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Primer triunfo vecinal en Aldea Moret: el Defensor del Pueblo investiga la actuación del Ayuntamiento en las VPO de Río Vístula

El edificio está conformado por tres bloques en Aldea Moret

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La larga batalla que libran las y los residentes del número 1 de la calle Río Vístula, en el barrio cacereño de Aldea Moret, ha dado un paso que puede marcar un antes y un después en la búsqueda de soluciones. El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por la comunidad de propietarios contra el Ayuntamiento de Cáceres, una decisión comunicada el pasado 11 de noviembre y que supone la apertura de una investigación sobre la actuación municipal y las condiciones de habitabilidad de este edificio de viviendas de protección oficial.

La resolución llega después de años de denuncias, reclamaciones y procedimientos administrativos impulsados por las vecinas y los vecinos para tratar de resolver una situación que arrastran desde prácticamente la entrega de las viviendas. Según exponían las personas afectadas en su escrito, el caso constituye una anomalía administrativa que se prolonga desde hace cerca de cuatro décadas y que tiene una singularidad añadida: el Ayuntamiento actúa simultáneamente como propietario mayoritario de buena parte de los inmuebles y como administración con capacidad para sancionar y exigir actuaciones a la propia comunidad.

La promoción fue construida durante los años ochenta en una zona condicionada por antiguas explotaciones mineras y las viviendas fueron entregadas oficialmente en 1988. Sin embargo, las primeras deficiencias comenzaron a aflorar apenas unos días después de que los residentes recibieran las llaves. Grietas, humedades, filtraciones y problemas estructurales fueron apareciendo de forma progresiva en un edificio cuyos desperfectos, según denuncian algunas vecinas, se han agravado con el paso de los años.

El núcleo de la reclamación presentada ante el Defensor del Pueblo se centra precisamente en el papel que ha desempeñado el consistorio durante todo este tiempo. La comunidad sostiene que el Ayuntamiento mantiene una posición de privilegio al ejercer a la vez de propietario y de autoridad urbanística.

Según la documentación registral aportada, el consistorio figura como titular de alrededor de 30 de las 48 viviendas que integran el bloque, lo que representaría más del 62% de la cuota de participación del inmueble. Sin embargo, la comunidad asegura que el Inventario Municipal únicamente reconoce veinte viviendas como propiedad municipal. Esta diferencia es una de las cuestiones cuya aclaración reclaman ahora al Defensor del Pueblo.

Los residentes sostienen además que durante años se produjeron impagos de cuotas comunitarias correspondientes a las viviendas de titularidad municipal, una situación que habría debilitado gravemente las finanzas de la comunidad y dificultado la ejecución de trabajos de mantenimiento y conservación. Al mismo tiempo, denuncian que el propio Ayuntamiento ha venido dictando órdenes de ejecución, expedientes disciplinarios y requerimientos técnicos para acometer actuaciones que, a juicio de los afectados, resultaban prácticamente inasumibles para una comunidad con recursos limitados.

La tensión aumentó especialmente entre finales de 2025 y comienzos de 2026, cuando varios incidentes pusieron de nuevo bajo el foco el estado del inmueble. Tras el derrumbe de la fachada de un edificio cercano situado en la calle Río Tíber 6, los servicios municipales de Urbanismo ordenaron la realización de perforaciones y estudios técnicos en Río Vístula 1 para evaluar la situación de su cerramiento exterior y descartar riesgos estructurales.

Pocas semanas después se produjo uno de los episodios que más preocupación generó entre los residentes. En febrero, un reventón en una vivienda municipal deshabitada situada en el Tercero 12 provocó una importante inundación. La acumulación de agua ocasionó el colapso de techos y acabó afectando al Primero 12, propiedad de la representante vecinal Cristina Escarmena. Según relatan las afectadas, la vivienda quedó seriamente dañada por la humedad y el moho, hasta el punto de que su propietaria tuvo que abandonarla ante el riesgo eléctrico existente.

A estos problemas se suman las advertencias sobre el estado de la cubierta del edificio. Los informes técnicos manejados por la comunidad señalan que el fibrocemento con amianto instalado en el inmueble ha superado ampliamente su vida útil y presenta grietas y deterioros que, según los vecinos, exigen una intervención urgente.

Otra de las cuestiones que agravan la situación es la relacionada con el abastecimiento de agua. El edificio carece de contadores individuales y funciona mediante un sistema comunitario que ha derivado en una deuda superior a los 127.000 euros. Los residentes vinculan parte de esta situación a compensaciones tributarias y a las dificultades financieras acumuladas por la comunidad, mientras alertan de la amenaza recurrente de cortes de suministro.

La queja admitida ahora a trámite recoge un total de nueve peticiones concretas. Entre ellas figuran una investigación integral sobre la actuación del Ayuntamiento de Cáceres, la aclaración definitiva de la titularidad de las viviendas, una fiscalización económica de las cuentas comunitarias y de los posibles impagos, así como medidas destinadas a garantizar el acceso al agua potable.

La comunidad también solicita una evaluación estructural independiente del edificio, límites a las ejecuciones subsidiarias y a la repercusión de sus costes sobre los propietarios particulares, mayores garantías de transparencia administrativa y una evaluación específica de los riesgos para la salud asociados a la presencia de amianto.

Asimismo, reclaman que se analice desde el punto de vista jurídico si existe un conflicto de interés derivado de la doble condición del Ayuntamiento como propietario mayoritario del inmueble y, al mismo tiempo, como administración encargada de supervisar, exigir y sancionar el cumplimiento de determinadas obligaciones urbanísticas.

Mientras tanto, el consistorio ha defendido en distintas actuaciones que se encuentra al corriente de las cuotas que reconoce como propias y aprobó el pasado septiembre el inicio de una ejecución subsidiaria para redactar un proyecto técnico destinado a abordar las actuaciones consideradas prioritarias en el edificio.

La admisión a trámite por parte del Defensor del Pueblo no implica aún una resolución sobre el fondo del asunto, pero sí supone el reconocimiento de que existen elementos suficientes para abrir una investigación. Para las familias de Río Vístula 1, se trata de la primera intervención de una institución estatal en un conflicto que lleva casi cuarenta años acumulando expedientes, reclamaciones y problemas sin resolver. Los vecinos confían ahora en que la actuación del organismo sirva para arrojar luz sobre la gestión realizada durante estas décadas y contribuya a desbloquear una solución definitiva para un edificio que consideran atrapado entre el deterioro físico y el laberinto administrativo.

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