Transparencia Urbanística: “La historia contemporánea de Lanzarote quedará reflejada en sentencias judiciales”

De izquierda a derecha, Ginés Díaz Pallarés, Mónica Pérez, Javier Díaz-Reixa, Ruth Corujo y Luis Guirao, miembros de la directiva de la asociación Transparencia Urbanística.

El colectivo Transparencia Urbanística (TU) ejerce la acusación popular en los principales casos judiciales de Lanzarote. Unión, Jable o Stratvs son algunas de las causas en las que desempeña un papel clave para que los procedimientos judiciales lleguen hasta el final. De forma colectiva, sus miembros hacen balance y reflexionan sobre el impacto de la corrupción en la isla.

Han pasado ya ocho años desde que Transparencia Urbanística se presentara de forma pública. ¿Qué balance hacen de estos años? ¿La isla ha aprendido la lección después de tantos casos investigados por la Justicia? ¿Lanzarote está ahora más limpia de corrupción?

El objetivo de Transparencia Urbanística es combatir la corrupción en cualquiera de sus formas con las herramientas que proporciona la legislación, principalmente la denuncia y la acusación popular en los tribunales de justicia y nuestro ámbito territorial de actuación es la comunidad autónoma de Canarias. Ponemos especial atención en combatir las tramas organizadas para saquear lo público y las destinadas a destruir territorio y patrimonio en beneficio de unos pocos. Pensamos que tras estos años de intenso trabajo el balance puede considerarse positivo. Ahora bien, terminar con la mayor parte de la corrupción es un trabajo titánico que requiere de la confluencia de muchas voluntades y del compromiso de grandes sectores de la sociedad. TU es una herramienta que permite a sus miembros vivir y trabajar de forma coherente con sus principios, aportando tramos de limpieza en el lodazal en que algunos se empeñan en hacernos vivir. Creemos que lo que roban unos pocos nos empobrece a todos, y que es un problema que debe enfrentar la sociedad en su conjunto. Saludamos cualquier iniciativa en esta dirección, pero mientras tanto TU no se va a rendir ni se dejará intimidar o comprar. Seguiremos aportando nuestro trabajo en la conciencia de que contribuimos, modestamente, a mejorar el presente y el futuro de nuestra comunidad.

Transparencia Urbanística se personó en el caso Unión, en el que se investigó desde el fraude en la adjudicación de la recogida de basura de Arrecife, en la construcción del Palacio de Deportes de Argana o el cobro de comisiones en la contratación de obras. ¿Qué piensan cuando en ocasiones se resta trascendencia a prácticas corruptas que tienen impacto en las arcas públicas?

Solo el que se nutre de la corrupción frivoliza con ella. Si te enriquecen las prácticas corruptas, nunca harás nada por evitarlas. El empobrecimiento del servicio de recogida de la basura, abastecimiento de agua, la educación, la sanidad, la justicia... en definitiva, el empobrecimiento de la calidad de vida de todos nosotros se debe en gran parte a la corrupción que impera. El dinero que roban unos pocos sale de nuestros bolsillos. ¿Quién puede restar importancia a ello? Solo quien se está enriqueciendo. Hay una relación directa entre el estado de deterioro de Arrecife y los asuntos de corrupción. Quien no lo quiera ver es porque no quiere asumir responsabilidades, quien lo niegue es porque se beneficia o porque prefiere mirar para otro lado. Las prácticas corruptas no sólo nos empobrecen hoy, también le roban el futuro a nuestros hijos.

Una década después de que se iniciara la investigación del caso Unión todavía hay piezas relevantes que están pendientes de la celebración de los juicios. ¿Ha estado la Administración de Justicia a la altura de causas como ésta? ¿Cuenta Lanzarote en la actualidad con los recursos necesarios y especializados en las fuerzas de seguridad, la Fiscalía y la Judicatura?

La Justicia forma parte de este mundo, como cualquier otra actividad que desarrolla el ser humano. Por tanto, está llena de luces y sombras. En Lanzarote ha habido luces muy brillantes que alumbran el camino, y hay sombras muy largas, que ensucian. Es evidente que en este país la justicia no tiene los medios que requiere y es evidente que quien niega esos medios es la clase gobernante. También es evidente que el origen de la corrupción es la financiación de los partidos políticos y la avaricia de algunos empresarios insaciables. La política de partidos ha rellenado los huecos que la ciudadanía ha abandonado, de modo tal que ya todo es política de partido, y la justicia no se libra de ello. La independencia de la justicia de lo que la izquierda o la derecha llama “el partido” depende de los operadores judiciales. Son los jueces, magistrados y fiscales los que deben ganar su independencia, del mismo modo que los ciudadanos debemos colonizar nuestro espacio y expulsar el interés partidista de nuestra vida. Llevamos años sufriendo campañas que intentan convencer sobre la urgente necesidad de invertir en carreteras, promoción turística, auditorios... nadie clama por escuelas donde los niños no estudien en barracones, hospitales donde la gente no muera en los pasillos o una justicia dotada de los medios suficientes para evitar que vivamos en un Estado fallido donde el robagallinas ingresa en prisión y el psicópata de guante blanco nos maltrata impunemente.

A pesar de que ya ha habido varias piezas de Unión (la de Batllori o la de la finca de Los Rostros) que se han sustanciado con condenas que avalan la investigación y algunas medidas adoptadas, como las intervenciones telefónicas, hay quien sigue atacando la instrucción, en ocasiones traspasando el derecho al honor de sus responsables. ¿Cómo valoran la reciente sentencia que condenó al locutor Chavanel y a Lancelot, entre otros medios de comunicación, por vulnerar el honor del juez Pamparacuatro?

La presunción de inocencia es un principio general del derecho que rige el procedimiento penal, asistiendo al imputado de modo que nadie puede ser juzgado sin pruebas para ello. De ahí que la principal ocupación del imputado debe ser poner en valor su inocencia, acreditarla en el procedimiento rebatiendo las pruebas que haya en su contra. Si el imputado, en lugar de demostrar su inocencia, lo que hace es atacar la instrucción faltando al honor del juez instructor, organizando campañas de desprestigio contra el fiscal o acusando a los miembros de la UCO de manipular pruebas, es evidente que ese imputado se sabe culpable. Hacen todo lo posible para evitar que se les vea desnudos, que se conozca la verdad, quieren ocultar su naturaleza corrupta usando instrumentos útiles para distraer y ocultar. Cuando olemos mal nos ponemos desodorante; Lancelot, Chavanel e Inza son el desodorante que los corruptos locales han podido permitirse.

Hace unas semanas, el Juzgado zanjaba de forma definitiva una demanda de la asociación Jiménez de Asúa, expulsada del caso Unión, que pretendía la disolución de Transparencia Urbanística. ¿Cómo han recibido la sentencia favorable para Transparencia? ¿Creen que hay intereses ocultos tras acciones legales de estas características?

Ya nadie duda sobre la naturaleza instrumental de la Asociación Jiménez de Asúa, una asociación creada específicamente para destruir los procedimientos judiciales y proteger a los acusados de corrupción. Jueces y fiscales lo han puesto negro sobre blanco en diferentes resoluciones. La sentencia no es más que una mera consecuencia de una demanda carente de todo fundamento, que no podía tener más recorrido que el que ha tenido y estaba desde el principio abocada al fracaso. De resto, esa asociación es una mera comparsa de los corruptos y no merece más atención, porque nos desvía de nuestro objetivo principal.

Uno de los juicios de mayor trascendencia en el ámbito urbanístico será el de la bodega Stratvs, alrededor de la cual se ha generado cierto debate público en el que se han mezclado elementos como la legalidad, la ordenación de un espacio natural como La Geria o incluso el futuro del sector vitivinícola de la isla. Como acusación popular, ¿qué opinión tienen al respecto?

El caso Stratvs está pendiente de ser juzgado por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. La pieza que se celebró ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y que tiene sentencia es una parte ínfima del procedimiento, separada de la causa principal porque la alcaldesa Gladys Acuña estaba aforada. En su momento, cuando el procedimiento termine, contaremos el quién es quién de esta causa, porque está todo documentado y porque debe quedar reflejado qué es lo que está pasando con este procedimiento. La historia se escribe para evitar reproducir los errores. Las máscaras caerán y dejarán ver los rostros que han intervenido en este proceso, porque el caso Stratvs formará parte de la historia de esta isla y el retrato perdurará. En cuanto a lo que ha ocurrido en La Geria, es evidente que su propietario, el empresario Juan Francisco Rosa ha usado todas las armas de que disponía para poner en funcionamiento la doctrina del ventilador. Ha pretendido colocar a todas las bodegas en la misma condición de ilegalidad, y los bodegueros han sufrido el precio de haber permitido que las prácticas mafiosas, como reconoció expresamente Otamendi, camparan a sus anchas en La Geria. Los bodegueros históricos deberán defender su patrimonio o dejar que se deprecie inmerso en masas de turismo barato. En cuanto al espacio natural protegido, TU defiende que La Geria no se banalice, ni se convierta en un parque temático. No es necesario alicatar La Geria con bodegas industriales para mantener al agricultor, eso es una falacia. Lo único que se consigue por esa vía es acaparar el patrimonio insular en manos de la industria turística. Proteger nuestra identidad no es difícil de entender. Debemos proteger nuestra riqueza porque ese paisaje forma parte de nuestra memoria y condicionará nuestro futuro.

En el caso Stratvs, Transparencia Urbanística recurrió la decisión de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, cuando formaba parte de la misma el juez Salvador Alba, de reabrir la bodega y recusó al tribunal. ¿Qué impacto consideran que tiene en la Justicia la suspensión del juez Alba, acusado de cinco delitos, o del juez Rafael Lis, de quien la Audiencia determinó que tenía “interés directo o indirecto” en la denuncia de Pamparacuatro por el robo o extravío de documentación del caso Unión?

TU ha tenido la inmensa suerte de coincidir en procedimientos con jueces, magistrados, fiscales y funcionarios de la administración de justicia que ejercen con responsabilidad y conciencia el cargo que ocupan. Hemos topado con magistrados, jueces y fiscales incapaces, ignorantes, desmotivados. Y también hemos topado con la corrupción judicial. La más oculta de las corrupciones y la más dañina, porque el mismo juez al que no le tiembla el pulso cuando manda a prisión a diario a personas por robar en casas particulares o por ocupar una casa vacía, es el que ejerce su profesión faltando a su deber de aplicar la ley con criterios de igualdad y legalidad. Lo que ha ocurrido con el juez Alba no puede circunscribirse al juez Alba. La Sala tiene tres magistrados, las decisiones que han tomado se han discutido y firmado por tres magistrados. Por otro lado, el juez Alba ha estado ejerciendo en su Sala y en otras jurisdicciones tras estar imputado, porque las más altas autoridades de la justicia se lo han permitido. No es Lis, ni Alba, son los que se lo han permitido, son los que han sido cómplices. Y todo el mundo sabe quiénes son, porque en este camino ya han caído varias caretas que han dejado rostros visibles. El retrato quedará.

En Lanzarote se han anulado mediante la sentencia del caso Yate, decenas de licencias para hoteles, una urbanización al completo (el plan parcial Playa Blanca) y hasta un puerto deportivo (el Marina Rubicón). Sin embargo, la percepción es que esas resoluciones judiciales no han tenido gran trascendencia en la práctica y que las condenas para los responsables de autorizar miles de camas de forma ilegal han sido reducidas. ¿Cuál es su impresión al respecto?

La querella del caso Yate se puso en el año 2006, ahora estamos en 2018. La perspectiva del tiempo condiciona mucho esta respuesta. En estos doce años la isla ha tenido más de 200 imputados, ha estallado la operación Unión, Jable, Montecarlo, Stratvs... la teoría del papelito que le faltaba a los hoteles ha reventado, la historia contemporánea de la isla quedará reflejada en sentencias judiciales firmes. ¿Es tan importante que una persona cumpla cinco o siete años de cárcel? Pues depende. Si lo que se pretende es una persecución personal, es importante que fulanito pase el resto de su vida a la sombra. Si lo importante es cerrar una puerta a la impunidad, y que esta isla tenga una mínima oportunidad de enfrentarse a los retos de un futuro condicionado por el desarrollismo salvaje y el cambio climático, lo importante entonces es que la verdad del porqué y por quiénes nos hemos inmolado como sociedad quede escrita. Los objetivos de cada uno condicionan el diagnóstico. En TU somos plenamente conscientes de que nuestro trabajo solo es un granito de arena en un desierto.

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Publicado el
6 de octubre de 2018 - 07:00 h

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