juicio, no ofrece una solución concreta a la cuestión que llevan años planteando: quién debe garantizar el transporte necesario para que puedan desarrollar su trabajo.
La Consejería, por su parte, ha apelado a la responsabilidad de todas las partes y recuerda la necesidad de garantizar la atención al alumnado y a los centros, especialmente en las zonas rurales.
De Mercedes Vaquera a la nueva Consejería
El malestar se sustenta además con las declaraciones de la anterior consejera de Educación, Mercedes Vaquera, que durante la pasada legislatura reconoció la necesidad de atender las reivindicaciones de los Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
Vaquera llegó a considerar que se trataba de una “cuestión de justicia” y defendió la necesidad de revisar el modelo para adaptarlo al trabajo que realmente desempeñan estos profesionales.
Un año después, los orientadores siguen reclamando una solución. Y hoy han decidido hacerlo a las puertas de la Administración, justo delante de los lugares desde los que organizan y gestionan buena parte de su trabajo porque su labor necesita desplazamientos. Necesita llegar a los colegios e institutos, también a los pueblos más pequeños y alejados. Lo que ya no quieren es que para hacerlo tengan que poner ellos el coche, el seguro, el mantenimiento y el desgaste.
La orientación se insiste, no tiene ruedas. Y el conflicto, a partir de octubre, puede quedarse sin ellas.
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