La empresa pública de viviendas de Canarias desahucia a familias vulnerables

El ambiente en Añaza, un barrio humilde en Santa Cruz de Tenerife, está enrarecido. En una avenida que cuenta en cada lado con un centro de salud comunitario y un McDonald’s, como una paradoja, Nadia y Asunción, de 31 y 42 años, respectivamente, relatan el último lustro de sus vidas con cierta congoja. Viven como okupas desde 2017 en dos de las 358 viviendas sociales del distrito, compradas por el Gobierno de Canarias en 2019 al Banco Santander por casi 25 millones de euros. Los domicilios pasaron entonces a ser gestionados por Visocan, la empresa pública de casas sociales en el Archipiélago. A pesar de que tanto la primera como la segunda han querido regularizar su situación, la Justicia ha estimado en las últimas semanas dos demandas de desahucio formuladas por la sociedad propietaria de los bienes inmuebles para expulsarlas de sus hogares. Ambas cuentan con informes de vulnerabilidad acreditados por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de la capital tinerfeña. Las sentencias se refieren a ellas como “ignorados ocupantes”. No tienen, de momento, alternativa habitacional.

“Esto es un sinvivir”, intenta resumir Nadia. Para ella, el lanzamiento ha quedado suspendido hasta el 31 de diciembre de 2023 en vista de la “extrema necesidad” que presenta. Un auto de la magistrada María Gabriela Reverón, fechado a finales de noviembre, ha acordado paralizarlo amparándose en el decreto antidesahucios aprobado durante la pandemia que permite hacerlo cuando se trate de viviendas que pertenezcan a personas jurídicas o físicas titulares de más de diez domicilios, y que quienes las habitan sin título se encuentran en situación de vulnerabilidad económica. La jueza reconoce que Nadia cuenta con dos hijas menores, de 6 y 12 años, y que tan solo percibe un Ingreso Mínimo Vital (IMV) de 984,98 euros. Ella agrega que, aparte, recibe 150 euros más del padre de una de las niñas para la manutención.

Todo comenzó hace casi una década. Nadia residía con su madre y su abuela en un piso donde convivían nueve personas y solo había cuatro habitaciones. Conoció al padre de una de sus hijas, la más pequeña, y marchó a vivir con él y la madre de este a Añaza, uno de los distritos más pobres de Santa Cruz de Tenerife con 19.879 euros de renta media anual por persona, según datos de la Agencia Tributaria, y reconocido como “área urbana vulnerable” por el Ministerio de Fomento a principios de siglo. Esa relación terminó. Y en el mismo barrio, poco después, un amigo le dijo que “se está metiendo todo el mundo en estos pisos”, los famosos 358 del vecindario, propiedad entonces del Banco Santander.

Esas casas, de Protección Oficial (VPO), fueron levantadas sobre suelo que pasó de manos públicas a privadas en el año 2000, reveló entonces el medio Mírame TV, y que el Banco Santander estuvo cerca de vender al fondo buitre Cerberus, de origen estadounidense, en 2018. El Gobierno regional, liderado durante esas casi dos décadas por Coalición Canaria (CC), vendió en un primer momento las parcelas por 1,8 millones de euros a la entidad Miguel Rico y Asociados (MR&A). Esta luego las traspasó por casi el doble de lo adquirido gracias a una recalificación al gigante inmobiliario, ya desaparecido, Martín Fadesa, quien se encargó de edificar los inmuebles. En 2006, cerca del estallido de la crisis financiera de 2008, el Banco Santander pagó poco más de 23 millones por hacerse con las 358 viviendas, una mitad de régimen especial y otra general. Y diez años más tarde, el Ejecutivo autonómico, ante la amenaza de desahucios por impagos y la sombra del fondo norteamericano, invirtió casi 25 millones de euros para hacerse definitivamente con las casas. Visocan quedó encargada de la gestión.

En medio de todo ese negocio inmobiliario gestado en despachos públicos y privados, Nadia ocupó uno de los pisos con sus hijas. Pudo empadronarse. Pagar por internet y luz. Agua no, “porque no tienes un contrato”. Cobraba poco menos de 400 euros gracias a la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y una vez encontró trabajo como limpiadora en una aldea infantil, en el que duró más bien poco.

Después de la adquisición de los pisos por parte de la Comunidad Autónoma, el Gobierno canario repartió circulares en los dos edificios “con el objetivo de poder actualizar y regularizar, en su caso, las distintas situaciones existentes de las personas que viven en los inmuebles”. En ellos sigue habiendo inquilinos con contratos al día, otros con retrasos en los pagos, cerca de 50 que firmaron compromisos con el anterior propietario del edificio, pero no con Visocan, y otros 43 que “ocuparon ilegalmente” los hogares, según el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Muchas de esas personas, alrededor del 70%, reciben ayudas de los Servicios Sociales del municipio, reconoció el alcalde, José Manuel Bermúdez (CC).

Para Nadia, el escenario ideal, expresado desde que prácticamente llegó al piso, sería la firma de un contrato de arrendamiento con la empresa pública de vivienda en el Archipiélago. Asegura que está dispuesta a pagar por uno acorde a lo que ingresa; que, aunque la sentencia del desahucio indique que “no consta acreditado” que haya intentado en varias ocasiones llegar a un acuerdo con Visocan, afirma haber presentado la documentación requerida por la entidad para iniciar conversaciones en este sentido; que le han dicho que no cuenta con “los requisitos” para acceder a un piso por haber “entrado a la fuerza” años atrás; que en todo este tiempo no ha recibido llamadas por parte de las administraciones públicas en busca de una alternativa habitacional; que si es prorrogado el decreto antidesahucios, como ha informado El Periódico de España, bien, pero no quiere estar otro ejercicio más “con la misma lucha”.

Nadia cuenta todo esto mientras personas entran y salen del bloque donde reside, a lo que agrega, con total normalidad: “Mira, ella tiene demanda de desahucio. Y ella. Y ellos también”. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife informó a mediados de noviembre que Visocan va a ejecutar 18 lanzamientos por “actividades ilícitas o problemas de convivencia” en el edificio. Este mismo jueves, según ha podido saber este periódico, la Justicia ha ordenado otro desalojo forzoso para el 24 de enero de 2024.

“Creo que no se han hecho las cosas bien desde un primer momento. Si las familias que ocupan son vulnerables y están en viviendas del Ejecutivo regional, las administraciones públicas, tanto municipales como autonómicas, deben darle alternativa habitacional”, reflexiona Elena Suárez, portavoz de la plataforma Stop Desahucios en Gran Canaria.

La situación particular de Nadia y Asunción llegó al Parlamento de Canarias este mes de diciembre. La diputada socialista Patricia Hernández afeó al consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (CC), las acciones de Visocan, que él mismo preside al dirigir esta cartera. Rodríguez respondió que la empresa “no ha llevado ni va a llevar a cabo desahucios de personas declaradas de vulnerabilidad”. Pero continuó la declaración explicando que “la variedad de causas que tiene cada uno de los vecinos [de Añaza] es muy distinta” y que, por tanto, “no puede actuarse de la misma manera” con todos ellos. El consejero de CC agregó que la Comunidad Autónoma quiere aplicar principios de “igualdad” para que todas las personas vulnerables “tengan las mismas opciones de poder acceder a una vivienda”. Y que quienes “no tienen las condiciones” o accedieron a una casa “fuera del marco legal, tengan otro trato distinto”. Ana Celia Brito, directora financiera de Visocan, comentó en la televisión canaria que entre esas condiciones está no ser propietario, figurar inscrito en el registro de demandantes y tener un rango de ingresos entre los 12.000 y 40.000 euros anuales, entre otras cosas. Solo por esto último, Nadia, por ejemplo, no podría firmar un contrato de alquiler.

La ley de Vivienda aprobada este año incluye un procedimiento de mediación en casos de desalojo de domicilios habituales de ocupantes en situación de vulnerabilidad económica y solo en inmuebles de grandes tenedores. Visocan gestiona un parque de 6.050 pisos sociales, casi 3.000 en cada provincia del Archipiélago. El alquiler de estos es su principal fuente de ingresos, de acuerdo con la última auditoría de la empresa, del año 2022. La inclusión de dicha actuación en la nueva normativa responde a las peticiones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que, en algunas ocasiones, también en el caso de familias okupas, ha reprendido a España por vulnerar el derecho a la vivienda. La legislación especifica que cada intermediación debe acreditarse.

En respuesta a esta redacción, Visocan señala que estableció un convenio con una ONG para “lograr entender el perfil de los okupas y poder distinguir aquellos que pudieran estar integrados en la comunidad de vecinos y no generan problemas de convivencia, de otros que provocan conflictividad y delincuencia”. La empresa considera que existe “un grave problema” en el edificio con denuncias cruzadas, “destrucción constante de los elementos comunes” y “demás anomalías”. También reconoce que no cuenta con el procedimiento de mediación exigido por ley, pero que “está en proceso” de ello.

Nadia y Asunción, no obstante, lamentan no haber recibido una sola llamada en este sentido. Por su parte, la presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS), Rosario González, recuerda que en los últimos cuatro años “ninguna familia con menores a cargo y en situación de vulnerabilidad se ha quedado en situación de calle”. Y que cuando llegue el lanzamiento, “contamos con varios pisos de emergencia y recursos urgentes para estas situaciones”.