Desahuciada una familia con cuatro niños en Las Palmas de Gran Canaria
Una familia de siete miembros, entre ellos cuatro menores de edad, fue desahuciada en la mañana de este miércoles en Gran Canaria al no poder hacer frente al pago del alquiler. La familia de María (nombre ficticio) había logrado evitar el desalojo en varias ocasiones gracias a la protección in extremis del llamado “escudo social”, una medida que decayó el pasado mes de febrero tras ser rechazada en el Congreso con los votos en contra de PP, Vox y Junts.
Desde la retirada de ese paraguas legal, el escenario para las familias vulnerables amenazadas por la pérdida de su vivienda ha cambiado radicalmente. En el caso de María, el resultado fue un desalojo forzoso sin alternativa habitacional inmediata, pese a tener cuatro hijos a su cargo. “Solo pedía un mes de plazo”, explicó la afectada a los medios de comunicación mientras esperaba por la comitiva judicial.
Tras la negociación con la cominitiva judicial personada en la puerta de la casa, se pidió “aunque sea” una semana de plazo para la familia de María, petición que también fue denegada.
“El escudo social hizo mucho, hizo mucho y por unos pocos, y no quiero politizar, pero por culpa de Junts, PP y Vox, el tope del alquiler no ha salido hacia adelante, por lo tanto hay muchos que están en alquiler, que se va a elevar”, expresa la afectada.
El procedimiento fue instado por un propietario particular que no reside en las Islas, y que no accedió a demorar el lanzamiento pese a que la alternativa ofrecida por el Gobierno de Canarias a través de VISOCAN todavía no estaba disponible.
María cuenta su historia
“Tenemos ingresos mensuales de más de 1.200 euros de prestaciones de la Seguridad Social, pero los propietarios no aceptan ni prestaciones ni contratos indefinidos; piden un año de fianza y avalista”, explicó a los medios, detallando cómo alquilaron el piso hace cinco años con la idea de quedarse solo seis meses durante la pandemia, que extendió su estancia en un “efecto dominó” que les dejó sin alternativa.
A pesar de solicitar ayudas al alquiler y ERTE -“denegadas por el Gobierno de Canarias”, María insistió en su disposición a trabajar: “Busco conciliación familiar y estabilidad, porque la hostelería es precaria, con despidos cada tres meses”. Actualmente está opositando. Su familia espera una vivienda de VISOCAN, lista en un mes, pero ya espera en la calle.
“No tenemos ni idea de a dónde van a ir”
Para el portavoz de Derecho al Techo Jonhy, el panorama que se presenta ahora para la familia de María es de más vulnerabilidad. “Pensábamos que se podría parar. Ahora apelamos a lo que siempre apelamos desde el colectivo, a la solidaridad vecinal”.
Para el portavoz de Derecho al Techo Javier Marrero “la familia solo estaba pidiendo un tiempo, pero la procuradora y los abogados han decidido que no van a solicitar al juez que paren el desahucio”. Las cosas de María y su familia ya están apiladas en el zaguán de la que hasta hoy fue su casa.