El colectivo canario Madres VIVA se ha sumado a la petición de que se escuche al hijo de Juana Rivas, obligado a volver con su padre. Más de 40.000 personas han firmado en la campaña 'EscuchenADaniel', que la Plataforma de Apoyo a Juana Rivas y sus hijos abrieron en Change.org. El hijo menor de Juana Rivas escribió una carta a la titular de Infancia, Sira Rego, desde cuyo ministerio se está trabajando al más alto nivel para que la titular del juzgado andaluz que ha ordenado la entrega la suspenda y escuche al menor como las leyes indican, en un entorno seguro y con protocolos de protección.
Este colectivo canario lucha precisamente contra la violencia vicaria e institucional y señala en un comunicado que se suma a otras asociaciones y entidades defensoras de la Infancia que se han adherido a la campaña en toda España. “Juana Rivas simboliza la situación que vivimos miles de madres en toda España, también en Canarias: una violencia institucional contra mujeres que solo queremos proteger a nuestras hijas e hijos de la violencia que sobre ellos, y para hacernos daño a nosotras, ejercen hombres violentos, maltratadores, capaces de hacer daño extremo a sus propios hijos con tal de hacernos sufrir”, destaca.
“Si ya la violencia vicaria es dolorosa, el sufrimiento es mayor cuando algunas juezas y jueces se alían con ellos, se convierten en cómplices que perpetúan la violencia machista por medio de sentencias incomprensibles. Con indignación decimos que en Canarias y en España existen muchas juanas y muchos danieles. Y que esto es inadmisible en un estado democrático de derecho. Con una LO de protección integral a Infancia y Adolescencia en vigor desde 2021”, apunta el colectivo.
“En Madres VIVA (Valientes, Insistentes, Veraces, Amorosas) sabemos de menores que terminan en Urgencias pediátricas el día que han de ver a su progenitor en Puntos de Encuentro Familiar; que se niegan y se resisten, con gritos y llantos desgarradores, a irse con él durante el régimen de visitas fijado en unos juzgados que ponen el interés superior del menor y su derecho a una vida sin violencia por debajo de los derechos del paterfamilias. Insistimos: un maltratador, alguien que emplea la violencia, hace un daño inmenso a las y los menores”, remarca el colectivo.
Además, insiste en que “con la Lopivi vigente, es incomprensible que no se dé prioridad al bienestar integral de las y los menores, a su buen desarrollo socioemocional, a su salud integral. El maltrato daña áreas cerebrales (con las consecuencias que esto tiene en la salud, el rendimiento escolar, las relaciones interpersonales) y les mata en vida. Y supondrá un coste enorme revertir este daño, un coste que asumirán las madres, no una sanidad pública desbordada y sin apenas recursos para salud mental. Un daño que bien podría evitarse aplicando correctamente las leyes y protegiendo los derechos humanos, los de las y los menores y los de sus madres, cuyo único delito es proteger a sus criaturas”.
Distintas asociaciones y colectivos se han movilizado estos días para evitar que Daniel, de 11 años, sea entregado a su padre. Adultos supervivientes de malos tratos, plataformas ciudadanas y organizaciones de protección a la infancia van a entregar las más de 40.000 firmas este lunes 21 de julio en el Ministerio de Justicia. “La petición exige la aplicación del artículo 39 del Reglamento Europeo, que permitirá bloquear la entrega del menor al considerar que viola su interés superior”.