Dos asociaciones judiciales se desmarcan y adelantan la huelga al 18 de febrero
Dos de las cuatro asociaciones judiciales, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), se han desmarcado de la acción conjunta consensuada con las otras dos asociaciones y han convocado una huelga de 24 horas para el próximo 18 de febrero.
Las otras dos asociaciones, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y Jueces para la Democracia (JpD) consideran, sin embargo, “inoportuna” esta convocatoria y han asegurado que ir a la huelga tras mantener una sola reunión con el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, no beneficiará a nadie.
La decisión de la AJFV -segunda asociación tras la APM por número de afiliados- y del FJI -cuarta- de ir a la huelga, se ha adoptado durante las reuniones mantenidas hoy por los órganos directivos de ambas asociaciones, que, tras consultar a sus miembros, consideran que la respuesta del Ministerio de Justicia a sus reivindicaciones ha sido insuficiente y que deben dar un paso adelante.
El portavoz de la AJFV, Marcelino Sexmero, ha explicado que esta decisión se ha adoptado ante “el fracaso absoluto” de las negociaciones con el ministro Mariano Fernández Bermejo, que no ha aceptado ninguna de las reivindicaciones planteadas por las asociaciones, y se ha limitado a ofrecer una “bicoca” de 20 millones de euros para aplicaciones informáticas.
AJFV y FJI ya han comunicado a la APM y a JpD su decisión, que supone que el acuerdo que consensuaron el pasado 12 de enero, en el que se fijaba la fecha del 26 de junio para una posible huelga y se reservaba la fecha del 18 de febrero para llevar a cabo protestas simbólicas, ha quedado “sin objeto y sin causa”.
Según Sexmero, ante la actual situación la de junio era una “fecha suicida”, desde el momento en el que el Ministerio no ha aceptado sus demandas.
Igualmente, la Gestora Nacional del FJI cree que el ministro a lo más que ha llegado es a mostrarse dispuesto a dialogar sobre determinadas cuestiones, pero sin plazos ni compromisos, y sin que ni siquiera se haya fijado una nueva reunión con propuestas concretas.
Por esa razón, según ha explicado a sus asociados, el FJI considera que la carrera judicial demanda mayoritariamente una actuación “mas contundente”.
Esa acción será ir a la huelga el 18 de febrero, sumándose así a la convocatoria realizada en una decena de provincias -y en las ciudades de Madrid y Barcelona- por las asambleas de jueces, secundada hasta ahora por entre el veinte y el veinticinco de los miembros de la carrera.
Por su parte, el portavoz de la APM, José Antonio Ballesteros, ha señalado que “las medidas de presión no pueden plantearse al principio de la negociación” porque hay que “confiar” en el diálogo que se inició con la reunión mantenida el pasado lunes con Bermejo.
“La APM es absolutamente fiel y leal al documento” reivindicativo pactado entre las cuatro asociaciones el pasado 12 de enero, que aplazaba el paro hasta el 26 de junio, ha subrayado Ballesteros.
Desde JpD, su portavoz, Miguel Ángel Gimeno, se ha mostrado “sorprendido” y “un poco perplejo” por la decisión de AJFV y FJI de desmarcarse de la acción conjunta acordada, y ha considerado que este paso “no tendrá beneficios para nadie, y mucho menos, para la carrera judicial”.
Gimeno ha señalado a Efe que es un acuerdo “inoportuno”, ya que los representantes de esas dos asociaciones pudieron apreciar en la reunión con el ministro que “hay margen suficiente” para desarrollar muchas de las reivindicaciones planteadas.
Para el portavoz de JpD, pese a que hay medidas que no podrán desarrollarse antes del 26 de junio -como la tramitación de leyes en el Parlamento, ha detallado-, sí pueden establecerse “acuerdos firmes” del itinerario que hay que seguir para desarrollar la reclamada modernización de la Administración de Justicia.
En este sentido, Ballesteros ha precisado que hay medidas estructurales que no pueden conseguirse “de la noche a la mañana”, pero que existen cuestiones que pueden materializarse, como son el mantener la agenda de señalamientos por parte de los jueces o la modificación de normas para facilitar la conciliación de la vida laboral y personal.
