Seis detenidos en Gran Canaria por explotación de inmigrantes

La Policía ha detenido en Gran Canaria a seis personas, dentro de una operación con un total de veinticuatro arrestados en la que se ha desarticulado una organización que introducía en España a inmigrantes ucranianos, guineanos y brasileños con cartas de identidad portuguesas falsificadas para trabajar en la construcción.

Según informó este martes la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil, los trabajadores irregulares eran contratados a través de diferentes empresas de Portugal, que, a su vez, eran subcontratadas por otras mercantiles españolas para realizar diferentes trabajos en el ramo de la construcción.

Los operarios utilizados como mano de obra barata trabajaban en las ciudades de Vigo, Sevilla, Málaga, Oviedo y Segovia y en la isla de Gran Canaria.

En la operación policial han sido detenidas diez personas, entre las que se encuentran los titulares, gerentes y responsables de las empresas, implicados en los presuntos delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y falsedad documental.

También han sido arrestados catorce inmigrantes que se encontraban en situación irregular.

Las investigaciones se iniciaron en noviembre de 2005 por un control de extranjería en un hostal de Las Palmas de Gran Canaria, al detectarse que un número considerable de brasileños tenían “permisos de permanencia” de Portugal, documento que no es suficiente para trabajar en España.

Los extranjeros alegaron que trabajaban en la construcción y que habían sido contratados por una empresa portuguesa, pero no disponían de permiso laboral.

Los investigadores localizaron varias obras en distintas provincias en las que trabajaban estos inmigrantes y pusieron al descubierto esta red, formada por ciudadanos portugueses y brasileños.

Las empresas portuguesas eran las encargadas de contratar en Portugal a ciudadanos extranjeros nacionales de Brasil, Ucrania y Angola, a los que trasladaban a España y empleaban en la construcción y reparación de inmuebles, sin obtener previamente los preceptivos permisos de residencia y trabajo y sin que figuraran dados de alta en la Seguridad Social, simulando que ya lo habían hecho en Portugal.

Las autoridades portuguesas notificaron que esas compañías solamente habían dado de alta en la Seguridad Social a ocho trabajadores, mientras que la Policía española determinó que unos mil obreros habrían trabajado para estas empresas en diversas ciudades.

Los trabajadores extranjeros eran alojados en domicilios cercanos a las obras, que habían sido también alquilados por los gerentes de las empresas, y posteriormente realquilados a grupos de entre cinco y diez individuos que corrían con todos los gastos.

Aunque el salario a percibir estaba fijado en nueve euros por hora, los trabajadores cobraban únicamente cinco.

La red llevaba operando de esta forma cuatro años, por lo que se calcula que ha podido ingresar un millón de euros.

En Las Palmas de Gran Canaria la Policía arrestó a seis personas de nacionalidad española en la empresa en la que trabajaban, mientras que otra, de nacionalidad portuguesa, fue detenida en Vigo.

En Asturias fueron detenidas dos personas de la organización, de nacionalidad brasileña, y se practicaron dos registros domiciliarios en Oviedo y cuatro inspecciones laborales en obras de construcción (dos en Oviedo, una en Salas y otra en Piedras Blancas-Castrillón).

Mientras, en Málaga fueron apresados el principal responsable en España del grupo delictivo, el ciudadano portugués Rogelio A.M. -por los presuntos delitos de asociación ilícita, contra los derechos de los trabajadores y falsificación documental- y un colaborador suyo.

La investigación continua abierta y no se descartan nuevas detenciones.

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