Visocan limita la ejecución de desahucio en Añaza a 18 casos por actividades ilícitas o problemas de convivencia
La empresa pública Visocan se ha comprometido a modificar la comunicación de los avisos de desahucio a los moradores de 358 viviendas de Añaza, de modo que no seguirán adelante los lanzamientos por impagos salvo aquellos motivados por el desarrollo de actividades presuntamente ilícitas dentro de las mismas o por “serios problemas” de convivencia. Son, en concreto, 18 casos en los que Visocan iniciará el procedimiento judicial de desahucio, informa el Ayuntamiento de Santa Cruz en un comunicado.
El cambio de las comunicaciones a los afectados ha sido trasladado por el consejero delegado de Visocan, Agustín Fernández, al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, el primer teniente de alcalde, Carlos Tarife, las ediles de Acción Social y Viviendas, Rosario González y Belén Mesa, y el concejal del Suroeste, Javier Rivero.
Rosario González valora que esta nueva de fórmula de comunicación con las personas afectadas es “más asertiva” y además se les ofrecerán diferentes fraccionamientos de los pagos pendientes a Visocan.
Además, anuncia que la ONG que llevaba dos años con un proyecto de intervención con los vecinos y las vecinas de estas viviendas en Añaza retomará estas gestiones, que se suspendieron el pasado junio al finalizar el servicio, con la novedad de que contará con una oficina en el barrio, para ofrecer una atención individualizada.
El Ayuntamiento de Santa Cruz informa asimismo de que el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) buscará “la mejor fórmula” con los vecinos para que, en función de su capacidad de ahorro, se garantice el pago de toda la anualidad a Visocan en el caso de que paguen sus alquileres a través de las Prestaciones Económicas de Atención Social (PEAS) de la corporación local.
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