La privatización de la sanidad en Extremadura casi se ha duplicado en la última década

El peso de la sanidad privada en Extremadura ha experimentado un crecimiento del 94,4% desde el año 2014. Se trata del segundo mayor incremento porcentual de todo el país durante la última década, solo por detrás de Asturias (95,8%) y por delante de Castilla-La Mancha (90%), según refleja el 12º informe sobre la privatización sanitaria en las comunidades autónomas, presentado este martes por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Pese al acelerado ritmo de expansión registrado en los últimos 12 años, la región extremeña se mantiene en el grupo de comunidades con menor grado de privatización global en términos absolutos. En una escala donde la media nacional se sitúa en 21,8 puntos, Extremadura obtiene una puntuación de 17,5, lo que la coloca como la séptima autonomía con menor peso del sector privado, lejos de las cifras de la Comunidad de Madrid (34 puntos), Baleares y Cataluña (ambas con 28).

Parámetros de medición y mapa autonómico

Para evaluar el grado de privatización, la FADSP analiza cuatro variables clave: la transferencia de fondos públicos a empresas privadas por contratación de servicios (outsourcing), las concesiones administrativas de gestión de centros públicos, las aportaciones estatales a mutualidades como Muface, Mujeju e Isfas, y el gasto directo de las familias en aseguramiento privado o pagos de bolsillo.

Con estos indicadores, el mapa autonómico vuelve a situar a Madrid a la cabeza del ranking de privatización por duodécimo año consecutivo, seguida de Baleares, Cataluña y Canarias (26). En el extremo opuesto, las autonomías menos privatizadas son La Rioja (14,5), Murcia (15) y la propia Extremadura (17,5), seguidas por Castilla y León (18,5).

Desde la FADSP, su portavoz Sergio Fernández ha advertido de que la privatización “está presente en todas las comunidades” y que las diferencias territoriales responden únicamente a “su intensidad y a las fórmulas que utiliza cada autonomía”. Por su parte, José Manuel Aranda, presidente de la Asociación de Sanidad Pública de Baleares, ha atribuido esta tendencia a las políticas que “estimulan la colaboración público-privada a través de conciertos y concesiones”, recordando la importancia de proteger el sistema público para evitar el deterioro de los indicadores de salud.

El gasto en seguros privados aumenta un 81%

El informe documenta asimismo un incremento generalizado en el gasto individual dedicado a la contratación de pólizas privadas en toda España, que ha pasado de un promedio de 115,94 euros por habitante en 2014 a superar los 210 euros en 2026, lo que representa un aumento del 81%.

Desde la federación señalan que este incremento responde a que parte de la ciudadanía recurre al aseguramiento privado ante las demoras en los tiempos de atención del sistema público. En el caso del gasto desembolsado directamente por las familias para servicios no cubiertos por la sanidad pública, como la odontología, Castilla-La Mancha encabeza el gasto medio nacional con 638,3 euros por habitante, seguida de Asturias (625,3 euros) y Aragón (623,6 euros).