El discurso de Podemos

El presidente del PP, Pablo Casado, señaló esta mañana, en una eficaz entrevista con Ana Rosa Quintana en Telecinco, que su resistencia a votar favorablemente los últimos decretos aprobados por el Consejo de Ministros es el hecho de ver en ellos el sello de Podemos como fuerza integrante del nuevo Gobierno central. Casado se refiere a la prohibición de los despidos por fuerza mayor mientras se mantenga el actual estado de alarma y el paquete de rescate en materia de vivienda y subsidios a las personas sin cobertura por desempleo. Se trata de medidas que, según Casado, vienen teñidas de color morado y sazonadas por la presencia mediática en rueda de prensa del vicepresidente Pablo Iglesias y la “comunista” ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, protagonistas destacados de la actualidad en la última semana de lucha contra la epidemia de coronavirus, que navega diariamente entre la pugna exclusivamente sanitaria y las medidas públicas adoptadas para afrontar el impacto salvaje de la hibernación de un país con 46 millones de habitantes.

La cosa tiene su gracia y se repite no solo desde atalayas privilegiadas como la que ostenta Casado en su condición de líder de la oposición, sino también desde tribunas mediáticas y comentarios en redes de WhatsApp, sustitutivo del café en estos tiempos de aislamiento colectivo. Se acusa a los dirigentes de Podemos de gobernar como si fueran de Podemos, y de implementar en tiempos de emergencia medidas contenidas en el programa de Podemos. Y uno se pregunta: ¿y qué programa iban a aplicar, el del PP? Resulta indudable que las actuales circunstancias ofrecen al partido morado una ventana de oportunidad con la que poner a prueba determinadas medidas de redistribución económica y social. Pero es que esas medidas resultan particularmente urgentes en este momento, y no hay en todo el ecosistema político español, ni tampoco en la patronal, altavoz alguno que defienda la austeridad como receta en meses de hibernación económica. Hay algún economista atrevido que expresa, no sin razones, su comprensión ante la reticencia del Gobierno alemán a mutualizar la deuda de la Unión Europea. Pero los argumentos de la doctrina liberal no van más allá y, en todo caso, proponen medidas de gasto público destinadas a otros sectores de la población, como por ejemplo los autónomos. Así por ejemplo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pagará durante dos meses la cotización de todos los autónomos de la región. Es una medida razonable, más cercana a los postulados de cierta clase media independiente que a los sectores más desfavorecidos, pero en todo caso se trata de una medida expansiva asociada con el nicho natural del PP y no tanto de Podemos. ¿Se puede criticar al PP que gobierne según los postulados del PP? Pues no.

El problema, en relación a todos los programas de gasto aprobados en las últimas semanas, es que no resultarán sostenibles en el tiempo, y además deberán evitar la tentación de fomentar subsidios perpetuos, imposibles de pagar y además nocivos para la productividad de una sociedad. Productividad entendida no como competitividad económica salvaje, sino como el deber cívico de contribuir al progreso colectivo y más en tiempos difíciles, cada cual de acuerdo a su cualificación y posibilidades. Esa y no otra razón explica el aplauso generalizado a los miles de ERTE que han convertido en un desierto temporal el paisaje laboral español. La patronal los reclamó y el Gobierno de Sánchez reaccionó de inmediato, asumiendo sobre los hombros del déficit público nacional una voluminosa factura destinada a salvaguardar la viabilidad de esas mismas empresas durante los meses de parón. Fue una medida intervencionista, por tanto de izquierdas, reclamada por grandes empresarios de este país. Resulta extraña tanta desconfianza ante medidas del mismo sesgo aplicadas a sectores más débiles de la sociedad española. En ambos casos, con una certeza sobre la cual no hablan Iglesias, ni Casado, ni el presidente de la CEOE, ni los líderes sindicales: nada de lo que estamos haciendo sale gratis.