“Pretenden enfrentar a la clase trabajadora”. Es el resumen que hacen los sindicatos cuando se les pregunta por la herramienta impulsada por la CEOE de Tenerife para denunciar de forma anónima el “absentismo” laboral. Tanto CCOO como UGT dudan de la legalidad de esta medida y la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció que la denunciará en la Agencia de Protección de Datos. “No está amparado por la legalidad”, “va contra los derechos humanos” y es una iniciativa “gravísima”, calificó la dirigente de Sumar recientemente.
CCOO Canarias ya ha dado un paso y ha denunciado esta semana en Inspección de Trabajo y en la Agencia de Protección de Datos este polémico buzón de la CEOE de Tenerife. Así lo avanzó a este periódico la secretaria general del sindicato en las Islas, Vanessa Frahija Betancor, que asegura que la patronal se saltó con esta medida una “línea roja” y el sindicato no podía mirar a otro lado. Ahora, asegura, Inspección de Trabajo se tendrá que posicionar sobre su legalidad. “El difundir bulos y que aquí todos se puedan considerar investigadores y denunciar a los trabajadores en su clara vulnerabilidad cuando perdemos la salud, eso ya es insostenible y nosotros no lo vamos a permitir”, lamenta.
La CEOE de Tenerife anunció esta herramienta desde principios de año asegurando que era necesaria la creación de un “portal de denuncias fraudulentas de absentismo laboral no justificado, que se trasladará automáticamente a la Inspección de Trabajo, el INSS, las mutuas y el Servicio Canario de Salud”. Con ello se pone por tanto el foco en perseguir las bajas laborales supuestamente fraudulentas.
En estos momentos es posible acceder a ese buzón en la web de la CEOE de Tenerife y lo que se solicitan son los datos de la persona que denuncia, los del denunciado y los motivos. La patronal se ha tratado de defender la medida esta semana asegurando que “el buzón de denuncias anónimas no nace para señalar, sino para resolver” y diferenciaba en ese nuevo comunicado entre absentismo justificado e injustificado. También han matizado que “es una herramienta para canalizar información que, en muchos casos, no llega por las vías ordinarias debido al miedo, la presión ambiental o la ausencia de mecanismos claros”.
“Nos convierte en chivatos”, asegura Héctor Fajardo, vicesecretario de organización de UGT, que remarca que esta no es una nueva idea de la patronal, sino que suele recurrir a ella. “Nos parece una barbaridad, un disparate y que lo único que hace es retratar más a ellos, a la patronal, planteando esta cuestión”, apunta. “Entendemos que crear este tipo de buzones no va a tener ningún efecto; los trabajadores, cuando están de baja, están de baja porque tienen problemas de salud”, resume.
A su juicio, en lugar de establecer “medidas coercitivas como este chivatazo”, lo que se debería es reforzar los sistemas de seguridad y salud en las empresas, activar con mayor asiduidad los comités de seguridad y salud en los que están presentes los trabajadores y las empresas para establecer medidas de prevención de riesgos laborales y también medidas de promoción de la salud.
Asimismo, señala que “no tiene ninguna seguridad jurídica, no da seguridad jurídica ni siquiera en las empresas para establecer medidas de sanción, ni de despido, para eso ya existe el mecanismo”, resume.
Fajardo sostiene que, tal y como está planteado, es una “provocación” y no comprende que haya quien compre este discurso. De hecho, recientemente en el Parlamento de Canarias se debatió este asunto y todos los partidos que sostienen al Gobierno de Canarias (Coalición Canaria, el Partido Popular, la Agrupación Herreña Independiente y la Agrupación Socialista Gomera) no vieron problema en esta herramienta de la CEOE de Tenerife. En la moción, apoyada por PSOE y Nueva Canarias, se pedía la retirada de este buzón y que el Gobierno de Canarias pusiera en marcha un proceso sancionador, al considerar que carece de base legal y vulnera derechos fundamentales de los trabajadores.
El diputado de CC Francisco Linares dijo entonces que este buzón es “un canal de participación ciudadana” que persigue acabar con “el absentismo fraudulento” y contra el que no hay argumentos “técnicos, jurídicos ni administrativos” y el diputado del PP Carlos Ester subrayó que el PSOE trataba de “criminalizar” a los empresarios y remarcó que este tipo de buzón no causaba ningún mal. Vox, por su parte, también celebró la medida.
En febrero de este año, ya el PSOE había llevado este asunto al Parlamento y la consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, dijo que este buzón de la CEOE “no es sancionable”. La patronal de Tenerife defendió en sus redes sociales el “apoyo” de la consejera a la medida e insistió en el mantra de las bajas fraudulentas.
La secretaria general de CCOO en Canarias recuerda que el absentismo laboral injustificado en Canarias se sitúa constantemente entre el 0,7% y el 1%. Subraya que las personas que se encuentran de baja médica no pueden incorporarse dentro de ese absentismo laboral. “Los trabajadores en Canarias no somos trabajadores que queramos quedarnos en nuestra casa, somos trabajadores que perdemos la salud, los puestos de trabajo”, insiste Vanesa Frahija.
CCOO ha advertido en sus informes de que en Canarias se realizan cada semana 129.984 horas extra, de las cuales 32.360 no se pagan ni cotizan. Frahija explica que se generan 34 millones de euros al año que no se pagan ni se cotizan. “Por lo tanto, es un claro fraude ante la ciudad social y hacia los trabajadores por parte de muchas empresas en Canarias”.
La portavoz sindical se pregunta “por qué no se recauda el 28% de ingresos de impuestos y de cotización en Canarias por la economía sumergida, por hacer trabajar a muchos en economía sumergida”, apunta. Mientras esto sucede, afirma que la patronal solo pone el foco en las bajas médicas.
Frahija señala que, según las agencias internacionales, en el año 2030 el 50% de las bajas médicas en España serán relacionadas con salud mental, “porque no buscamos soluciones” y añade que “más del 90% de las enfermedades que se producen en los puestos de trabajo o accidentes laborales”. Además, señala que en Canarias, en lo que va de año, se han producido 27 fallecimientos en accidentes laborales. Es de las comunidades con más muertes por accidentes laborales del país. “No escucho a la patronal preocuparse de que sus trabajadores estén muriendo en Canarias destrozando familias y destrozando lo más básico que es nuestra vida”.
La secretaria general de CCOO en Canarias lamenta que para hablar de absentismo se incluya a los trabajadores y trabajadoras que causan bajas médicas, que tienen permisos de maternidad, paternidad, derechos, fallecimientos, diferentes licencias... “Derechos que hemos ganado con las diferentes movilizaciones y la acción sindical y el diálogo social que hemos hecho los sindicatos, justamente para mejorar la vida de la gente”, insiste.
“Lo que nos vamos a permitir ahora que se acuse cuando un trabajador hace uso de su legítimo derecho en ausentarse de su puesto de trabajo”, asegura. En este punto, afirma que le “avergüenza” el comportamiento de la patronal en Canarias, ya que a esta idea se le suma el “bloqueo sistemático a la negociación colectiva”. “Están actuando como una patronal ‘low cost’, donde se gana beneficio a costa de absolutamente todo”, incide.
Por su parte, Héctor Fajardo (UGT) apunta que esta herramienta solo va a provocar más conflictividad en las empresas e incide en que es imprescindible invertir en salud laboral y en prevención de riesgos laborales, ya que está demostrado que las empresas que lo hacen tienen efectos positivos en el incremento de la productividad y en el bienestar de sus trabajadores y trabajadoras.