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Cerrada una residencia de mayores de Gran Canaria por “no reunir condiciones”

El Gobierno de Canaria ha procedido este viernes al cierre definitivo de la residencia de mayores Monte Blanco, ubicada en Tafira Alta (Gran Canaria), al no reunir personal suficiente y condiciones de seguridad y salubridad previstas en la ley.

Según ha informado en un comunicado la Consejería de Bienestar Social, desde 2017 el centro arrastra una serie de deficiencias que no han sido solventadas por su propietario, al que se le ha impuesto una multa de 232.000 euros.

La clausura del centro se ha llevado a cabo en ejecución de la resolución de cese de actividad dictada por la Consejería en fecha 19 de abril de 2023, confirmada por vía judicial en septiembre de 2023, y en vía administrativa, con orden de cierre definitivo, en mayo de 2024, precisa el Gobierno.

En ella se asegura que se ha mantenido a las familias de los usuarios informadas del procedimiento realizado en todo momento, con comunicaciones el 22 de junio de 2023, 11 de marzo de 2024 y 7 mayo de 2024, y que el establecimiento debía cerrar al no reunir las condiciones de seguridad exigidas por la ley, por lo que se instaba a la reubicación de sus residentes.

Además, indica que se contactó de forma telefónica con las familias afectadas para ofrecerles alternativas en residencias privadas legales, con costes similares a los que pagaban en Monte Blanco.

El expediente de procedimiento de cierre de la residencia Monte Blanco se inició tras una primera inspección en 2017 y se produce tras diversas actuaciones del Servicio de Inspección de la Viceconsejería de Bienestar Social en las que se puso de manifiesto que la instalación no cumplía con las exigencias mínimas contempladas en la legislación de servicios sociales de Canarias.

La residencia no contaba con itinerario accesible desde la vía pública, presentaba insuficiente ancho de pasillos y de puertas y no reunía condiciones de accesibilidad a los aseos ni condiciones mínimas de habitabilidad, según la nota.

El Gobierno canario detalla que la instalación no tenía los aseos necesarios -contaba solo con dos para los 16 usuarios que tenía entonces, cuando la ratio mínima es de un aseo cada cuatro usuarios-, carecía de las estancias básicas para mayores dependientes y no disponía del personal cualificado para la atención de los usuario ni de sala polivalente, de rehabilitación, enfermería y aseos comunes diferenciados por sexo.

Además, la instalación no contaba con la licencia municipal de apertura o acto comunicado equivalente y carecía de cédula de habitabilidad.

Ante ello, pese a que se requirió a sus responsables que subsanaran las deficiencias, estos no hicieron nada, por lo que se inició el expediente de cierre por parte del Servicio de Inspección y Registro de Centros de la Consejería, ya que, tras una nueva visita a la instalación en 2022, se levantó nueva acta con los numerosos incumplimientos detectados.

Entre ellos, la falta de personal para prestar servicios obligatorios como fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga o trabajadora social, pese a que la mayor parte de los usuarios necesitaban ayuda para el desarrollo de las acciones cotidianas y que gran parte presenta dependencia severa.

En esa visita se constató también que el inmueble no reúne las condiciones de seguridad como sistema de detección de incendios o pulsadores de llamada de emergencia en los baños, y no estaba adaptado para personas con movilidad reducida.

Así mismo, durante el proceso de cierre, el propietario optó por cambiar la denominación de la instalación y la llamó asociación Social Josephine, de carácter privado y sin plazas conveniadas con ninguna administración pública, pero mantuvo en las mismas condiciones el centro, como constató la Fiscalía de Las Palmas en una visita en enero de este año.