Los partidos que sostienen al Gobierno canario y Vox no se oponen al polémico buzón de denuncia de bajas laborales de la CEOE
El pleno del Parlamento de Canarias ha rechazado este miércoles una moción del PSOE contra el buzón de denuncias anónimas de CEOE Tenerife sobre bajas fraudulentas y absentismo laboral, en un debate en el que los socialistas han recibido acusaciones de intentar “criminalizar a los empresarios” por parte de grupos del gobierno y Vox, que no ven ilegalidades en la iniciativa empresarial.
En la moción, apoyada por PSOE y Nueva Canarias, se pedía la retirada de este buzón y que el Gobierno de Canarias pusiera en marcha un proceso sancionador al considerar que carece de base legal y vulnera derechos fundamentales de los trabajadores.
El diputado Gustavo Santana acusó a la patronal de señalar y criminalizar tanto a los trabajadores y trabajadoras de baja médica como a los facultativos, al mezclar el absentismo como derecho con un supuesto absentismo fraudulento que es inferior al 1%.
Con las denuncias anónimas no se sabe quién es el denunciante, incluso podría ser el propio empresario, y se deja desprotegido al trabajador denunciado, además de que se vulnera la protección de datos, afirmó.
La diputada de NC Natalia Santana acusó al Gobierno de someterse a una patronal que criminaliza a los trabajadores que enferman, creando un buzón para que unos trabajadores denuncien a otros recopilando datos sin garantía ni consentimiento “para señalarlos sin garantía, sin control y sin base legal”, vulnerando sus derechos.
Sin embargo, para el diputado de CC Francisco Linares este buzón es “un canal de participación ciudadana” que persigue acabar con “el absentismo fraudulento” y contra el que no hay argumentos “técnicos, jurídicos ni administrativos”.
El representante del PP, Carlos Esther, acusó al PSOE de “criminalizar a los empresarios”, cuando este buzón “no causa ningún tipo de mal”, solo perseguir el absentismo laboral fraudulento, que es “una lacra” para la productividad.
Paula Jover, de Vox, también acusó a los socialistas de atacar a los empresarios y defendió el buzón como “un canal ético de denuncia interna” amparado por las directivas europeas.
Jesús Ramos Chinea, de ASG, pidió no demonizar a nadie y dejar este asunto “en manos del diálogo social” y Raúl Acosta, de AHI, sostuvo que “no hay base legal” para que el Parlamento actúe de fiscalizador.
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