Canarias, continúa a la cola en la Ley de Dependencia
Canarias, junto con Madrid y la Comunidad Valenciana, está a la cola en la aplicación de la Ley de la Dependencia por “falta de voluntad política” y por no descentralizar, como han hecho otras regiones como Andalucía, la gestión de la prestación de este derecho ciudadano.
Así lo manifestó este miércoles en una rueda de prensa la secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez Domínguez, quien solicitó al Gobierno canario “lealtad institucional y colaboración”, -ya que, en su opinión, “la excusa no puede ser que no hay financiación”, al haberse concedido más de 30 millones de euros-, para que mejore los datos que registra la comunidad en número de personas evaluadas y en las prestaciones concedidas.
Según detalló Pérez Domínguez, en los dos años transcurridos desde la entrada en vigor de esta ley, en Canarias, donde se ha contabilizado a 20.375 personas dependientes, se ha reconocido el derecho a una prestación a 12.230, mientras que sólo perciben ayudas 3.726 personas.
Por ello, y ante estas cifras, la secretaria de Bienestar Social del PSOE, animó al Gobierno canario “a preocuparse por los derechos de los ciudadanos” y a hacer un esfuerzo por mejorar los servicios de atención domiciliaria, así como los centros de día y de noche.
En opinión del presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Pérez, del consejero insular de Política Social y Sociosanitaria, y de la diputada regional Francisca Luengo, la tramitación de los expedientes de esta ley sería mucho más ágil si el Gobierno canario, al que corresponden las competencias en materia de Servicios Sociales, descentralizara su gestión en las corporaciones insulares, como ocurría con anterioridad, cuando se gestionaban las subvenciones del Plan Sociosanitario de Canarias.
Pérez destacó que seguir este procedimiento significaría, ni más ni menos, que hacer cumplir con el entramado administrativo canario, en el que los cabildos juegan un papel esencial, y con él, acortar los plazos de espera que, según dijo Luengo, son de hasta 24 meses desde que se solicita una prestación hasta que se concede, cuando la Ley de Procedimiento Administrativo establece que no superen los tres meses.
Sin embargo, el presidente del Cabildo consideró que no se quiere tener en cuenta esta descentralización administrativa porque desde el Gobierno regional “hay quien intenta la voladura de los cabildos, cargárselos por la puerta de atrás, por la vía de los hechos”, algo que, a su juicio, “está empezando a ocurrir en asuntos sociales, pero también en otros ámbitos, como las carreteras”.
Casi 13 millones de euros para Canarias del Plan E
La Secretaria de Bienestar Social del PSOE, Marisol Pérez Domínguez, visitó este miércoles en Gran Canaria los centros sociosanitarios de Taliarte y el Lasso (delegados del Gobierno regional al Cabildo), donde se ejecutan obras de mejora con los 2,5 millones que han correspondido a esta isla de los casi 13 que se han otorgado a Canarias de los 400 con los que se ha dotado al Plan E impulsado por el Gobierno español en materia social y sociosanitaria.
Este Plan E se ha invertido en 1.921 plazas de residencias y centros de día y ha supuesto la creación de 413 puestos de trabajo en el conjunto de España.
El consejero insular de Política Social y Sociosanitaria, Pedro Quevedo, lamentó el agravio que ha sufrido Gran Canaria en la distribución de estos fondos, ya que, en su opinión, los 2,5 millones que le han correspondido no son proporcionales a su población, que supone, dijo, el 40% del Archipiélago.
Quevedo destacó, además, que Gran Canaria ha sido hasta el momento “la única isla que ha adjudicado todo los recursos que le han concedido”, lo que ha generado 81 puestos de trabajo.
Pérez Domínguez manifestó, por su parte, que la singularidad de este Plan E sociosanitario reside en que, además de mejorar las infraestructuras de esta índole, permite crear “empleo no deslocalizable y de calidad”.
