La privatización sanitaria crece un 94% en Extremadura desde 2014 y dispara el gasto de bolsillo de las familias
La privatización sanitaria avanza en Extremadura a un ritmo que preocupa a los defensores de la sanidad pública. Así lo sostiene Luis Palomo, médico de Atención Primaria recientemente jubilado, miembro de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) y director de la revista Salud 2000, a partir de las conclusiones del duodécimo informe de esta organización sobre la evolución del sector en las comunidades autónomas.
Aunque la región sigue figurando entre las autonomías con menor grado de externalización en términos absolutos, el estudio pone el foco en la velocidad del cambio, que abarca tanto las etapas de gobierno anteriores como la actual legislatura. Según los cálculos de la FADSP, el índice de privatización sanitaria en Extremadura ha aumentado un 94,4% desde 2014, una evolución que sitúa a la comunidad entre las que registran un crecimiento más intenso de todo el país.
Para Palomo, lo más revelador no son solo las cifras aisladas, sino la tendencia estructural que dibujan. En su opinión, los presupuestos sanitarios extremeños reflejan una apuesta creciente por fórmulas que desvían recursos públicos hacia operadores privados o hacia mecanismos extraordinarios destinados a aliviar la presión asistencial sin atacar la raíz del problema.
El salto desde 2023: más peonadas y derivaciones
El punto de inflexión se concentra en los últimos ejercicios presupuestarios. Según los datos recopilados por la organización a partir de las cuentas autonómicas, las partidas destinadas a pruebas diagnósticas externalizadas han crecido un 71% entre 2023 y 2025, mientras que la cirugía derivada a centros externos ha subido un 39% en ese mismo periodo.
A ello se suma el fuerte impulso de las denominadas peonadas, las jornadas extraordinarias realizadas por los profesionales fuera de su horario habitual. El presupuesto consignado para esta vía pasó de 17 millones de euros en 2023 a 37 millones presupuestados en 2026, lo que supone un incremento del 117%. Paralelamente, el peso de los conciertos con centros privados sobre el gasto sanitario público ha escalado del 4,2% al 5%.
Mientras la Consejería de Salud viene defendiendo estas derivaciones y la actividad extraordinaria como medidas de choque imprescindibles para reducir las demoras asistenciales, Palomo sostiene que se trata de parches coyunturales que no corrigen las carencias estructurales del Servicio Extremeño de Salud (SES). El médico advierte de que la prolongación de las listas de espera ha terminado generando un ecosistema en el que distintos actores obtienen beneficios indirectos de su existencia: los centros privados reciben pacientes derivados desde la red pública y parte de los facultativos complementan sus retribuciones con actividad extraordinaria. En ese contexto, alerta del riesgo de consolidar un modelo que gestiona la demora en lugar de eliminarla.
Seguros privados y mutualidades: el coste se traslada al bolsillo
El deterioro de los tiempos de respuesta tiene además una traslación directa sobre las economías domésticas. El informe revela que el denominado gasto sanitario de bolsillo, el dinero que la ciudadanía desembolsa directamente o a través de pólizas particulares, ha pasado en Extremadura de 280 euros por habitante y año en 2014 a 499 euros en 2026, un repunte del 78%. El salto es todavía mayor en los seguros médicos privados, cuyo gasto medio se ha disparado un 110%, al pasar de 78 a 164 euros por persona.
Para Palomo, estas cifras evidencian una reacción defensiva de las familias ante las dificultades de acceso en la red pública, asumiendo de forma individual un coste que antes cubría el sistema colectivo. A esta dinámica se suma un rasgo estructural de la comunidad: el elevado peso del empleo público hace que Extremadura presente una de las mayores proporciones de población acogida a mutualidades como MUFACE, ISFAS o MUGEJU, con un 4,3% frente a la media estatal del 2,65%. A juicio del facultativo, esta vía paralela al Sistema Nacional de Salud contribuye a segmentar la atención y debilita el principio de universalidad.
Brecha rural y alerta sobre la mortalidad evitable
Más allá del plano económico, la FADSP plantea la privatización como un problema de salud pública y cohesión territorial. En una región marcada por el envejecimiento, la dispersión geográfica y unas rentas más bajas que la media nacional, el debilitamiento de la red pública golpea con mayor intensidad a las personas mayores, los pacientes crónicos y los habitantes de zonas rurales, mientras quienes tienen mayor capacidad económica pueden esquivar las demoras acudiendo a la privada.
Las consecuencias de esta deriva tampoco son inocuas desde el punto de vista clínico. Palomo recuerda que la evidencia científica internacional ya ha detectado riesgos asociados a la mercantilización asistencial, citando un estudio publicado en 2022 en la revista médica The Lancet sobre el sistema sanitario inglés que vinculó el aumento de contratas con empresas con ánimo de lucro a un repunte de la mortalidad evitable.
Aunque admite que cada modelo sanitario responde a realidades distintas, el médico considera que estos precedentes obligan a abrir un debate de fondo sobre el futuro de la sanidad extremeña. Para el portavoz de la FADSP, las decisiones presupuestarias de los próximos años serán determinantes para decidir si Extremadura blinda un sistema público, universal y equitativo o consolida una brecha asistencial ligada al bolsillo de cada ciudadano.
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